A medida que la economía de Argentina trata de salir de la peor crisis de su existencia, los trabajadores consideran llegada la hora de exigir la recuperación salarial apelando a la huelga, una práctica caída en desuso a fines de los años 90 debido al alto desempleo.
Los más afectados por la erosión del poder adquisitivo de los salarios fueron los empleados del Estado, seguidos en la desgracia por los trabajadores del sector informal de la economía. Pero sólo los primeros están en condiciones de expresar sus demandas de manera orgánica, a través de sindicatos en pleno fortalecimiento, algunos de ellos con nuevos liderazgos.
Así, en las últimas semanas se registraron paralizaciones de actividades laborales o la instalación de asambleas permanentes en hospitales públicos, empresas de transporte, escuelas, bancos bajo la órbita estatal y en la administración central, una oleada de movilizaciones que preocupa al gobierno
El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, se reunió éste jueves con su ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para analizar los dos conflictos más sensibles para las autoridades, como son los que llevan adelante funcionarios del hospital Pedro Garraham, el centro de atención pediátrica de alta complejidad de Buenos Aires, y los de la ex aerolínea estatal Lafsa (Líneas Aéreas Federales S.A.)
La huelga en reclamo de aumento de sueldos de los trabajadores del centro de salud, que recibe pacientes de todo el país, obligó a sus autoridades a rechazar nuevas internaciones y a reprogramar cirugías previstas, entre otras medidas, lo cual ha puesto en alerta a los familiares de los pacientes por entender que puede poner en riesgo la salud de los hospitalizados.
En tanto, los empleados de Lafsa se declararon en conflicto por la falta de garantías en el traspaso de 850 de ellos a la empresa aérea chilena LAN, ya sea porque se les recorte sus salarios o directamente sean despedidos.
El sindicato que los reúnen convocó esta semana a una serie de medidas de fuerza en el aeropuerto Jorge Newbery, de Buenos Aires, que derivaron en incidentes. Uno de ellos ocurrió el martes, cuando los trabajadores que bloqueaban los mostradores de atención de pasajeros fueron desalojados por fuerzas de seguridad, con el saldo de 30 heridos y dos detenidos.
Pero además de estos dos conflictos, trabajadores de al menos otros cinco hospitales se declararon solidarios con la agenda del sindicato del hospital Pedro Garraham y, en algunos casos, llevaron adelante paralizaciones parciales de la actividad laboral. Del mismo modo actuaron empleados de los trenes subterráneos de Buenos Aires, maestros, profesores y bancarios.
También funcionarios de los bancos estatales comenzaron esta semana una serie de huelgas intermitentes y amenazaron con extenderla a una jornada en los próximos días si no se atienden su reclamo de incremento de 30 por ciento en sus salarios, a fin de compensar las pérdidas ocasionadas por la inflación.
El gobierno considera que las movilizaciones apuntadas y otras aún no constituyen una escalada de conflictos sindicales e interpreta que se trata de demostraciones de fuerza política de dirigentes sindicales nuevos, que intentan fortalecer su posición antes sus pares, según explicó el jefe de gabinete de ministros, Alberto Fernández.
Empero, la argumentación de las autoridades resulta insuficiente para explicar una conflictividad cada más extendida a sindicatos de distintas áreas de la economía, ya sea del ámbito nacional o de las provincias.
El gobierno de la nororiental provincia de Salta logró que los trabajadores docentes levantaran la huelga de 45 días esta semana, justo cuando se desata un conflicto similar en la vecina provincia de Jujuy.
Mientras haya inflación y sueldos rezagados habrá conflictos sindicales, sintetizó a IPS el economista Federico Marongiu, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, que presentó un trabajo sobre el impacto del alza de precios en la economía desde el colapso de 2001.
La crisis económica, social y política que se llevó el gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, cuando sólo había cumplido la mitad de su mandato de cuatro años, derivó en la abolición del régimen de convertibilidad monetaria que había mantenido los precios bajo control.
La derogación en enero de 2002 de esa ley de convertibilidad, que mantuvo por el peso argentino atado al dólar en una paridad uno a uno por más de 10 años, devaluó la moneda y provocó un aumento de 41 por ciento en el índice de precios al consumidor de ese año.
En 2003, con la economía ya más estabilizada, la inflación fue de 3,7 por ciento y en 2004 de 6,1 por ciento. Entre enero y marzo, los precios al consumidor subieron cuatro por ciento, en un marco de predicciones para el año de 10,5 por ciento, según el gobierno, pero algo más alto para analistas independientes.
El deterioro del poder adquisitivo de los salarios fue muy grande en 2002, porque los precios subieron 41 por ciento sin (que se concretaran) aumentos de salario, recordó Marongiu.
Desde 2002 hasta marzo de éste año los salarios, en el mejor de los casos, subieron 33 por ciento, remarcó.
Para el experto, no es que el gobierno carezca de los recursos para aumentar salarios. Lo que ocurre es que alcanzaron un superávit fiscal que necesitan mantener a toda costa a fin de cumplir con los compromisos externos, y eso lo está pagando el trabajador del sector público y el del sector privado no formal, puntualizó.
Por su parte, el diputado izquierdista Claudio Lozano, un economista ligados a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), coincidió en que el aumento de la conflictividad sindical está asociada a la debilidad cada vez mayor de los ingresos.
Nadie debería asombrarse de que haya cada vez más conflictos, advirtió el legislador, miembro de una de las dos centrales sindicales del país.
En Argentina, desde 2001, la actividad económica creció más que el empleo y los precios aumentaron más que los salarios, simplificó Lozano. Hubo mayor productividad y sin embargo ese beneficio quedó en el fisco o en las empresas privadas, no entre los trabajadores, explicó.
Más aún, Lozano consideró que no basta con aumentos salariales para mejorar los ingresos. En la medida en que la proporción de empleados formales esté por debajo de 30 por ciento del total de activos, los incrementos de sueldos no tendrán impacto en la mayoría de los trabajadores.
Por eso la CTA sostiene la necesidad imperiosa de poner en marcha un instrumento nuevo de política de ingresos, como el salario por hijo, una asignación pública universal para todos los niños, independientemente de que sus padres trabajen en el sector público, privado, formal, no formal o sean desempleados.
En tanto, los trabajadores apelan a las tradicionales huelgas, una modalidad que había caído en desuso a fines de los años 90, cuando la recesión se prolongó por más de tres años y el desempleo superó 20 por ciento de la población económicamente activa. En ese momento fue, en sustitución, el auge de las movilizaciones de trabajadores desempleados con la modalidad de bloqueos de rutas (piquetes).
Ahora, los conflictos sindicales se hacen sentir y los trabajadores se manifiestan dispuestos a presionar sin temor a la pérdida del empleo, como ocurría hasta poco tiempo atrás.
A eso se agrega una dirigencia sindical renovada, que no siempre responde a la histórica Confederación General del Trabajo, por mucho tiempo la única central sindical, ligada al movimiento justicialista (peronismo) cuya ala más a la izquierda ocupa hoy el gobierno de Argentina. (
