Desempleados de Argentina, experimentados en resistir desalojos y ocupar tierras, idearon un proyecto de vivienda, consiguieron crédito para construirlo y ahora tienen empleo, un lugar digno donde vivir y una empresa constructora que pelea en el mercado.
Los 11 edificios del Conjunto de Viviendas Parque Patricios están emplazados en la zona sur de la capital argentina. Son 326 apartamentos amplios y luminosos, de dos y tres dormitorios, erigidos en un predio de 18.000 metros cuadrados, en el que habrá además 10 locales para tiendas, un parque y una guardería infantil.
Un préstamo de 16 millones de pesos (unos 5,5 millones de dólares) fue otorgado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del Programa de Autogestión para la Vivienda. El organismo sometió el proyecto a una serie de controles muy estrictos antes de aprobar el que ahora es insignia de los planes en cartera.
Tenemos 467 viviendas en construcción por el sistema de autogestión, de las cuales 326 son de este proyecto, explica a IPS el ingeniero Ernesto Selzer, director del Instituto. El préstamo no es ningún regalo, y el predio y los ladrillos están hipotecados hasta que se cancele completamente la deuda.
El proyecto tenía que ser económica y técnicamente viable y pasar por controles de distintos organismos del gobierno. También debía cumplir los plazos previstos.
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Por suerte, (los beneficiarios) están cumpliendo muy bien, destaca Selzer. Sin embargo, el Instituto no es un banco, sino que procura garantizar el acceso a la vivienda de los grupos sociales más vulnerables.
Argentina tiene 44 por ciento de sus 37 millones de habitantes viviendo en la pobreza.
El préstamo se otorgó a una cooperativa de trabajadores desempleados especialmente constituida. Varios arquitectos asesoraron gratuitamente a los cooperativistas para la presentación del proyecto y ahora trabajan en la obra. Finalizado el barrio, el monto se subdividirá por el número de viviendas y cada familia será responsable por su deuda.
El escenario de la construcción es un hormiguero. Las mujeres controlan la entrada y salida de operarios por una puerta pequeña, los portones se abren para el ingreso de camiones repletos de materiales. Es mediodía, y algunos almuerzan en el comedor mientras otros aprovechan para ir a cobrar sus haberes.
Hace 15 días que pido los clavos, así no puedo trabajar, reclama ofuscado uno de los capataces a Carmen Cirano, que no se detiene un segundo dentro y fuera de su oficina en la obra. Es la líder del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y secretaria de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Emetele Limitada.
En su despacho, regatea durante horas los precios con los proveedores.
Allí la custodian las imágenes del revolucionario argentino-cubano Ernesto Che Guevara, del héroe de la guerra de independencia argentina José de San Martín, del caudillo uruguayo José Artigas, del libertador Simón Bolívar, de Salvador Allende (presidente chileno entre 1970 y 1973) y de la recién fallecida líder comunista de Chile, Gladys Marín.
Las mujeres fuimos el motor de este proyecto porque los hombres se ponen mal cuando se quedan sin empleo, pero como nosotras no podemos cargar bolsas de 50 kilos de cemento, apoyamos en lo que podemos, y en lo que no, trabajan nuestros compañeros, aunque no sean militantes del MTL, dice Cirano a IPS.
La dirigente tiene larga trayectoria en resistencia a desalojos de familias pobres en la capital argentina. A partir de esa experiencia, observó que el subsidio que el Estado municipal otorgaba para pagar habitaciones en hoteles baratos a cada desalojado era un presupuesto millonario que podía ser utilizado con mejor destino.
Creamos las casas comunitarias. Alquilábamos una casa y cada familia desalojada ocupaba transitoriamente uno o dos ambientes. Así le ahorramos al Estado 60 por ciento de lo que gastaba en hoteles, y empezamos a ver que había mucha gente capaz de llevar adelante un proyecto de autogestión para su vivienda, relató.
En su opinión, la experiencia del MTL es distinta a la del Movimiento sin Tierra de Brasil y a la de las cooperativas de vivienda de Uruguay. El MTL cree que la cooperativa debe desaparecer una vez se termine el proyecto, y cada propietario debe hacerse responsable de devolver lo que el Estado le prestó.
El desafío principal aquí no es la construcción, sino la recuperación de la dignidad y el desarrollo de una nueva cultura. Por eso es que las viviendas no están asignadas a priori. Estamos discutiendo los criterios para definir quiénes serán merecedores de cada una de las unidades, advirtió.
En la cooperativa trabajan unos 250 operarios. Las mujeres se ocupan de la vigilancia, la limpieza y la cocina. Marisol Hczenik trabaja en la cocina. Con 32 años, es viuda y tiene dos hijos. Su esposo fue asesinado en su barrio, la Villa 21, un asentamiento precario situado en un lugar céntrico de Buenos Aires.
Erradicar los asentamientos (villas miseria, como se los llama en Argentina) es una de las Metas de Desarrollo del Milenio adoptadas por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2000.
De hecho, esa plataforma se propone lograr para 2020 una significativa mejora en la vida de al menos 100 millones de habitantes de asentamientos.
La ONU (Organización de las Naciones Unidas) estima que en 2001 había 924 millones de personas viviendo en estos barrios insalubres en todo el mundo.
Pero la vivienda no es la meta última del proyecto para personas como Hczenik. Queremos demostrar al Estado que podemos constituirnos como una empresa constructora social que opera con un costo 40 por ciento menor al de las compañías contratadas por el sector público, afirma Cirano.
Por eso están capacitando a muchos de los integrantes de la cooperativa que, al comienzo, apenas sabían agarrar una pala y ahora son oficiales de obra. Necesitaron formar trabajadores en oficios específicos vinculados a la electricidad, la carpintería o la plomería, y para eso se están dictando cursos.
Para ser competitiva, la empresa deberá mostrar eficiencia en los plazos de obra y en los costos, que deben ser más bajos que los de sus competidoras. Todo lo que se puede lo compramos a otras empresas autogestionadas, como por ejemplo el calzado, la ropa de los operarios o los materiales de imprenta, explicó Cirano.
En cambio, difícilmente adquieran las cerámicas para pisos a la fábrica Zanón, recuperada por sus trabajadores tras la quiebra de los dueños. Los costos de la competencia (de Zanón) son mejores y yo tengo que defender el presupuesto, dijo a modo de disculpa.
Al finalizar el diálogo, un capataz protegido con un casco amarillo se acerca a la entrada. Es José Alfredo Caputo, ex albañil desempleado durante un año. Desde 2004 trabaja en la cooperativa y desde mucho antes milita en el MTL.
Ahora cobra un poco más de 800 pesos por mes (unos 280 dólares), un salario que casi quintuplica el subsidio estatal de 150 pesos que recibía como jefe de hogar desempleado, al que renunció cuando consiguió trabajo en la cooperativa.
Esta es una experiencia muy interesante, porque puede ser modelo de una economía más justa y solidaria que genere una manera distinta de construir, dice Caputo, indicando que construir no se refiere solamente a la obra. Esto es un laboratorio social, y muchos lo están mirando, afirma.
Muchos activistas de organizaciones izquierdistas que organizan a los desempleados creen en el lema cuanto peor, mejor: más se profundiza la crisis social y la pobreza, tanto más cerca están las condiciones para avanzar hacia una transformación radical de la sociedad, observa Caputo.
Pero él no está de acuerdo. Nosotros rechazamos ese concepto. Creemos que la gente necesita estar mejor. Que se puede avanzar desechando lo que no sirve y tomando lo que sí. Y hay muchos en la izquierda que piensan igual. El problema simplemente es la falta de unidad, concluye el capataz antes de despedirse.
