Las persistentes denuncias de brutalidad policial y de ataque a los derechos básicos en cárceles de provincias del noroeste de Argentina llevaron a la organización humanitaria Amnistía Internacional a iniciar este miércoles una recorrida de investigación por la zona.
Nos preocupa porque las autoridades conocen estas denuncias desde hace varios años y los problemas se profundizan sin que se tomen medidas de prevención, dijo a IPS la investigadora de Amnistía Internacional (AI) para Argentina Virginia Shoppe, en vísperas de partir hacia las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Mendoza.
Shoppe informó que la organización defensora de los derechos humanos con sede en Londres recibió entre 2000 y 2001 denuncias de torturas a detenidos en el marco de conflictos laborales en Salta y Jujuy, y ataques a abogados que defendían a los presos. No obstante, no hubo investigación y los casos de violencia policial se mantuvieron constantes, afirmó.
Algo similar ocurre en Santiago del Estero, donde se denuncian episodios de violencia policial y parapolicial contra campesinos. Los delegados de AI se reunirán en cada caso con los gobernadores provinciales, abogados de organización humanitarias, dirigentes sociales y familiares de las víctimas.
Finalmente se trasladarán a Mendoza, en el límite oeste de Argentina, donde Shoppe manifestó la enorme preocupación de la organización por la situación que se afronta en las cárceles, donde se afirma que los detenidos son objeto de violaciones a sus derechos humanos desde hace años, una situación que empeora de modo acentuado.
El año pasado, la preocupación de AI se profundizó porque, pese a los señalamientos que hicimos, hubo 17 detenidos que murieron en cárceles de Mendoza, explicó. Las autoridades explican, al respecto, que muchos de casos había sido suicidios, pero Shoppe cree que no hay una investigación que lo acredite.
La activista se refirió así a lo registrado en La Penitenciaría, una cárcel mendocina que es para las organizaciones defensora de los derechos humanos la peor de Argentina. El cuerpo de uno de los reclusos muertos el año pasado fue encontrado en diciembre mutilado en ocho partes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya realizó una inspección directa en esa prisión, un hecho inusual que derivó en un pedido al Estado para que se adopten medidas urgentes a fin de mejorar la higiene y la salubridad de la prisión y preservar la vida de los detenidos.
No obstante, las muertes siguieron en esa cárcel en la que se hacinan 2.400 personas, pese a que fue construida para alojar sólo 800. Por eso la comisión de la OEA elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también funciona en el sistema del foro americano.
Empero, aun así los decesos por causas violentas continuaron sin que las autoridades hayan anunciado medida alguna para evitarlos.
En Mendoza, las condiciones de detención son infrahumanas, se violan los convenios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que Argentina suscribió y que son de aplicación en todos sus estados federales, señaló la investigadora de AI.
Shoppe explicó que en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura, a la que Argentina adhirió, hay guías de recomendaciones sobre las condiciones ideales de detención, y también la Constitución de este país prevé que las cárceles deben ser limpias y seguras, pero en Mendoza esto no se cumple, remarcó.
Los detenidos salen de prisión con un mayor deterioro que el que tenían al ingresar, subrayó la dirigente.
Amnistía Internacional realiza una visita cada dos años a Argentina y en esta oportunidad, debido a las graves denuncias que se acumulan por violaciones a los derechos humanos en diversas provincias, la misión resolvió concentrarse en los distritos de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Mendoza.
No obstante, reconocen que en la oriental provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, las condiciones de detención también son inhumanas y fueron objeto ya de diversas denuncias de organizaciones humanitarias nacionales.
Las entidades de la sociedad civil señalan que en la provincia bonaerense, donde la población carcelaria aumentó 70 por ciento en los últimos seis años, el sistema colapsó por el hacinamiento y la consecuente violencia entre los detenidos. En este sentido, el número de muertes violentas de reclusos y guardias se triplicó desde 2002.
La delegación de AI se compone además del representante ante la ONU, Renzo Pomi, y finalizará el domingo 15 de este mes, cuando los enviados tienen previsto reunirse con el canciller Rafael Bielsa. La misión concluirá con un informe sobre los datos recogidos en las entrevistas.
La investigadora de AI eludió comparar la situación de las cárceles argentinas con la de otros países latinoamericanos por considerar que cada caso debe ser analizado en su contexto, pero destacó que en este país las autoridades conocen la situación desde hace tiempo y se desconoce qué medidas toman para evitar las violaciones.
Nos gustaría que los gobernadores nos expliquen qué medidas están tomando para proteger a los ciudadanos, y para promover mejores condiciones de detención, y ver con ellos, cara a cara, si es necesario cambiar de programa para que las medidas sean más efectivas y produzcan cambios, remarcó la activista.
