Un año después del atentado contra la madrileña estación ferroviaria de Atocha, expertos advierten que la Unión Europea (UE) está atrasada en la implementación de normas antiterroristas aprobadas ya en 2001.
El atentado con explosivos, que el 11 de marzo de 2004 acabó con la vida de más de 190 personas y dejó 1.500 heridos, fue cometido por una célula islamista en protesta por la presencia de España en la fuerza ocupante en Iraq.
Así como el ataque que dejó 3.000 muertos en Nueva York y en Washington el 11 de septiembre de 2001 desató medidas de emergencia en Estados Unidos y en todo el mundo, el de Madrid llevó a la UE a ponerse en guardia ante el terrorismo.
Los líderes del bloque se comprometieron después de los atentados a hacer todo a su alcance para combatir todas las formas de terrorismo, así como un paquete de medidas.
La cumbre de la UE (Consejo Europeo) llamó a los países miembros a implementar con urgencia las medidas establecidas en el Plan de Acción contra el Terrorismo en 2001, entre ellas la instrumentación de un sistema continental de orden de búsqueda y captura.
También figuraba en el paquete la creación del cargo de coordinador antiterrorista, a cargo de armonizar las prácticas de los distintos países.
Bajo la guía del jefe de la Política de Relaciones Exteriores y Seguridad del bloque, Javier Solana, el coordinador, el holandés Gijs de Vries, tiene entre sus funciones clave presionar a los gobiernos para que conviertan las directivas europeas en legislación.
También debe establecer diálogos extrabloque, como, por ejemplo, con las autoridades estadounidenses sobre seguridad marítima.
Pero casi un año después de su designación, el propio De Vries y otros expertos en seguridad cuestionan las limitaciones de su función, pues la responsabilidad de la lucha antiterrorista recae fundamentalmente en manos de los 25 gobiernos nacionales.
Entrevistado por el diario británico Financial Times, De Vries sostuvo que las redes de intercambio de inteligencia están aún en su infancia, y que la coordinación entre jueces y policías es muy pobre.
El funcionario admitió que Bruselas carece de poder en materia de seguridad, y que su función se ve limitada a la supervisión de los esfuerzos nacionales y a alentar la coordinación.
Mi responsabilidad es asegurarme de que los diferentes consejos (de ministros europeos) trabajen juntos. La seguridad sigue siendo una competencia nacional, y esa es una decisión política de nuestros líderes, sostuvo el holandés De Vries.
También consideró que dentro de las distintas naciones del bloque queda mucho por hacer. Debemos acelerar la implementación de nuestra legislación en varios de nuestros países, sostuvo.
Una de las medidas inmediatas impuestas tras el atentado de Madrid fue reducir la suma en efectivo que puede cruzar las fronteras europea sin declarar a 10.000 euros (13.300 dólares).
Los países también tratan de armonizar sus normas sobre registros de llamadas telefónicas o transferencias electrónicas de datos. Hoy, estos registros se mantienen un par de meses, por lo general, pero se procura elevar el periodo a un año.
Pero muchas de estas medidas originaron desacuerdos sobre detalles prácticos, o, sencillamente, no se han puesto en vigor.
Alcanzar un consenso en la UE es una tarea complicada por el hecho de que las respuestas nacionales al terrorismo varían con mucha amplitud, a causa de la diversidad de tradiciones legales y del alcance de la amenaza en cada uno de los países.
Por lo tanto, los críticos consideran que la UE realizó pocos avances el año pasado, tanto en coordinación como en acciones judiciales, policiales y de inteligencia. Y aquellas medidas que pudieron implementarse han chocado con conflictos políticos y burocráticos.
La UE anunció varias propuestas en materia de intercambio de información entre jueces y policías, pero los pasos concretos dependen de los gobiernos. Las autoridades del bloque carecen de poder real para castigar a los países miembros en caso de que no cumplan con sus compromisos.
La Comisión Europea, rama ejecutiva de la UE, planifica que toda la información de inteligencia de un país quede a disposición de las autoridades especializadas del resto de los países. Pero en algunos eso requiere una autorización judicial, requisito que no corre en el resto.
Mientras, la Policía Europea (Europol) reactivó su grupo de trabajo antiterrorista poco después del atentado de Atocha. Pero cuenta con apenas 30 analistas para esa tarea.
