Si alguien manipula o comercia transgénicos sin permiso o los usa para fabricar armas, será multado hasta con 127.600 dólares, estipula una flamante ley de bioseguridad aprobada en México, que podría marcar rumbos en toda América Latina, para irritación de grupos ambientalistas.
México tomó la delantera al aprobar a mediados de mes la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la primera que reúne con amplitud todo lo relativo al uso de esta biotecnología en agricultura e introduce previsiones para evitar que derive en la creación de armas biológicas.
Más de 22,6 millones de hectáreas de América Latina ya están cubiertas con cultivos transgénicos, una superficie que abarca porciones de ocho de los países de mayor biodiversidad del mundo (Brasil, Colombia, México, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Costa Rica). Pero las normas en la materia son desiguales y están dispersas.
Es una lástima que se haya aprobado la ley mexicana, pues ahora nuestros países la querrán tomar como ejemplo, cuando se trata de una ley terrible, pues se alinea con los intereses de las transnacionales, dijo a Tierramérica la directora del programa de biotecnología de la no gubernamental Unidad Ecológica de El Salvador, Morena Murillo.
En ese país centroamericano se discute desde el año pasado una normativa general sobre bioseguridad, como sucede también en Brasil, Guatemala y Paraguay.
Debates mundiales en curso y acuerdos internacionales como el Protocolo de Cartagena apuntan a regular el uso de los transgénicos, pues se teme que esos organismos impacten de forma negativa en la salud y el medio ambiente.
Las semillas transgénicas fueron desarrolladas en los años 80 con el fin de mejorar diversas características de las plantas, entre otras, su resistencia a plagas y a factores climáticos, su carga vitamínica y su aspecto y color.
La técnica consiste en la introducción de genes de otras especies, vegetales o animales, mediante vectores que suelen ser virus o bacterias.
La ciencia no tiene aún respuestas concluyentes sobre la inocuidad o peligrosidad de los transgénicos para el ambiente y la salud humana.
Pero un caso documentado es el de maíz contaminado en Estados Unidos con un pariente transgénico, llamado Starlink, que tuvo que ser retirado del mercado en 2000 tras registrarse casos de alergia en consumidores.
Los científicos mexicanos Bolívar Zapata, premio Príncipe de Asturias en Ciencia y Tecnología, y Luis Herrera, uno de los padres de la biotecnología, sostienen que la ley dictada en su país se adapta a la realidad que impone la existencia de los transgénicos.
Ojalá que su contenido guíe a otros países, señalaron a Tierramérica ambos investigadores.
La ley mexicana puede ser de gran ayuda para quienes estén interesados en desarrollar sus propias legislaciones, dijo Herrera, quien junto a otros investigadores creó en 1983 la primera planta transgénica en la Universidad de Gante, Bélgica.
Pese a la expectativa de los científicos, en la mayoría de países de América Latina la aprobación de la ley mexicana pasó casi desapercibida.
En la región hay diversas legislaciones que en general establecen comisiones especiales para estudiar el impacto de la liberación de transgénicos, poner límites a su cultivo y sancionar a quienes provoquen daños. Para los ecologistas, la mayoría de esas leyes fue superada por la realidad y debe actualizarse.
En Argentina, estos cultivos son regulados por una ley de semillas de 1973 a la que se han agregado numerosos decretos reglamentarios. Este país tiene la mayor superficie sembrada con transgénicos de América, detrás de Estados Unidos.
En Brasil, tercero en producción de estos vegetales en el continente, la ley de bioseguridad de 1995 fue quedando en el olvido debido a la siembra ilegal, pero tolerada, de soja transgénica, y de un agitado debate público en torno a una nueva norma.
El proyecto sobre bioseguridad que se discute actualmente en el parlamento difícilmente se aprobará, pues contraviene la Constitución y no obliga a realizar estudios de impacto ambiental, dijo a Tierramérica Paulo Pacini, abogado del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, grupo que ha llevado a los tribunales su protesta por la siembra de soja modificada.
En Chile sólo se autoriza el ingreso de semillas transgénicas para su multiplicación y posterior exportación, y rige un decreto gubernamental sobre la materia de 1993.
El gobierno chileno prometió dos años atrás que presentaría un proyecto sobre bioseguridad, pero ante un clima político poco favorable, terminó archivando su iniciativa. En Chile la superficie sembrada con transgénicos no supera las ocho mil hectáreas.
Chile no cuenta con la capacidad instalada para controlar y fiscalizar la liberación indiscriminada de transgénicos, dijo a Tierramérica Juan Carlos Cuchacovich, coordinador de la campaña de ingeniería genética de Greenpeace Chile.
La situación en Perú no parece muy diferente.
En ese país está vigente desde 1999 la Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología, pero según una evaluación de expertos en el marco de un proyecto de Naciones Unidas, la norma tiene varias deficiencias y no se ha puesto en práctica en su totalidad.
Los científicos y ambientalistas consultados por Tierramérica opinan que debería considerarse con atención la norma mexicana para replicarla o no repetirla.
Quienes se oponen a los transgénicos, sostienen que legislación, aprobada en medio de protestas, debería llamarse ley Monsanto, en alusión a la corporación transnacional que lidera la producción mundial de semillas transgénicas y, que ejerció presión por su aprobación junto a otras compañías.
En 124 artículos, 33 páginas y decenas de agregados, el texto establece el impulso a la investigación biotecnológica y crea mecanismos de vigilancia para el ingreso de productos, entre ellos el etiquetado obligatorio de semillas.
La normativa establece la intención de enfrentar los potenciales impactos ambientales negativos de los organismos genéticamente modificados, pero también aprovechar sus presuntas ventajas.
Se crea un esquema de autorización para el ingreso de transgénicos caso por caso y paso por paso en el que participarán varios ministerios, asesorados por un comité especial de científicos, los que a su vez podrán pedir opiniones de la sociedad civil.
Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México, dijo a Tierramérica que la ley tiene aspectos positivos, pero también vacíos y errores, pues se hizo a espaldas de la sociedad civil.
Más que velar por la bioseguridad, la ley apuesta por desarrollar la biotecnología, y no contiene un marco adecuado para que las comunidades sean informadas dónde se liberarán transgénicos ni les da un espacio para actuar contra esos proyectos, afirma Greenpeace.
Además, la ley crea un fondo para el desarrollo de la biotecnología, pero no otro para paliar los daños que la liberación de transgénicos pueda provocar, añade la organización.
A juicio del científico Zapata, el rechazo a los transgénicos obedece a la ignorancia y el miedo a lo nuevo.
Herrera y Zapata afirman que en los años en que los transgénicos se han cultivado y consumido en el mundo no ha surgido ninguna evidencia de que puedan provocar problemas al medio ambiente o a la salud. Es una tecnología que llegó para quedarse, vaticinaron.
* El autor es corresponsal de IPS. Con aportes de Daniela Estrada (Chile), Jorge Grochembake (Guatemala), Mario Osava (Brasil) y Marcela Valente (Argentina). Publicado originalmente el 26 de febrero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
