El gobierno de Argentina expresó este jueves su airado y tardío rechazo por la inclusión del austral archipiélago de Malvinas en la lista de territorios de ultramar que quedarán bajo jurisdicción de la Constitución de la Unión Europea (UE), una vez que ésta sea ratificada por los 25 miembros del bloque.
La soberanía de esas islas del océano Atlántico Sur está en disputa entre Argentina y Gran Bretaña, y desde hace más de 20 años el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhorta sin éxito a los dos países a que negocien sus diferencias por la vía diplomática.
El episodio nos produce un profundo rechazo e irritación, pero vamos a matizar un poco la situación porque no se trata de un asunto nuevo ni inminente, minimizó el canciller Rafael Bielsa este jueves, luego del alerta sobre una cuestión solapada, pero planteada desde octubre del año pasado.
Bielsa subrayó que las islas Malvinas (Falkland Islands, para los británicos) fueron incluidas en un anexo del proyecto constitucional junto a territorios no europeos de los Estados miembros y para potenciar el bienestar y asegurar el interés de sus habitantes.
Cuando se habla de interés, se sobreentiende que hay una disputa territorial, si no, se diría 'derecho', interpretó el ministro.
El aviso sobre la incorporación de las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur como parte de los territorios sobre los que regirá la carta magna de la UE fue dado por el no gubernamental Instituto Buenos Aires Plan Estratégico (Ibape), una asociación de bajo perfil, con menos de un centenar de integrantes académicos.
El texto de la Constitución europea fue aprobado el 29 de octubre de 2004 y desde entonces cada país miembro debe someterlo a ratificación. Hasta el momento lo ratificaron España, Hungría, Lituania y Eslovenia. Nueve países realizarán consultas populares este año, y en el resto el procedimiento será por vía parlamentaria.
Miembros de Ibape advirtieron que en el anexo II del texto ya aprobado por los cuatro países antes mencionados hay una lista de países y territorios de ultramar sobre los que se aplicará la Constitución, y en ese listado figuran las islas Malvinas, las Georgias y Sándwich del Sur y una porción del territorio de la Antártida bajo supervisión británica.
Es preocupante y lamentable, dijo a IPS el director de Ibape, Manuel Delfico. No sabemos si fue una distracción de la cancillería o si lo consideraron un tema menor, pero lo cierto es que nosotros lo vimos hace diez días, alertamos enseguida, y recién ahora hay una reacción, dijo.
Bielsa alegó que la Constitución europea apenas fue aprobada por un par de países, entre ellos Lituania, pero remarcó que hay una fuerte resistencia de Francia a aceptarla, y Gran Bretaña solicitó ser la última en expedirse. Por esas razones, el problema no es inminente, estimó el canciller.
Delfico, en cambio, cree muy difícil que se pueda dar marcha atrás en el texto, pues ya ha sido ratificado por algunos miembros del bloque. No obstante, la actividad diplomática de las embajadas argentinas ante los países de la UE podría disuadir a los que aún no lo han aprobado, y evitar que entre en vigencia tal como está.
El aviso de Ibape fue dado simultáneamente a la cancillería, partidos políticos y legisladores. Una semana atrás, el senador Eduardo Menem (de un sector del Partido Justicialista opuesto al que gobierna) se hizo eco del alerta, rechazó la inclusión de las islas en la carta magna europea y pidió aclaraciones al gobierno.
El legislador también solicitó que, en caso de que no se hubiera realizado ningún trámite, se elevara una formal protesta ante todos y cada uno de los países firmantes de la Constitución europea.
El miércoles a última hora la cancillería emitió un escueto comunicado, de solo dos párrafos, que llegó a las redacciones de los medios de comunicación con el cintillo de muy urgente.
El comunicado afirma que las Malvinas no son territorio de aplicación de la nueva Constitución europea y que la cancillería ha hecho las reservas correspondientes ante las instituciones de la UE, a través de su embajada en Bruselas.
El canciller admitió que dichas reservas fueron efectuadas hace 10 días.
En diálogo con una radioemisora de Buenos Aires, el embajador argentino ante la UE, Jorge Remes Lenicov, prometió este jueves una fuerte acción diplomática y política para hacer valer los derechos de soberanía que el país reclama sobre las islas, en todas las capitales de la UE a través de sus embajadas.
Remes informó que hace una semana presentó una carta de protesta ante la UE y que seguirá reclamando, en la confianza de que el texto sea finalmente modificado por los países miembros. No está aprobado y apenas podría estarlo, si hay acuerdo de todos, a fines del año próximo, dijo.
Las islas Malvinas fueron ocupadas militarmente por Gran Bretaña en el siglo XIX (1833) y desde entonces Argentina reclama su soberanía sobre las islas.
En 1982, el régimen militar que entonces gobernaba Argentina (1976-1983) invadió sorpresivamente el archipiélago en un intento de recuperarlo que contradijo todas las gestiones diplomáticas realizadas hasta entonces.
La invasión fue repelida por tropas británicas en enfrentamientos que dejaron más de 649 muertos argentinos, la mayoría soldados que perecieron en el hundimiento del buque General Belgrano, atacado por la armada británica.
A partir de ese conflicto, las relaciones diplomáticas entre ambos países permanecieron interrumpidas por más de una década. Argentina siguió llevando cada año su reclamo de soberanía al Comité de Descolonización de la ONU.
Si la disputa está en el marco del Comité de Descolonización, mal puede uno de los países incluir esos territorios bajo la jurisdicción de la Constitución que adoptará su país, señaló Delfico.
El experto opina que si España hubiera advertido que la cuestión de Malvinas estaba en juego en el texto, probablemente no lo hubiera votado a favor. O, al menos, no lo hubieran hecho la mayoría de los 270.000 argentinos que tienen doble ciudadanía (argentina y española) y que acudieron a la consulta popular de febrero.
Sobre este punto, Bielsa afirmó que los españoles están absolutamente avisados porque desde hace dos décadas este tema se discute anualmente en el organismo multilateral por antonomasia que es Naciones Unidas, desde donde exhorta sistemáticamente a los dos países para arreglar la diferencia. (
