Un nuevo estallido de violencia en una prisión de Argentina acabó este martes con 13 reclusos muertos, dos meses después de un motín en el que habían muerto ocho presos. Aunque las causas de estos episodios son claras, no hay voluntad para atacarlas, afirman especialistas.
La violencia se desató en la tarde del lunes en el Instituto Correccional Modelo de la ciudad de Coronda, en la nororiental provincia de Santa Fe, cuando un grupo de prisioneros armados con facas tomó de rehenes a dos guardia-cárceles e irrumpió en dos pabellones donde se alojaban otros reclusos.
Según la versión del Servicio Penitenciario Federal, que logró controlar la rebelión este martes por la mañana, los agresores asesinaron a 11 presos con armas blancas, quemaron vivos a otros dos e hirieron a seis. No se divulgaron reclamos de los rebeldes, y ningún funcionario fue atacado.
Este incidente aparece dos meses después de un motín en la prisión de San Martín, provincia de Córdoba, en el centro-norte del país, que albergaba una población carcelaria tres veces mayor a la prevista según las dimensiones del edificio.
Los presos se habían amotinado reclamando mejores condiciones de vida, y en los incidentes murieron cinco reclusos y tres guardias.
Autoridades del penal de Coronda creen que la violencia del lunes obedeció a la rivalidad entre presos de la ciudad de Santa Fe —la capital provincial— y de rosarinos, habitantes de otra ciudad importante de la provincia.
De acuerdo con esta versión, el domingo había sido asesinado el detenido Eduardo Verón, presunto jefe de la banda de Santa Fe. La matanza posterior fue un acto de venganza de los santafesinos contra los rosarinos, afirman las autoridades.
Esto trae cola, hay que frenar la revancha, clamaba a las puertas del penal la hermana de uno de los sobrevivientes de la jornada violenta.
Funcionarios judiciales y abogados de derechos humanos estiman que el detonante de éste y otros estallidos en las cárceles puede ser en parte la rivalidad entre bandas, pero existen otras razones más profundas.
Explicar este episodio en el enfrentamiento entre presos de dos ciudades es una manera que tiene el Estado de eludir su responsabilidad en la prevención, dijo a IPS el abogado Gustavo Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según Palmieri, en Coronda había antecedentes recientes de peleas que terminaron con muertos y heridos, y el mismo fenómeno se repite en otras prisiones argentinas. No obstante, no se aplica ninguna medida para evitarlo, dijo el abogado.
Según el último informe anual del CELS, los altos niveles de violencia que se registran en cárceles argentinas responden a la sobrepoblación, el hacinamiento y las denigrantes condiciones de prisión, más el encubrimiento de casos de corrupción que involucran a autoridades penitenciarias.
El reporte, publicado en diciembre de 2004, advertía sobre motines y episodios graves de violencia en Coronda desde el año 2003. En 2004 hubo denuncias de apremios ilegales contra presos rosarinos en huelga de hambre para obtener traslados, y dos revueltas con 56 y 33 internos heridos respectivamente.
Antonio Tesolini, de la no gubernamental Coordinadora de Trabajo Carcelario en Santa Fe, explicó este martes que el hacinamiento en Coronda es un cóctel explosivo, si bien admitió la rivalidad entre presos de la capital y de Rosario.
Tesolini dijo que la Coordinadora impulsaba el diálogo entre reclusos para evitar conflictos, y no descartó que los incidentes hubieran sido fomentados por las autoridades del penal, que rechazan las tareas de asistencia y socialización de los presos, que lleva a cabo la organización.
Los motines y revueltas son perfectamente evitables, las autoridades del penal conocen esa realidad, y uno se pregunta entonces por qué no toman medidas, dijo la abogada María Gómez, defensora de oficio.
Gómez relató que este martes recibió el testimonio de un detenido con buena conducta, quien fue trasladado sorpresivamente de madrugada, y sin que mediara explicación del Servicio Penitenciario Federal.
La abogada relató que es un detenido de Buenos Aires, trasladado a la unidad de Batán en Mar del Plata —400 kilómetros al sur de la capital argentina—, y tiene miedo de que lo maten, porque se sabe que allí hay una fuerte rivalidad con los 'porteños', como se llama a los residentes del distrito federal.
En Batán murieron en forma violenta cinco reclusos en 2004. Según la letrada, la violencia está muy vinculada a las condiciones de vida en ese centro, que tribunales consideraron deplorables el año pasado, cuando ordenaron el cierre de tres pabellones.
Gómez patrocinó denuncias de torturas en prisiones bonaerenses, en las que murieron 37 presos en los primeros dos meses de este año. La cantidad víctimas es cinco veces mayor que en el mismo período de 2004.
En esa provincia, la más poblada de Argentina, las aberrantes condiciones de detención y las constantes denuncias de malos tratos y torturas fueron recogidas en un informe presentado en 2004 por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo estatal independiente.
El estudio El sistema de la crueldad. Corrupción y tortura en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires describe un panorama marcado por el uso de cubículos sin ventilación como celdas, retretes sin agua corriente, ventanas sin vidrios y salas de tortura, duchas sin agua caliente y escasez general de alimentos y medicinas.
Una situación igualmente denigrante, que da pie a graves episodios de violencia, existe en la occidental provincia de Mendoza. En el último año murieron 16 detenidos en una misma prisión mendocina, Casa de Piedra, con capacidad para 800 reclusos y una población real de 2.400.
El caso más espeluznante de esa prisión fue el de Sergio Salinas, un joven que padecía atrofia cerebral congénita y un pasado de cinco internaciones psiquiátricas. Pese a su condición de inimputable, recibió una condena de reclusión por intento de asalto.
Asesinado en Casa de Piedra en diciembre de 2004, su cuerpo fue completamente mutilado. El tronco apareció en una bolsa de residuos y el resto del cadáver fue repartido en distintos pabellones del penal. Ni ese ni otros crímenes fueron esclarecidos por la justicia.
A raíz de esos crímenes de los detenidos en Mendoza, a fines de 2004 llegó al país una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano del sistema de la Organización de Estados Americanos. La misión elevó un informe a la Corte Interamericana Corte Interamericana, que podría derivar en sanciones al Estado argentino.
La Comisión intervino a raíz de que un grupo de abogados mendocinos había advertido que los presos vivían en permanente riesgo de sufrir ataques contra su vida, en el contexto del gravísimo hacinamiento que ha derivado en violencia con muertes de internos.
En América Latina las prisiones, lejos de ser lugares donde los reclusos y reclusas reparan el daño causado y se rehabilitan para volver a la sociedad, se han convertido en depósitos de seres humanos y verdaderas escuelas del delito, afirma el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).
De 18 países estudiados por el Ilanud en 2003, en todos se comprobó exceso de reclusos en los edificios carcelarios, pero en 15 de ellos el hacinamiento era crítico, es decir, con densidades iguales o superiores a 120 por ciento de su capacidad.
En muchos países la mayoría de presos ni siquiera han recibido sentencia firme. Por ejemplo, 79 por ciento de los internos de las cárceles de Honduras esperan que los jueces definan su situación, en Uruguay ese porcentaje es de 72 por cada 100, en Ecuador de 70, en Perú de 67, en Panamá de 58 y en Bolivia de 56.
Como resultado, muchas de las personas acusadas pasan generalmente meses y hasta años privadas de su libertad antes de ser sentenciadas o declaradas inocentes, afirma el Ilanud.
