La comunidad internacional y el gobierno de Nepal tienen visiones diametralmente opuestas sobre el cumplimiento de las convenciones mundiales en materia de derechos humanos.
Mientras la Comisión de Derechos Humanos de la ONU analiza críticamente en Ginebra la situación en Nepal, la dictadura del rey Gyanendra parece echar combustible al incendio al alentar represalias de la población contra rebeldes maoístas.
Con el recrudecimiento de las operaciones militares y la intervención de civiles en la lucha contra los maoístas, la guerra civil ha alcanzado nuevos niveles de violencia.
El 17 de este mes, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Louise Arbour, sostuvo que las peores violaciones de la actualidad se cometen en Nepal y en Sudán.
Al día siguiente, el foro mundial y agencias donantes advirtieron que el país del Himalaya está a punto de sufrir una crisis humanitaria. Y reclamaron a las fuerzas de seguridad y a los insurgentes que no bloqueen la asistencia necesaria para proteger a la población civil.
Desde el mes pasado, milicias del meridional distrito de Kapilvastu, donde nació Buda, mataron a 31 supuestos maoístas o simpatizantes de la guerrilla, alentados por funcionarios del gobierno y oficiales militares.
En represalia, los maoístas se cobraron hasta ahora la vida de 16 personas.
Miles de personas han huido del área e incluso han cruzado la frontera india. La tensión persiste. Esto es de todos contra todos, dijo Narayan Prasad Poudel, presidente de la filial de la Federación de Periodistas Nepaleses en el distrito.
Pero la justicia paramilitar resultó contraproducente, según Poudel, quien vive Taulihawa, el principal centro urbano de Kapilvastu.
Más de 11.000 nepaleses murieron desde que la guerrilla maoísta lanzó en 1996 una guerra popular, con el objetivo de establecer una república comunista en este país.
El rey Gyanendra, quien el 1 de febrero dio un golpe de Estado ampliamente condenado por la comunidad internacional, sostuvo que su acción respondía a la falta de resultados en la lucha contra la insurgencia por parte del gobierno anterior.
En Kapilvastu reina la confusión. Nepaleses procedentes de las zonas montañosas radicados en la llanura fértil del distrito, temen a las comunidades locales, que mantienen lazos familiares con la cercana India. Mientras, éstas dicen ser el blanco de ataques de los montañeses.
Al mismo tiempo, musulmanes temen a sus vecinos hindúes. Está todo muy volátil, consideró Poudel.
El conflicto comenzó el 16 de febrero, cuando los maoístas secuestraron en Ganeshpur a Prem Bahadur Bhujel, un policía retirado muy querido en el poblado que se preparaba para celebrar una boda familiar.
Al día siguiente, unas 300 personas armadas con palos comenzaron la búsqueda de Bhujel y sus secuestradores. Lo encontraron encerrado en un corral, atado de pies y manos y con los ojos vendados.
Las versiones de lo que ocurrió después son contradictorias. Algunos aseguran que los pobladores entregaron a los captores de Bhujel a cuarteles del ejército y luego los obligaron a volver a su campamento para matar a sus camaradas maoístas.
Otros afirman que quienes encontraron al policía lincharon a sus secuestradores en el acto.
El infierno se desató cuando el día 21 tres ministros del gabinete del rey Gyanendra se personaron en Ganeshpur para exhortar a los pobladores a tomar nuevas represalias contra los maoístas.
Eso encendió las llamas, dijo Tilak Pokharel, un periodista que visitó 10 poblados de Kapilvastu entre el 9 y el 12 de marzo, mientras las hordas enfurecidas les prendían fuego.
Al menos 30.000 personas atravesaron la frontera con India y es posible que muchos de ellos no regresen, agregó Pokharel.
Azuzados por el gobierno, 305 de las 325 viviendas de Hallanagar, un supuesto bastión maoísta, fueron pasto del fuego.
En un informe publicado el 15 de marzo por el diario The Kathmandu Post, Pokharel sostuvo que los pobladores se vieron motivados por años de represión a manos de los maoístas. Pero la presión de las milicias paramilitares y de las propias fuerzas de seguridad fueron también evidentes, apuntó.
La represalia del 18 de febrero fue espontánea. Pero lo que sucedió luego, no, dijo Poudel.
El gobierno no da muestras de arrepentimiento. En una de sus primeras apariciones ante la prensa después del golpe de Estado, el ministro de Información, Tanka Dhakal, dijo que los pobladores se vieron obligados a tomar acciones de represalia con coraje y deseando la paz.
En áreas donde el pueblo toma acciones por sí mismo, el gobierno presentará paquetes integrados de desarrollo como incentivo, agregó.
Días después, altos oficiales del ejército anunciaron en Kapilvastu que las víctimas de los maoístas recibirían paquetes de ayuda gubernamental.
Una frágil paz podrá alcanzarse en los próximos días, pero podría caer como un castillo de naipes ante el menor incidente, según los pobladores del distrito.
Mientras, continúan huyendo personas hacia India. Los menos pobres suelen tener familiares con los que contar allí, pero los más pobres son motivo de preocupación.
Los pobres nepalíes no tienen raíces en ninguno de los dos lados de la frontera y pueden ser fácilmente manipulados por grupos de interés, dijo un activista dedicado al trabajo humanitario.
Por ahora, la seguridad se ha afianzado a niveles sin precedentes. Hace un mes, había apenas 200 soldados. Hoy, son entre 1.000 y 1.200. La prueba de fuego, según los residentes en Kapilvastu, será cuando los militares comiencen a trasladarse a otros puntos candentes.
Un alto oficial de la policía del distrito admitió que alentar las represalias fue un error. Pronto nos dimos cuenta de que la situación se nos fue de las manos, afirmó. Semanas después, el gobierno aún no da muestras de querer admitirlo. (
