La justicia procesó por homicidio culposo a cinco altos funcionarios del gobierno de la capital argentina en la causa por la muerte de 193 personas en el incendio desatado el 30 de diciembre en una discoteca céntrica. Aunque satisfechos por el fallo, los familiares de las víctimas piden más.
El juez de instrucción Julio Lucini encausó este viernes a la entonces subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, a su jefe de asesores, Alfredo Ucar, al director general de Fiscalización y Control, Juan Carlos Torres, su adjunta, Ana Fernández, y el coordinador de Inspecciones, Rodrigo Cozzani.
El delito de homicidio culposo, en este caso agravado por tratarse de funcionarios públicos, tiene una pena máxima de cinco años de prisión y por ese tope se lo considera un crimen excarcelable. Los ahora ex agentes municipales sufrieron además embargos sobre sus bienes por 20 millones de pesos (más de seis millones de dólares) cada uno.
Lucini procesó además a otro funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por incumplimiento de deberes de funcionario público y dictó la provisoria falta de mérito para otros dos. Asimismo, dispuso encausar por cohecho pasivo e incumplimiento de deberes de cinco policías, dos de ellos comisarios, y también les embargó sus bienes.
El fallo fue bien recibido por familiares de las víctimas, que lo consideraron además un hito histórico institucional. Es una resolución sumamente trascendente, dijo a IPS el abogado José Iglesias, cuyo hijo falleció en el incendio que devastó la discoteca República Cromañón, ubicado en un barrio céntrico de Buenos Aires, mientras realizaba un recital el grupo de rock Callejeros.
Es la primera vez que la justicia procesa a funcionarios por homicidio agravado, apuntó.
Los ahora ex jerarcas del gobierno capitalino habían sido indagados y sometidos a careos por las aparentes fallas en el control de la discoteca, que en la noche de la tragedia albergaba el triple de público permitido y a menores de 18 años, además de funcionar sin el aval de bomberos y con las puertas de salida de emergencia trabadas.
No obstante, Iglesias advirtió que se trata de un primer eslabón de una larga cadena que sigue ahora con la investigación de otros delitos que los familiares imputan a los ex funcionarios procesados y a otros. Se trata principalmente de las denuncias por asociación ilícita y por abandono de persona.
El juez está llevando muy bien la causa y el fiscal pone mucho empeño, pero falta muchísimo, advirtió.
Se investigaron los incumplimientos más evidentes y se dictaron los primeros procesamientos, pero ello no pone fin al tema, sino que sólo se trata de los trazos gruesos. Ahora hay que hacer un trabajo más fino, dijo.
Para eso, Lucini deberá ordenar nuevas medidas de prueba a fin de sustentar las acusaciones por otros delitos. Familiares, ex funcionarios y dirigentes políticos de la oposición acusan a algunos de los implicados de digitar los controles de las discotecas y de connivencia con las cámaras empresarias de los locales bailables.
En el mismo sentido se pronunció el director adjunto de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, Atilio Alimena, quien había advertido a Fiszbin en un informe público emitido siete meses antes de la tragedia sobre el riesgo de vida de unos 400.000 jóvenes que asisten cada fin de semana a bailar a locales que no son controlados por inspecciones.
Este fallo es un buen punto de partida, afirmó este viernes Alimena. A partir de aquí, la justicia deberá seguir profundizando en la causa paralela sobre corrupción, incluyendo todos los niveles de responsabilidad del estado comunal que pudieron estar implicados en este crimen, remarcó.
Alimena declaró ante la justicia que Fiszbin recibió el informe y procedió a clausurar algunos locales, pero que para cerrar todos los que estaban en infracción necesitaba de una voluntad política superior. La ex funcionaria negó esos dichos y pidió un careo con el defensor adjunto en el que el funcionario reiteró su versión.
De esta manera, en el proceso por la tragedia ocurrida hace poco más de cuatro meses, está detenido el gerente del local, Omar Chabán, acusado de homicidio con dolo. También está en prisión su jefe de seguridad, Raúl Villarreal. (
