El terrorismo interno es un peligro claro y real para Estados Unidos, según advierten agencias del gobierno y organizaciones de derechos humanos.
El país entero presenció este mes la condena de Eric Rudolph a cuatro cadenas perpetuas sin derecho a libertad bajo fianza por el atentado que causó dos muertes y heridas a 120 personas en un festejo por los Juegos Olímpicos de Atlanta, en 1996, y los cometidos contra dos clínicas que realizaban abortos y una discoteca gay.
También se cumplieron 10 años del atentado contra el Edificio Federal Alfred P. Murrah en Oklahoma, que dejó 168 muertes. El autor fue Timothy McVeigh, de cuya ejecución se cumplirán cuatro años el mes próximo, en complicidad con Terry Nichols, en la cárcel de por vida.
Abril es también el mes en que numerosos grupos extremistas estadounidenses conmemoran el natalicio del líder nazi Adolf Hitler, según la Liga Antidifamatoria, organización dedicada a la lucha contra el antisemitismo.
Entre los que festejan figuran la neonazi Alianza Nacional y filiales de la tradicional organización supremacista blanca Ku Klux Klan (KKK).
El terrorismo doméstico parece resurgir a medida que los extremistas suman el Islam y sus creyentes a su lista de objetivos.
Desde los atentados que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington el 1 de septiembre de 2001, el Departamento (ministerio) de Justicia registró un gran aumento de los ataques contra personas árabes o que parecían serlo, como sikhs e hindúes.
Al mismo tiempo, aumenta en Estados Unidos el fundamentalismo cristiano, lo que aumenta la posibilidad de ataques contra homosexuales, clínicas que realizan abortos y sus trabajadores y jueces rechazados por organizaciones conservadoras.
El supremacista blanco Matthew Hale, por ejemplo, cumple 40 años de prisión por conspirar contra la vida de un juez federal.
La participación en organizaciones derechistas militantes y paramilitares cayó desde el atentado en Oklahoma —de alrededor de 20.000 a unos pocos miles de socios—, pero sus integrantes parecen hoy más comprometidos con la violencia, según expertos del gobierno.
Terroristas estadounidenses solitarios como McVeigh, Nichols y Rudolf son considerados hoy la principal amenaza interna a la seguridad, aunque ensombrecida por la posibilidad de un nuevo ataque de la organización islamista Al Qaeda.
Desde los atentados de 2001, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Justicia y el de Seguridad Interna destinaron recursos masivos al combate contra el terrorismo islámico.
Las agencias aseguraron que, al mismo tiempo, mantuvieron en el mismo nivel la investigación sobre crímenes de odio racial o religioso, sea contra musulmanes o contra integrantes de cualquier otra comunidad.
El FBI, a cargo de investigar los denominados crímenes de odio, registró casi 7.500 incidentes de ese tipo en Estados Unidos en 2003, último año para el que existen datos disponibles.
El Centro Legal sobre Pobreza Sureña (SPLC) sostuvo, de todos modos, que los datos del FBI y el Departamento de Justicia se basan sobre informes elevados voluntariamente por autoridades locales, que no siempre tienen en cuenta para sus registros la naturaleza racista o de odio religioso de los delitos.
En ese sentido, el SPLC calculó que cada año se cometen en Estados Unidos 50.000 crímenes de odio más de los que el FBI indica.
La mitad de esos delitos tuvieron como motivo el prejuicio racial, y seis, el rechazo a determinada orientación sexual. Los asesinatos fueron 14, pero los más frecuentes fueron la intimidación y el vandalismo. Unos 1.200 incidentes respondieron a intolerancia hacia minorías sexuales.
El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR) dijo haber recibido informes de 1.019 incidentes contra musulmanes en 2003, 70 por ciento más que en el año anterior. La cifra marca un récord en los nueve años en que se realiza el registro.
Los crímenes de odio contra árabes, musulmanes, sikhs y estadounidenses originarios de Asia meridional que parecen musulmanes saltaron 121 por ciento ese año.
El tratamiento contrastante de dos casos recientes ilustra la prioridad que asigna el gobierno al terrorismo extranjero y el doble discurso que prima entre agencias oficiales, según el experto Daniel Levitas, autor del libro The Terrorist Next Door (El terrorista de al lado).
En 2002, agentes del FBI arrestaron a José Padilla, ciudadano estadounidense al que consideraban un miembro de Al Qaeda que planeaba detonar una bomba atómica sucia.
Padilla fue declarado oficialmente combatiente enemigo y mantenido incomunicado en una prisión naval, a pesar de que, según la Corte Suprema, debía ser acusado o, de lo contrario, liberado.
Pocos meses después, agentes federales en Texas arrestaron a William Krar, quien tenía en su poder una bomba como la detonada por McVeigh en Oklahoma, así como unas 500.000 rondas de munición. Krar fue condenado a 11 años de prisión.
Padilla no tenía antecedentes ni actividad combatiente conocida al ser arrestado. Krar, en cambio, era un conocido ultraderechista que hacía gala de sus armas.
Levitas observó que el Departamento de Justicia no difundió casi el caso de Krar, pero sí se esforzó en que el de Padilla tuviera gran repercusión.
Creo que es embarazoso para Estados Unidos mostrar evidencia aterradora de que ciudadanos de su país son tan fanáticos y asesinos como los terroristas islámicos ubicados a medio planeta de distancia, explicó el experto.
No deberíamos ser complacientes con el terrorismo doméstico, sin dejar de concentrarnos en la amenaza extremista islámica internacional, dijo el portavoz de la Liga Antidifamatoria, Ken Jacobson.
Debemos trabajar aquí, tal como en el frente internacional, para proteger las libertades civiles y la seguridad de nuestra nación, concluyó Jacobson. (
