Por primera vez un tribunal de apelaciones de Argentina dictaminó el carácter inconstitucional de un indulto otorgado en 1990 por el ex presidente Carlos Menem a seis jefes militares de la última dictadura (1976-1983).
La sala I de la Cámara Federal, integrada por tres magistrados, resolvió que los delitos cometidos en jurisdicción del I Cuerpo de Ejército, que conforman el capítulo sometido a su pronunciamiento, no son susceptibles de indultos ni amnistías, y ratificó así el fallo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
La resolución fue del beneplácito de las organizaciones de derechos humanos. La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, dijo a IPS que la lucha de todos los organismos de derechos humanos va logrando abrir caminos dentro de la justicia.
Cortiñas anticipó además que la Asociación solicitaría entrevistas con magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el fin de pedir se expidan favorablemente sobre el fallo de inconstitucionalidad aprobado en segunda instancia, a fin de sentar jurisprudencia para otros indultos que condonaron delitos de lesa humanidad.
En la causa del I Cuerpo se investigan torturas, secuestros y desapariciones forzadas de centenares de personas, cometidas durante el último régimen de facto en centros ilegales de detención de esa jurisdicción militar, que abarca la ciudad de Buenos Aires y la provincia del mismo nombre, además de otras zonas del centro del país.
Hay una treintena de detenidos que esperan la instancia del juicio oral en esta causa. Pero casi todos los entonces jefes están protegidos por el indulto, un perdón a sentenciados que es facultad presidencial contemplada en la Constitución, y que no puede anularse por acción judicial, según la opinión de muchos juristas.
No obstante, otros sostienen que el perdón no corresponde cuando se está ante delitos de lesa humanidad como los del I Cuerpo, y esa tesis permitió en los últimos años avanzar en el desmonte penal de los indultos a militares acusados de violaciones de derechos humanos.
La sentencia de este viernes puede ser apelada por los afectados ante la Corte Suprema, tribunal de última instancia. Si el fallo se confirmara, alcanzaría a seis ex altos jefes militares, de los cuales dos están detenidos por otros delitos (sustracción de menores), uno está libre y otros tres fallecieron.
Entre los sometidos a arresto domiciliario están el ex jefe del I Cuerpo de Ejército, Guillermo Suárez Mason, y el ex general Juan Bautista Sasiaín. El tercero es Jorge Olivera Rovere. Ya murieron José Montes, Andrés Ferrero y Adolfo Sigwald, quienes también formaron parte de las jefaturas militares.
Pero hay otros militares procesados en esta causa que habían sido beneficiados por las leyes de punto final y obediencia debida dictadas a mediados de los años 80, y anuladas en 2003 por el parlamento. Esa anulación también está pendiente del pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema.
De los tres integrantes de la sala I de la Cámara, uno solo se abstuvo pero no por desacuerdo con la medida. Se trata del ex fiscal federal Edgardo Freiler quien, como representante del Ministerio Público, había solicitado al juez Canicoba Corral el fallo de inconstitucionalidad del indulto en esta causa.
Los otros dos magistrados sostienen en su sentencia que los tratados internacionales sobre derechos humanos incorporados a la Constitución argentina tras la reforma de 1994 impiden la impunidad de delitos graves como los comprendidos en este caso.
En la causa del I Cuerpo habían sido procesados decenas de militares, pero la investigación se archivó a mediados de los 80 con la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida.
El proceso se reabrió en 2003 a raíz de la decisión del Congreso legislativo de declarar la nulidad de esas leyes que pusieron fin a procesos contra militares subalternos.
La declaración legislativa de nulidad no había alcanzado a los indultos, pero Canicoba Corral dictaminó el carácter inconstitucional de los mismos y ordenó el procesamiento de algunos jerarcas, fallo refrendado ahora por la cámara.
Igual sentido tuvieron los dictámenes de otros dos jueces federales, que reabrieron procesos por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada y en el III Cuerpo de Ejército.
El de este viernes es el primer pronunciamiento jurídico de un tribunal de alzada sobre los indultos.
El fallo no alcanza a todos los indultos otorgados por Menem (1989-1999) entre fines de 1989 y comienzos de 1990. Solo se remite a los casos comprendidos en la indagatoria de crímenes del I Cuerpo de Ejército.
Varios decretos presidenciales beneficiaron a los ex comandantes Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y otros jefes, y continúan vigentes hasta ahora.
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