Maria Joel Dias da Costa, preside ahora el Sindicato de Trabajadores Rurales de Rondon de Pará, bajo constante amenaza de muerte. Sucedió en el cargo a su marido, José Dutra da Costa, asesinado a tiros el 21 de noviembre de 2000 en ese estado del norte de Brasil.
El testigo del crimen, un vecino que detuvo al asesino, también fue muerto de tres balazos en la cabeza un año y medio después. El pistolero preso aún no fue juzgado y sus mandantes siguen libres.
La víctima fatal en febrero de 2004 fue el tesorero de este sindicato, que también sufrió el asesinato de cuatro de sus campesinos afiliados desde 1997. Ningún responsable de estos hechos ha sido detenido hasta la fecha. Además de la presidenta, tres actuales directores del Sindicato sufren amenazas de muerte.
Tengo cuatro hijos, de 17 a 22 años, ellos no pueden ir a todos los lugares que desean, dijo a IPS la sindicalista, más conocida como Joelma, quien acusa a los grandes terratenientes de diseminar la violencia contra los campesinos. Ella forma parte de una lista de 61 personas marcadas para morir en el estado de Pará.
El 12 de febrero, dos pistoleros mataron a la monja estadounidense Dorothy Stang, en Anapú, otro municipio de Pará, en un caso de repercusión internacional que llevó el gobierno brasileño del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva a anunciar medidas para combatir los conflictos por la tenencia de tierras en el estado.
Desde entonces, Maria Joel da Costa cuenta con la protección de dos policías militares, tal como Henri Burin de Roziers, un fraile francés que desde 1978 actúa en una región de alta conflictividad, en el vecino estado de Tocantins y sur de Pará, como misionero y abogado de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), perteneciente a la Iglesia Católica.
Los dos son personajes del documental Este hombre va morir, sobre 14 personas de las listas de la muerte en Pará, seis de ellas ya asesinadas. El próximo de la lista sería el padre Ricardo Rezende, quien fuera párroco de Rio Maria, otro violento municipio de Pará, según Emilio Gallo, director del filme.
Rezende vino a Río de Janeiro para hacer un doctorado sobre el trabajo en condiciones de esclavitud, otra realidad muy presente en Pará, y coordina actualmente un grupo de estudio sobre el tema en la Universidad Federal de Río de Janeiro.
En Pará se vive una realidad de ficción, de muertes anunciadas, cuyas víctimas permanecen en el lugar porque no quieren abandonar los compañeros de lucha, definió Gallo, un periodista de televisión convertido en cineasta.
Tanta violencia se debe básicamente a dos causas: la parálisis de la reforma agraria y la impunidad, explicó Burin de Roziers, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros este miércoles.
En los 39 municipios del sur y sudeste de Pará hay 11.000 familias campesinas acampadas en márgenes de carreteras desde 2003 y otras 8.000 en tierras ocupadas, a la espera de entrega de tierras para asentamientos que no ocurre. Las 45.000 familias asentadas viven una situación catastrófica, sin rutas ni escuelas o asistencia médica, observó el fraile dominicano de 75 años.
La impunidad estimula la solución de conflictos por las armas. Desde 1984 fueron asesinados 26 dirigentes campesinos, en un exterminio selectivo del liderazgo, y escasos ejecutores fueron condenados y menos sus mandantes, destacó.
Un largo trabajo de abogados logró en los últimos años condenar tres terratenientes por asesinatos de sindicalistas rurales, pero dos siguen en libertad porque recurrieron a instancia superior y el restante cumple prisión domiciliaria en su residencia de lujo, comentó.
La situación poco cambió con la actual administración de Lula, iniciado en enero de 2003 con muchas esperanzas. Este gobierno hizo más que los anteriores, pero menos que lo esperado y menos que el necesario, resumió, a su vez, Rezende.
El combate al trabajo esclavo, por ejemplo, se interrumpió porque agentes de la Policía Federal se niegan a proteger el Grupo Móvil de Inspección del Ministerio del Trabajo, debido a que ganan una suma insuficiente para sus gastos en las operaciones, explicó.
En el origen de los conflictos rurales está una situación caótica de la propiedad de la tierra, de muchos títulos fraudulentos. Sumadas las áreas mencionadas en tales títulos tendríamos dos veces el territorio de Pará, según Roziers.
El gobierno inició un proceso de revisión de los catastros, pero es una tarea mayúscula que parece condenada al fracaso, coincidieron los dos sacerdotes amenazados de muerte por defender los campesinos.
El gubernamental Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria y el estadual Instituto de Tierras de Pará tienen viejas disputas de jurisdicción, no intercambiaban informaciones en el pasado y emitieron títulos de propiedad o concesiones que se superponen, explicaron. Y ahora no tienen recursos materiales y humanos para cumplir sus tareas.
Empero, la violencia en Pará no se limita a conflictos por la tierra. Los asaltos a autobuses se hicieron frecuentes, fueron tres la semana pasada, señaló Roziers. Los policías que lo acompañan se convirtieron en fuente de riesgo, en lugar de protección, durante sus viajes, porque aumenta la posibilidad de tiroteo dentro del vehículo.
Los asaltantes, todos conocidos, le tiran a los policías cuando los identifican, explicó. Por eso un comisario viaja siempre disfrazado. En Pará reina una cultura de violencia y la omisión de las autoridades de la seguridad pública, concluyó.
