La protesta de educadores de la noroccidental provincia argentina de Salta, en huelga desde hace 35 días, se fortaleció con nuevos apoyos a sus reclamos de mejores salarios tras la inesperada y feroz represión de que fueron víctimas.
Lo que ocurrió el viernes no fue represión sino salvajismo, dijo a IPS Alejandro Wardi, secretario de Interior de la Asociación de Trabajadores del Estado, en comunicación por teléfono móvil desde la multitudinaria movilización realizada este lunes en Salta, capital de la provincia del mismo nombre, convocada para repudiar la brutalidad policial.
Unos 1.700 uniformados desataron el viernes por la noche una sorpresiva represión contra unos 300 funcionarios docentes, en su mayoría mujeres acompañadas con niños, que mantenían una vigilia muy cerca de la catedral ubicada en el centro de la ciudad y donde fieles católicos oraban por el papa Juan Pablo II, quien falleció el sábado en el Vaticano.
La provincia salteña, ubicada cerca de la frontera con Bolivia, a más de 2.000 kilómetros de Buenos Aires, es gobernada por Juan Carlos Romero, del Partido Justicialista y miembro de una familia que maneja los destinos de ese distrito desde hace décadas en forma autoritaria y en base al clientelismo político.
Romero secundó al ex presidente Carlos Menem (1989-1999) en su intento por volver en 2003 al gobierno de Argentina por tercera vez, frustrado al renunciar a competir en segunda vuelta con el centroizquierdista Néstor Kirchner, también justicialista pero en los antípodas ideológicos de los primeros.
Los maestros y profesores de Salta ûcada provincia tiene autonomía educativa en la educación básica de primaria y secundaria— se aprestaban a marchar el viernes ante el Congreso legislativo local, donde Romero inauguró las sesiones anuales, pero la fuerte custodia policial que impedía el acceso al edificio los obligó a permanecer en la plaza 9 de Julio, frente a la catedral católica.
El gobierno estadual había advertido que no instalaran tiendas de campaña, ante lo cual se desistió de hacerlo. Sólo intentaron extender un toldo de plástico por la noche cuando comenzó a lloviznar, y ese fue el momento donde recibieron la golpiza policial, que incluyó puntapiés, tirones de cabellos, palazos a granel, lanzamiento de gases lacrimógenos y de balas de goma.
El resultado de la represión fue una treintena de personas detenidas y numerosos heridos, entre ellos una niña de seis años que aún permanece hospitalizada.
El arzobispo de Salta, Dante Bernacki, presente durante la golpiza, denunció que fue una cobarde y salvaje represión y acusó a las autoridades provinciales de ostentar un poder violento, dictatorial y desmesurado. Pero el gobierno de Romero respondió que la violencia fue provocada, según dijo, por activistas infiltrados en la protesta.
La violencia policial motivó que este lunes la manifestación de los educadores de Salta se viera incrementada con la presencia de otros sindicatos y de las escuelas privadas, que cerraron sus puertas y adhirieron a la protesta. Además se registraron manifestaciones de solidaridad de los maestro y profesores de Buenos Aires así como de partidos de izquierda.
Una periodista del Nuevo Diario de Salta, Elena Corvalán, informó a IPS que hasta el viernes, una radioemisora del gobierno provincial estimaba en poco más de 60 por ciento la adhesión a la huelga docente. Este lunes, después de la represión, el apoyo subió a 82 por ciento, y conste que hablamos de una radio oficialista, remarcó.
Corvalán contó que el epicentro de la protesta en Salta está a algunos kilómetros del centro histórico de la ciudad, en la localidad de Grand Bourg, donde se encuentra la sede del gobierno. Allí levantaron hace semanas algunas tiendas de campaña que ocupan de modo permanente.
Pero el viernes, en la plaza 9 de Julio del centro histórico de Salta, un grupo de educadores llegado del interior había decidido pasar la noche frente a la sede del Congreso. Empero, pese a acatar la orden de no acampar, la policía los atacó en la noche, refirió la cronista.
La represión fue la respuesta del gobierno a los reclamos de mejoras salariales que plantean los maestros y profesores desde 2004. Este año, ante la falta de respuestas a sus constantes pedidos, resolvieron un cese de actividades desde el primer día de clases, el 1 de marzo, y desde entonces están en huelga.
Desde la asunción al gobierno nacional de Kirchner, en mayo de 2003, el sueldo docente, que varia en cada una de las 24 provincias en que se divide el país, aumentó de un promedio de 473 pesos mensuales (162 dólares) a 607 pesos (208 dólares). Al comenzar el año escolar, se anunció un nuevo incremento.
En el discurso inaugural de las sesiones del Congreso Nacional, el mandatario dijo que desde ese día ningún maestro y profesor secundario del país percibiría menos de 700 pesos por mes (240 dólares) de bolsillo, es decir neto, y comprometió el envío de fondos del gobierno nacional para asegurar que todas las provincias alcancen esa base mínima igual para todos.
Los maestros de Salta reciben de sueldo mensual básico 239 pesos (82 dólares), y sobre ese mínimo se suman pequeños montos por diversos conceptos que están fuera del salario fijado. De ese modo el ingreso llega a 550 pesos al mes (casi 190 dólares).
Entre los reclamos de mejores ingresos se cuenta la incorporación de esos agregados monetarios al salario regular.
Hasta ahora no ha habido de parte del gobierno provincial respuesta alguna a los reclamos, por lo cual continúa la huelga por tiempo indeterminado.
Wardi explicó que el gobierno de Salta pretende aumentar los salarios paulatinamente durante el año, pero a través de nuevos aportes adicionales.
Esta modalidad es fuertemente rechazada por los sindicatos, porque afecta a los trabajadores que están cerca de la jubilación, para cuyo cálculo se cuenta sólo el salario básico. Además, los dirigentes sindicales señalan que de esa forma se anulan las diferencias entre los nuevos y los que están cerca de retirarse.
Los trabajadores van a seguir en huelga por tiempo indeterminado a fin de que el gobierno se apreste a dialogar y encontrar una solución, apuntó Wardi. En tanto, el gobierno nacional ofreció su mediación para superar la crisis.
Nuestra intención no es la de voltear al gobierno, pero si no saben hacer las cosas se tendrán que ir, advirtió el sindicalista. Más tarde, en una asamblea de los trabajadores, los docentes resolvieron que pedirán el juicio político de Romero por la represión desatada en su contra. (
