Un año después del crítico informe sobre Chile del relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, no se advierten progresos significativos hacia la solución del conflicto mapuche, que quedará como una de las deudas no saldadas del gobierno del presidente Ricardo Lagos, señalan observadores.
Para el abogado José Aylwin, director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, persiste en el país la discriminación constitucional y judicial contra los integrantes de la etnia mapuche, así como la desprotección de sus tierras en litigios que involucran aspectos socioeconómicos, ambientales y culturales.
El punto más controvertido es la criminalización de las acciones de ocupación o recuperación de tierras ancestrales emprendidas en los últimos años por comunidades indígenas en las regiones del Bío-bio y la Araucanía, de 400 a 800 kilómetros al sur de la capital, que concentran el mayor porcentaje de población mapuche rural.
En los juicios contra los lonkos (jefes) que han encabezado las ocupaciones de tierras, se aplica la legislación antiterrorista y de seguridad del Estado, lo que avala acusaciones del gobierno y de empresas forestales sobre asociaciones ilícitas que actúan dentro del movimiento indígena.
El mapuche que protesta es tratado de una manera mucho más fuerte que cualquier otro sector. Los juicios contra los lonkos han sido complejos. No se tiene en cuenta la variable étnica. Se los estigmatiza como delincuentes, dijo a Tierramérica la antropóloga Loreto Rebolledo, de la estatal Universidad de Chile.
El 8 de este mes, la Corte Suprema de Justicia anuló una sentencia del Tribunal Oral Penal de Temuco, que había absuelto a 16 lonkos de la Coordinadora Arauco-Malleco, una de las organizaciones mapuches más radicalizadas, y ordenó reabrir el proceso en su contra bajo cargos de asociación ilícita, con base en la legislación antiterrorista.
Stavenhagen, un connotado antropólogo mexicano, señaló en su informe, de abril de 2004, que el ordenamiento jurídico chileno es limitado en relación con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y recomendó al Estado chileno acciones legislativas, administrativas, políticas y económicas para superar esas falencias.
El relator de la ONU criticó la criminalización de los reclamos de tierras ancestrales y la calificación de terroristas de los jefes mapuches, y recomendó al gobierno centroizquierdista una amnistía general para los procesados.
Pero el viceministro de Planificación y coordinador de Programas y Políticas Indígenas, Jaime Andrade, sostuvo este mes ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que el gobierno no criminaliza a los mapuches, ya que recurre a la ley antiterrorista sólo en casos de extrema gravedad y avanza en la solución de los conflictos por reclamos de tierras.
Aylwin alegó que si el gobierno es consecuente con lo señalado por Andrade en su informe, debería desistir de actuar como parte acusadora en la reapertura del juicio en Temuco contra los 16 lonkos, dada la inexistencia de pruebas que permitan demostrar que los acusados son parte de una asociación que reviste caracteres de ilícita y terrorista.
El abogado, hijo del ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994), sostuvo que el gobierno y el Ministerio Público no persiguen con el mismo celo los delitos cometidos en contra de mapuches, como aquellos que son imputables a propietarios agrícolas aledaños a sus comunidades o los abusos policiales que, no en pocas oportunidades, se han registrado en sus comunidades, afectando incluso a niños y ancianos.
Juan Carlos Huenulao, un comunero detenido en la cárcel de Angol (608 kilómetros al sur de Santiago) y sometido a proceso por el incendio de una hacienda forestal, afirmó en una carta pública: Para nosotros no hay justicia, somos mapuches.
El gobierno defiende su política indígena y rescata entre sus logros la transferencia de 230.000 hectáreas de tierras a las comunidades en el periodo 2000-2004, la concesión de 33.000 becas a estudiantes mapuches, aymaras, rapanui y de otras etnias en 2005 y el Programa de Educación Intercultural Bilingüe.
Lagos destaca además la creación de municipios indígenas en localidades habitadas mayoritariamente por descendientes de las etnias originarias, así como la elección de alcaldes indígenas en 18 de los 345 municipios del país en las elecciones de octubre de 2004.
El presidente no ha logrado, sin embargo, que el Poder Legislativo apruebe una reforma que da reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, y tampoco que ratifique el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el instrumento internacional más relevante de protección de derechos indígenas, según Aylwin.
Las resistencias parlamentarias ante esas iniciativas, así como el rechazo a las reivindicaciones de autonomía mapuche por parte de la mayoría de los sectores políticos, los empresarios, parte del mundo académico y la prensa tradicional, muestran que el conflicto tiene raíces más profundas.
La sensación que queda es que los intentos que han hecho los gobiernos en la política indígena han apuntado a resolver ciertos problemas sociales y económicos en función de tapar vacíos. Pero no hay un cambio de mentalidad, que permita repensar cuál es la relación que el Estado chileno quiere tener con los mapuches, señaló Rebolledo.
* El autor es corresponsal de IPS. Publicado originalmente el sábado 30 de abril por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
