Por tercer año consecutivo ha sido diferido en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU un debate sobre los abusos que se cometen en el mundo contra personas por motivos de su orientación sexual.
La delegación de Brasil, que promovió en 2003 y 2004 un proyecto de resolución sobre ese tema, volvió a retirar este año el texto que contaba con el auspicio de más de 20 países, en su mayoría europeos.
Brasil explicó a representantes de la comunidad de lesbianas y gays que había recibido presiones de países islámicos, con los cuales se apresta a participar en una histórica cumbre Árabe-Sudamericana, que se realizará en Brasilia los días 10 y 11 de mayo y a la que está previsto que asistan 22 jefes de Estado árabes y 12 latinoamericanos.
Las autoridades brasileñas entendieron que no era oportuno enfriar sus relaciones con esos países en vísperas de una reunión internacional de tal trascendencia, dijo a IPS la activista canadiense Kim Vance, directora de ARC Internacional, una organización canadiense sin fines de lucro, defensora de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LBGT).
Otra razón del desistimiento fue, según los brasileños, el hecho de que el proyecto había creado divisiones y disputas en la Comisión, afirmó Vance, cuyo grupo forma parte de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA).
Sin embargo, un funcionario de la misión diplomática de Brasil ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra negó a IPS que la cumbre Árabe-Sudamericana haya determinado el retiro de la propuesta sobre orientación sexual.
Ese tema sigue siendo importante para Brasil pero no sabemos cuándo volveremos a insistir con él, dijo el diplomático, que pidió reserva de su nombre.
Brasil no encontró el apoyo esperado ni la colaboración de más países entre los 53 miembros de la Comisión, y no cree que el panorama actual de la misma sea favorable para ese proyecto, explicó.
La organización humanitaria Amnistía Internacional ha afirmado que el proyecto brasileño encontró rígida oposición de la Organización de la Conferencia Islámica, integrada por 57 Estados, que propuso 55 enmiendas al texto original, y también, aunque menos estentórea, del Vaticano.
En la sesión de la Comisión de 2004, Brasil decidió solicitar la posposición del debate, por considerar que los integrantes del organismo no habían sido ”capaces de llegar al consenso necesario”, según sostuvo entonces en una declaración.
La comunidad LBGT se movilizó en apoyo de la iniciativa original de 2003, primera sobre el asunto en la historia de la Comisión, y trató de ”trabajar con Brasil e introducir algunos cambios” en el texto del proyecto para su examen en la sesión del organismo este año, apuntó Vance.
”Todavía abrigamos muchas esperanzas de que la Comisión apruebe una resolución específica. Los activistas de la comunidad LBGT trabajan con varios Estados y procuran obtener su apoyo”, comentó.
Por ejemplo, además del respaldo de Brasil obtuvieron el de Argentina y los de otros países latinoamericanos dispuestos al mismo patrocinio, entre ellos Uruguay.
Además de los Estados europeos y de Canadá, confiamos en el apoyo de Sudáfrica, país que consagra en su Constitución la protección de la orientación sexual que elija cada persona, agregó la activista.
La propuesta original de Brasil no establecía la creación de una nueva categoría de derechos humanos, sino que se limitaba a expresar preocupación por los abusos en perjuicio de personas por su orientación sexual.
También declaraba que el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales no debe verse obstaculizado por motivos relacionados con la inclinación sexual.
Un miembro de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), Pedro Paradiso Sottile, denunció la semana pasada ante la Comisión ”la violación a los derechos humanos que vivimos por nuestra orientación sexual e identidad de género”.
Ser gay, lesbiana, travesti, bisexual, transexual o intersexual significa en muchos países del mundo sufrir la discriminación y la exclusión, sostuvo.
Amnistía Internacional dijo que ha documentado abusos que incluyen torturas y malos tratos motivados por la orientación sexual real o percibida de los detenidos, lo que parece un resultado de ”una homofobia agresiva de la justicia”.
La denuncia se extiende a casos de intimidación, prisión, violencia y muerte de defensores de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales o transgénero.
Vance señaló, en relación con la situación de la comunidad LBGT en el mundo, que a menudo los avances en una región tienen repercusiones en otras, aunque a veces son negativas.
”Algunos países se sienten amenazados por esos progresos de otras regiones y restringen los derechos. Por ese motivo es necesario que ” todos nuestros grupos en el mundo se mantengan en comunicación”, dijo.
Las postergaciones del debate en la Comisión llaman la atención sobre la situación de las organizaciones de la comunidad LBGT, que no tienen cabida en el sistema de la ONU, recordó Vance.
La ILGA perdió el estatus de miembro que el Consejo Económico y Social de la ONU otorga a ciertas organizaciones no gubernamentales y ”ha sido imposible recuperarlo”, dijo.
La oposición a ese estatus se basaba en los mismos argumentos que ciertos Estados esgrimen ahora en la Comisión de Derechos Humanos, apuntó Vance.
