Apenas compraron tierras con un crédito que gestionaron de forma colectiva, los campesinos ecuatorianos de San Francisco, en el norteño departamento andino de Imbabura, dividieron la propiedad en pequeñas parcelas individuales para cada familia.
Sienten que en lo colectivo todo es de todos y nada es de nadie, explicó a IPS el integrante del no gubernamental Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, Wilson Navarro, en la conferencia de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC, por sus siglas en inglés) realizada en esta ciudad del oriente boliviano desde el domingo hasta este jueves.
Ven el pasado y afirman que la propiedad colectiva la impuso el colonizador, y miran al futuro y quieren dejar un pedazo propio para los hijos, dijo Navarro. Pero, en cambio, hacen colectivos los servicios -desde el agua hasta la cancha de fútbol— y el trabajo, en forma de minga, institución precolombina para labores en conjunto, describió.
Un título de tierras, un trozo de papel que ofrezca la certeza de arar suelo seguro, sigue siendo el objetivo de millones de campesinos en todo el mundo, aun cuando para obtenerlo se consuman hasta dos generaciones y una vez obtenido se compruebe que no basta para salir de la pobreza, por las llamadas reformas agrarias incompletas.
En Venezuela, el gobierno lanzó una reforma agraria que ha ocupado haciendas ganaderas y entregado cartas agrarias, documento para la operación provisional del fundo por una cooperativa o por aparceros individuales, que se aprestan a recibir del Estado créditos y maquinaria.
En Zimbabwe, descolonizado hace apenas un cuarto de siglo, los títulos estuvieron en manos de los colonizadores (blancos) y la mayor parte de los productores del campo fueron a las áreas marginales, por lo que son problemas asociados a la lucha por la independencia, recordó en el foro de la ILC el activista Tanyaradzwa Furusa.
La inmersión de la lucha por un título de tierra dentro de causas aún mayores cobra sentido precisamente en la anfitriona Bolivia, donde comunidades indígenas, en su proceso de afirmación como pueblos originarios, reclaman derechos colectivos sobre enormes extensiones territoriales.
Demandamos seguridad jurídica sobre nuestra tierra, para conservarla con aguas, plantas y animales, dijo a IPS el dirigente indígena Anacleto Supayabe, de la comunidad amazónica yuracaré-mojeño, que reclama 100.000 hectáreas. Todo será de todos, cada familia tendrá apenas el trozo necesario para vivir, agregó su paisano David Góngora.
Pero en otra área de esta provincia de Santa Cruz, el colono (campesino indígena aymara proveniente de las tierras altas) Esteban Aladi dijo a periodistas que lo que requerimos son los títulos para poder buscar créditos y desarrollar nuestras parcelas.
En India, la lucha por un título de propiedad a menudo es tan complicado que puede consumir unos 50 años, dos generaciones, recordó la dirigente Rohini Reddy, de la Asociación de Asia del Sur para la Reconstrucción Rural. Baste recordar que India tiene 28 estados y cada uno sus propias leyes al respecto, agregó.
En algunos países de Asia es imposible empezar a hablar de reforma agraria si no se habla de tenencia segura, observó Isabel Lavadenz, del buró asiático del Banco Mundial. No necesariamente administración de tierras es titulación, sino tenencia segura, dijo a experta.
Apeló también al ejemplo de India, donde, según estadísticas tímidas, 60 por ciento —y en algunos estados puede ser 90 por ciento— de todos los juicios civiles en las cortes son originados por problemas de tierras, y algunos llegan al ámbito penal.
Quienes se resisten a la reforma, como las federaciones de grandes agricultores y ganaderos de Venezuela, esgrimen entre sus argumentos es el de la inseguridad jurídica creada cuando el Estado no les reconoce títulos de casi cien años y reproduce el problema con la entrega de documentos provisionales a los nuevos productores.
La ILC sostiene que la provisión pública de derechos de propiedad ayuda a prevenir la disipación de recursos, brindando seguridad, en la forma de menos recursos requeridos para proteger los derechos, e incentivos a la inversión en su potencial productivo, dijo su presidente, Bruce Moore.
Para la Coalición, el acceso seguro a la tierra es un requisito para la superación de la pobreza en el mundo, porque 800 de los 1.100 millones de indigentes que hay en el mundo son habitantes de zonas rurales, en su mayoría campesinos sin tierra, comunidades indígenas u otros grupos excluidos de los circuitos económicos.
Reducir en 50 por ciento la proporción de población mundial indigente para 2015 es la primera de las ocho Metas de Desarrollo del Milenio, adoptadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2000.
Un flanco a considerar es la mayor exclusión de las mujeres en el acceso a la tierra. Un estudio hecho por Carmen Deere, del Centro Latinoamericano de la estadounidense Universidad de Massachusetts, sobre 13 reformas agrarias de la región a lo largo el siglo XX, mostró que nunca más de 17 por ciento de mujeres fueron adjudicatarias.
Una excepción fue el caso de Cuba, donde cinco por ciento de quienes recibieron tierras en forma individual fueron mujeres, pero era femenina 35 por ciento de la membresía de las cooperativas a las que se entregó tierra en forma colectiva.
Lisa del Grande, de la Asociación para el Avance Rural de Sudáfrica, defendió la búsqueda de títulos colectivos como una garantía contra la venta a grandes propietarios y para la defensa de los derechos de la mujer dentro de la propiedad común.
Además, la entrega de títulos individuales induce al Estado a lavarse las manos y desentenderse de sus otras responsabilidades para asegurar el desarrollo, agregó.
Roger Juárez, de la Federación de Cooperativas Agropecuarias de Nicaragua, dijo a IPS que nosotros no debemos 'casarnos' con una u otra forma de propiedad, o con alguna de sus mezclas, sino que cada comunidad decida.
Nicaragua es una buena muestra de reformas agrarias inconclusas pues se repartió la tierra entre los campesinos pero no se hizo el registro correspondiente y, mientras los antiguos propietarios todavía la reclaman, los nuevos ocupantes no tienen como garantizar un préstamo ante la banca privada, dijo Juárez.
Sin embargo, según expertos como Lavadenz, el problema de fondo no es la titulación o el catastro y menos el levantamiento de mapas, sino la seguridad de la tenencia para impulsar la producción y los objetivos de combatir la pobreza.
La ILC acogió en su declaración final que la seguridad de los derechos sobre la tierra puede adquirir variadas formas.
