No es fácil ser activista en Nepal. Los grupos que presionan por el retorno a la democracia constitucional en este país de Asia meridional son perseguidos por las fuerzas de seguridad, mientras trabajadores para el desarrollo rural son hostigados por los insurgentes maoístas.
La guerra civil en Nepal ya tiene nueve años y ha dejado más de 11.000 muertos.
Cuatro agencias internacionales para el desarrollo anunciaron la semana pasada que suspenderían su trabajo en el occidental distrito de Kalikot, uno de los más pobres del país, luego de que maoístas detuvieran y torturaran a dos trabajadores voluntarios.
Los activistas, un hombre y una mujer de la agencia alemana para el desarrollo GTZ, estuvieron recluidos durante tres días, en los que fueron golpeados en varias oportunidades.
Los insurgentes ordenaron a la mujer que cavara una fosa donde pondrían su propio cadáver, pero ésta no pudo hacerlo, ya que estaba muy débil por los golpes. Finalmente, los maoístas decidieron sacarles el dinero y dejarlos en libertad, explicó a IPS el director de GTZ, Ulf Wernicke.
Para nosotros esto es muy grave. No es como robar un auto. En la comunidad de donantes todos consideran esto muy grave, dijo Wernicke.
GTZ, el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, el Departamento para el Desarrollo Internacional, de Gran Bretaña, y el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo también decidieron suspender sus programas en Nepal hasta que los maoístas pidieran disculpas por lo ocurrido y se comprometieran a no volver a atacar a su personal.
GTZ llevaba adelante en Kalikot una serie de proyectos de desarrollo rural y de infraestructura, que incluía la construcción de una carretera. Las agencias internacionales por lo general emplean a los habitantes del lugar, a quienes les garantizan suministro de alimentos por varios meses.
Wernicke admitió que al suspender el programa quedarán sin empleo unas 1.200 personas.
Los grupos de la sociedad civil nepalíes pidieron a las agencias que no suspendieran sus programas. Dicen que no va a pasar de nuevo, pero ya ha ocurrido tantas veces que decidimos detenernos, afirmó Wernicke.
Se estima que los maoístas controlan más de tres cuartas partes de los alrededores de Katmandú, además de otras ciudades importantes de Nepal.
Los rebeldes lanzaron su guerra del pueblo en 1996 para acabar con un sistema económico que ha dejado los principales recursos del país en manos de una pequeña elite, y que ha marginado a las clases más bajas y a los 60 pequeños grupos étnicos.
Es frecuente que los maoístas reclamen donaciones a las organizaciones que trabajan dentro de sus jurisdicciones y que les exijan registrarse ante su gobierno. Las agencias internacionales aseguran que nunca acceden a esas demandas, pero reconocen que los grupos locales no resisten la presión.
El gobierno de Nepal sospecha que los trabajadores sociales entregan con frecuencia dinero a los rebeldes, según dijo a IPS una fuente del Ministerio de Desarrollo Local.
Basant Raj Gautam, responsable del ahora suspendido proyecto de GTZ en Kalikot, señaló a IPS que en los últimos meses se redujeron los hostigamientos de parte de los rebeldes, pero indicó que las agencias están cansadas de este ambiente.
Hace dos semanas, la Asociación Danesa para la Cooperación Internacional invitó a otras organizaciones no gubernamentales a realizar una reunión en su oficina de Katmandú para evaluar si era adecuado mantener a sus trabajadores en este país. Varios grupos señalaron que era demasiado peligroso.
No obstante, llegaron a la conclusión de que debían permanecer en Nepal porque era importante que los habitantes sepan que no todos los extranjeros se están yendo , y porque la presencia internacional les da cierta protección, dijo a IPS Nina Ellinger, representante en Katmandú de la Asociación.
El rey Gyanendra Bir Bikram Shah desalojó el 1 de febrero al gobierno constitucional de Nepal, acusándolo de corrupto e incapaz de controlar la insurgencia maoísta. El monarca prometió resolver los problemas del país y restaurar la democracia dentro tres años.
El rey también declaró el estado de emergencia y suspendió la mayoría de los derechos constitucionales, una medida que revirtió el 29 de abril, aunque la represión a opositores continúa.
Desde el golpe de Estado, 3.284 líderes políticos, periodistas, activistas por los derechos humanos y estudiantes fueron detenidos, según un informe de la Coalición Nepalí de Defensores de los Derechos Humanos.
El gobierno también impuso muchas restricciones al traslado de los activistas, a quienes, sin embargo, no se les informó previamente, indica el informe.
La Coalición denunció que, el 26 febrero, se prohibió a un defensor de los derechos humanos trasladarse hasta el occidental distrito de Nepalgunj para asistir a un taller sobre ley humanitaria. Paradójicamente, el activista había sido invitado por las propias fuerzas de seguridad del distrito, que participaban del encuentro.
El informe indica además que el gobierno ahora está considerando imponer restricciones a las actividades de todos los grupos defensores de los derechos humanos, incluyendo a organizaciones internacionales como la Cruz Roja.
