Las organizaciones no gubernamentales colombianas estiman que este año la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitirá una declaración más severa que en períodos anteriores sobre los crímenes que se cometen en su país.
El pronóstico de los activistas se funda en el tono crítico del informe presentado este martes a la Comisión por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la canadiense Louise Arbour, y por las exposiciones de los países más interesados en la crisis colombiana.
Federico Andreu Guzmán, subsecretario general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) observó que la contundencia del informe de la Alta Comisionada ha sido tremenda. Igualmente, las reacciones de la Unión Europea, y las de Canadá, Noruega y Suiza, fueron muy fuertes, comentó el experto a IPS.
Arbour confirmó el cuadro de la crisis colombiana trazado anteriormente por la Oficina que la Alta Comisionada mantiene en Colombia.
El panorama de los derechos humanos sigue siendo crítico. Se incrementan las denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad y a otros funcionarios públicos, dijo. También se mantienen altos grados de torturas y de desapariciones forzadas, agregó.
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En cambio, el director del programa presidencial de derechos humanos de Colombia, Carlos Franco, dijo a los 53 estados miembros de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que existen versiones contradictorias sobre lo que ocurre en ese país sudamericano.
El presidente Álvaro Uribe (de derecha) ostenta una popularidad superior a 65 por ciento, las Fuerzas Armadas y la policía nacional gozan de los grados de aceptación más elevados entre las instituciones públicas y privadas de la sociedad colombiana, los inversionistas recuperan la confianza en el país y la economía crece, afirmó Franco.
Pero las informaciones que recibe la oficina de la Alta Comisionada mencionan que durante el actual gobierno se han cometido graves violaciones a los derechos humanos y que esos abusos forman parte de la política gubernamental, dijo el funcionario.
Las mismas fuentes aseveran que la situación de los derechos humanos ha empeorado, que el gobierno carece de voluntad de concertar la paz, que existe un acuerdo secreto con los grupos derechistas paramilitares y que las autoridades se proponen desconocer el imperio de la ley, insistió Franco.
Esas ópticas diferentes llevaron a Andreu Guzmán a afirmar que la UE, Canadá, Noruega y Suiza hicieron una verdadera radiografía de lo que es Colombia, mientras el Estado colombiano presentó una vez más que Colombia es el país de las maravillas.
Hubo insistencia, en particular de Noruega, Suiza y Canadá, en que no bastaba un proceso de desmovilización, que no sólo se debían respetar las normas de verdad, justicia y reparación a las víctimas, sino que también se requerían medidas para desmantelar efectivamente a los paramilitares, observó el experto de la CIJ.
Eso es algo fundamental para separar y romper los vínculos entre los funcionarios del Estado y los paramilitares, remarcó Andreu Guzmán.
El especialista evaluó que en la audiencia, el gobierno colombiano reiteró los argumentos que siempre ha presentado, de una supuesta mejoría y de su supuesta buena voluntad. Un discurso bastante preocupante, con muchas mentiras sobre las medidas que está tomando, aseveró.
La Alta Comisionada confió a la Comisión que las investigaciones realizadas por su Oficina en Colombia indicaron que los vínculos entre funcionarios estatales y grupos paramilitares persisten.
La Oficina dijo en general que las recomendaciones dirigidas a los grupos armados ilegales fueron totalmente desoídas.
El país sudamericano vive un conflicto armado de casi medio siglo, en el que actúan las guerrillas de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el principal grupo armado, y del Ejército de Liberación Nacional, ambas de izquierda.
En los años 80 irrumpieron en el conflicto las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), principal paraguas del paramilitarismo derechista, si bien el origen de milicias armadas por hacendados puede rastrearse mucho antes. Las AUC combaten a la guerrilla, tienen vínculos probados con el narcotráfico y dicen actuar a favor del Estado.
La ONU considera que las AUC son responsables de más de la mitad de los crímenes atroces que se cometen en el conflicto.
Pese a que las AUC declararon un cese unilateral del fuego en 2003 y están negociando su desmovilización con el gobierno, su expansión y su consolidación continúan, dijo Andreu Guzmán.
Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, observó que un aspecto saliente del debate en la Comisión ha sido la preocupación reiterada y unánime de los países y de la Alta Comisionada sobre el proyecto de ley que debe enmarcar las negociaciones para la desmovilización paramilitar, de tal forma que se garanticen verdad, justicia y reparación.
Esas expresiones cobran especial valor ahora, porque Colombia está marcada por esas negociaciones. Si el proyecto se aprueba tal como ha sido planteado por el gobierno, para dejar en la impunidad esos crímenes, la verdad es que se hace difícil predecir dónde va a llegar la situación en Colombia en el futuro cercano, dijo Gallón a IPS.
Ese desenlace de las negociaciones implicará una legalización plena de los grupos paramilitares, que quedarían sin cuentas pendientes con la justicia, con capacidad de desarrollar un mayor poder del que ya tienen, un poder legalizado, tanto económico como social, y además político, reflexionó el activista.
Los paramilitares podrán ser elegidos gobernadores, hasta alcaldes, incluso presidentes de la República, o influir decisivamente en la Presidencia de la República, insistió.
Las organizaciones no gubernamentales entienden que la preocupación de la Comisión y de quienes intervinieron en el debate corresponden a una situación real.
En efecto, están leyendo de manera adecuada el aspecto tal vez más grave que está atravesando la sociedad colombiana en este momento, opinó el experto colombiano.
La audiencia mostró un interés especial de la Alta Comisionada y también de los estados que intervinieron en la necesidad del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en años anteriores por la Comisión al gobierno colombiano.
El gobierno de Canadá insistió en pedir a la Alta Comisionada un informe ante la Asamblea General de la ONU, una petición orientada a adoptar mecanismos para vigilar e insistir en el cumplimiento de las recomendaciones, comentó Gallón. Es un indicio sugestivo de la preocupación, por lo menos de un país como Canadá, en esta materia, sostuvo.
Luego de la audiencia de este miércoles se puede esperar la Comisión produzca la semana próxima un documento similar a los de años anteriores, básicamente una declaración del presidente del organismo, aunque a juzgar por las intervenciones, el tono va a ser probablemente más fuerte, más coherente y más consistente, arriesgó Gallón.
El jurista resaltó la importancia de la anunciada visita a Colombia de la Alta Comisionada para supervisar en el terreno el cumplimiento de las recomendaciones y el estado de discusión del proyecto de ley sobre impunidad para los paramilitares.
Arbour comunicó en la fecha a la Comisión su decisión de viajar a Colombia. Fuentes vinculadas a la Oficina de la Alta Comisionada dijeron que la visita podría efectuarse entre el 11 y el 14 de mayo.
