Las organizaciones no gubernamentales presionaron esta semana para obtener una condena de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU al régimen de Nepal, convertido en los últimos meses en un prototipo de violador de esas garantías.
Las entidades de la sociedad civil Amnistía Internacional, Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y Human Rights Watch, de destacada actividad en el campo de los derechos humanos, pretenden que el organismo especializado de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) coloque al gobierno de Nepal en la lista de autores de los peores excesos.
Nicolas Howen, secretario general de la CIJ, describió que Nepal atraviesa un momento crucial en la historia de sus esfuerzos por la democracia y los derechos humanos.
Este viernes varios cientos de personas fueron detenidas en la represión contra manifestantes convocados por fuerzas políticas en conmemoración de los 15 años de la adopción de la democracia parlamentaria, hoy suprimida.
Desde el golpe de Estado que el rey Gyanendra asestara el 1 de febrero, en lugar de mitigarse el régimen de emergencia impuesto se ha asistido a una intensificación de la violencia contra los civiles en los conflictos que se libran en el interior del país, sostuvo Howen.
La raíz del conflicto principal es la insurrección armada que libran desde 1996 las fuerzas dirigidas por el Partido Comunista de Nepal, que se declara de tendencia maoísta, en referencia a las ideas del desaparecido líder revolucionario chino Mao Zedong (1893-1976).
Howen encabezó en noviembre una misión de la CIJ a Nepal, donde observó un cuadro de drástico deterioro de los derechos humanos, con el empleo de tácticas brutales por parte de la guerrilla, mediante abusos contra civiles que incluyen torturas y ejecuciones arbitrarias.
A la vez, el monarca y su gobierno han cerrado las últimas puertas que quedaban a los nepaleses para ejercer sus libertades y derechos humanos fundamentales, dijo el activista.
Arjun Karki, presidente de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de Nepal, confirmó este viernes en Ginebra el panorama pintado por Howen.
Desde 1996 han sido asesinadas más de 10.000 personas en Nepal, dijo Karki, y el número de personas ejecutadas, arrestadas o mantenidas en detención incomunicada ha aumentado desde el golpe de Estado de febrero, afirmó.
El dirigente de la CJI estimó que la cantidad de detenidos llegaba posiblemente a unas 900 personas o aún más, antes de los cientos de arrestos de este viernes, pese a que ha habido algunas excarcelaciones.
Aunque Loubna Freih, directora de Human Rights Watch en Ginebra, interpretó que esas liberaciones corresponden a las tácticas dilatorias del gobierno nepalés, que coloca algunas cortinas de humo.
La sociedad civil cree que se tratan de mejoras cosméticas de los derechos humanos, dijo la activista de la organización humanitaria con sede en Nueva York.
El rey Gyanendra arguye que sus políticas de los últimos tiempos tienen por objetivo el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de la paz. Pero Karki entiende que sólo contribuirán a intensificar el conflicto en el país.
Las estructuras de gobierno de Nepal ya no responden al pueblo y están sometidas al régimen militar, sostiene el activista nepalés. La militarización es evidente como lo demuestra el hecho de que para las recientes designaciones de embajadores del país en Francia, Tailandia, Myanmar y la ONU se escogiera oficiales de las Fuerzas Armadas, insistió.
Los dirigentes de las organizaciones defensoras de derechos humanos declararon su confianza en los resultados de una iniciativa, que atribuyen al gobierno de Suiza, para lograr una condena al régimen de Katmandú. La gestión de Berna cuenta con apoyo de la Unión Europea, y en particular de Gran Bretaña y Dinamarca, mencionó Freih.
Respecto de Estados Unidos, Freih dijo que el gobierno de George W. Bush teme que una fuerte presión sobre las autoridades de Nepal pueda favorecer a los maoístas.
Los activistas reclaman que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU designe un relator especial sobre la situación de las garantías básicas en Nepal, con la misión de verificar las violaciones que se cometen.
Al mismo tiempo, solicitan que la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos asuma una fuerte presencia en el país, para comprobar también los abusos.
Tenemos entendido que Suiza solicita la creación del cargo de un relator especial, con una resolución que coloca al tema en el punto 9 del orden del día de la Comisión, explicó Freih.
El punto 9, que corresponde al examen de las situaciones de derechos humanos en países individuales, es considerado deshonroso por los gobiernos investigados en la Comisión que sesiona en Ginebra.
Empero, el jefe de la delegación suiza ante la Comisión de Derechos Humanos, embajador Blaise Godet, negó a IPS que exista una iniciativa suiza en el caso de Nepal. La gestión diplomática de Berna se limita a una coordinación entre los países donantes para ese país, explicó.
En oposición a las declaraciones de Freih, el embajador Godet manifestó que espera obtener en la Comisión de Derechos Humanos una resolución que evite una condena a Nepal, como sería su inclusión en el punto 9.
El plazo para presentar resoluciones vinculadas al punto 9, sobre situaciones individuales, vence el lunes próximo a las 15:00 horas de Ginebra, cuando comienza la sesión vespertina de la Comisión.
Las votaciones de las resoluciones del punto se efectuarán los días 14 y 15 de este mes si se mantiene el actual ritmo de sesiones sin mayores atrasos. La Comisión concluirá sus discusiones anuales el 22 de abril. (
