La pena impuesta por un tribunal español al represor argentino Adolfo Scilingo abre más las puertas de la justicia en el mundo para actuar contra quienes perpetran crímenes contra la humanidad, dijo a IPS Mónica Cavagna, presidenta de la Asociación Argentina de Derechos Humanos (AADH).
La Audiencia Nacional de Madrid, una especie de juzgado federal, condenó este martes a Scilingo a 640 años de cárcel por delitos de asesinato, detenciones ilegales y torturas, cometidos durante la última dictadura de Argentina (1976-1983).
Las sentencias judiciales en España suman los años aplicados a cada uno de los delitos imputados, pero el Código Penal establece que sólo se cumpla un máximo de 40 años de prisión, que en la práctica no se supera los 25 años por beneficios de buena conducta y trabajo del encarcelado.
Con todo, la condena es muy inferior a los 9.138 años solicitada por la fiscal Dolores Delgado y a los 6.626 pedidos en las acusaciones presentadas por particulares víctimas de la represión o sus familiares y por los representantes de asociaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas la realizada por Cavagna.
Precisamente, uno de los delitos incluidos en la demanda de la organización no gubernamental española AADH contra Scilingo, el de pertenencia a una asociación criminal, no fue considerado en el fallo de la Audiencia Nacional de Madrid.
El ex militar argentino fue condenado por 30 asesinatos a 21 años de cárcel por cada uno, a cinco años por detenciones ilegales y a otros cinco por torturas.
El tribunal ordinario que lo juzgó considera probado que Scilingo participó en los apresamientos ilegales y en las torturas aplicadas a prisioneros en el campo de concentración montado en los años 1976 y 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
También confirmó que participó de modo directo en 30 de los muchos vuelos de la muerte, en los que se transportaron detenidos en aviones de la Armada para arrogarlos, sedados, al mar. Por esa vía fueron asesinados centenares de prisioneros.
En la sentencia, el tribunal español señaló que el condenado además participó en la quema de cadáveres de prisioneros asesinados en la misma ESMA, acciones a los que los represores calificaban irónicamente de asados, una comida típica de América del Sur.
Cavagna, presente en la sala de la Audiencia donde se leyó este martes la sentencia, manifestó a IPS que en ese momento sintió mucha tranquilidad y satisfacción a la vez, aunque no pudo contener, como muchos de los que allí estaban, gestos y exclamaciones de alegría.
Fuimos miles los que nos hemos esforzado para lograrlo y estamos contentos, porque se hace justicia y porque esto sienta un precedente a nivel europeo e internacional, por ser un tribunal ordinario español el que ha juzgado a un delincuente argentino, subrayó.
Cualquier otra persona que haya cometido delitos similares, o que los cometa en el futuro, podrá ser detenida y juzgada invocando este histórico precedente, añadió.
Además anticipó que, ante la apelación contra este fallo que presentará en tribunales superiores los abogados de Scilingo en atención a lo permitido por las leyes españolas, la AADH volverá a presentar la acusación de pertenencia a una asociación criminal, para que se lo condene también por ese cargo.
¿No considera suficiente una condena por 640 años?, preguntó IPS. Pero Cavagna tiene claro que no se trata de año más o menos, porque está claro que en España las sentencias largas no se cumplen en su integridad.
Empero, es importante que se considere delito de asociación criminal el participar junto a otros de manera continuada en la comisión de delitos de lesa humanidad, porque sienta un precedente jurídico, contestó la defensora de derechos humanos.
Otra luchadora por las garantías básicas, la secretaria de la organización no gubernamental argentina Abuelas de Plaza de Mayo, Alba Lanzilotto, también mostró su alegría por la sentencia y señaló que en algún lugar del mundo tenía que reaccionar la justicia contra los crímenes de lesa humanidad.
Afortunadamente esto ocurre en España, país al que consideramos nuestro segundo hogar desde que nos acogió cuando tuvimos que exiliarnos, añadió la representante de esta agrupación creada para buscar a sus nietos desaparecidos durante la dictadura.
Al igual que Cavagna, consideró que el fallo judicial es un mensaje claro para los criminales: no tendrán refugio, no quedarán impunes sus crímenes.
El abogado de la acusación particular y exiliado argentino en España Carlos Slepoy destacó a IPS el hecho de que Scilingo sea el primer represor de su país en ser juzgado en España.
También recordó que es el primero que estuvo presente durante un proceso fuera de Argentina, lo que convierte a esta sentencia en un hecho histórico.
Esto es así porque los ex generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros, así como el ex capitán de marina Alfredo Astiz, fueron condenados a cadena perpetua en ausencia, es decir sin estar presentes en los juicios que se celebraron en Italia para los dos primeros y en Francia para el tercero, por delitos contra la humanidad perpetrados durante la misma dictadura.
El próximo paso de los tribunales españoles respecto de denuncias contra represores argentinos será el juicio contra otro ex marino, Ricardo Miguel Cavallo, extraditado de México el 29 de junio de 2004 acusado también de haber cometido similares delitos en tiempos de dictadura.
Asimismo será procesado otro argentino, Ricardo Oliveros, quien vive en Alicante, ubicada sobre el mar Mediterráneo a 400 kilómetros de Madrid.
Oliveros fue detenido el 16 de abril y el próximo jueves 27 se le tomará declaración en el mismo juzgado que instruyó el caso de Scilingo, el número cinco de la Audiencia Nacional.
Scilingo se presentó voluntariamente ante la justicia española en 1997, para confesar sus crímenes en un proceso instruido por el juez Baltasar Garzón, poco después que los detallara en múltiples declaraciones al escritor y periodista argentino Horacio Verbitsky y otros medios de comunicación.
Después, cuando se celebró el juicio se retractó, argumentando que lo había hecho para que se condenaran los crímenes de la dictadura y con la seguridad de que él no sería condenado.
En el transcurso del juicio simuló mareos, empezó una huelga de hambre que duró pocos días, se negó a declarar y rectificó todas sus declaraciones anteriores, diciendo que las había inventado.
Pero el tribunal que lo condenó no sólo tomó en cuenta sus primeras confesiones, sino que dio lugar a numerosos testimonios de víctimas y de sus familiares, así como de defensores de los derechos humanos, tanto argentinos como de otras nacionalidades. Algunas de esas declaraciones fueron recibidas por los jueces a través de videoconferencias.
