El incendio en la discoteca República Cromañón, ocurrido tres meses atrás en la capital de Argentina, no sólo mató a 193 jóvenes. La pesquisa judicial intenta probar que fue posible por la existencia de una red de corrupción en el corazón del gobierno de la capital, que podría costar el puesto a su jefe.
Lautaro Blanco, de 14 años, murió en el local bailable. Su hermana Maylín, de 16, sobrevivió, pero estuvo 15 días en terapia intensiva. El padre, Pablo Blanco, se siente con fuerzas para reunirse con otros familiares, abogados y funcionarios, y sobre todo para exigir justicia.
Hasta hace poco no podía mirar la cara de Lautaro en la pancarta porque me largaba a llorar. Ahora ya no, me fui fogueando en esta lucha y siento que la pancarta es un instrumento para pelear, dijo Blanco a IPS, horas antes del acto previsto en la Plaza de Mayo de la capital para recordar a las víctimas de la tragedia.
Blanco cree que apenas ahora las investigaciones sobre las causas del incendio ingresaron en el camino lógico de averiguación de responsabilidad de los funcionarios. La justicia intenta determinar si hubo negligencia o corrupción en el funcionamiento de la discoteca durante un año sin que mediara una sola inspección de autoridades, policías ni bomberos.
El fuego en la noche del 30 de diciembre de 2004 en República Cromañón fue la mayor tragedia no natural de la historia argentina. Una bengala lanzada desde el público (práctica habitual en algunos recitales de rock) desató el incendio en el local cerrado con unas 3.000 personas dentro.
Las puertas de emergencia estaban trabadas con candados, la cantidad de público triplicaba el máximo permitido para las dimensiones del local, los materiales utilizados para aislar el sonido no eran resistentes a las llamas y despedían gases tóxicos.
Además, había una importante cantidad de niñas y niños en la discoteca, pese a que en ese horario el acceso de menores está prohibido.
La cantidad de víctimas fue 193 muertos y cerca de 800 heridos. Desde entonces el temor general por la falta de seguridad y de controles se extendió a las demás discotecas, a las escuelas, centros de recitales, conciertos, exposiciones y todo acto cultural o deportivo que reúna a multitudes, sobre todo en sitios cerrados.
La justicia detuvo al propietario de la discoteca, Omar Chabán, quien continúa preso y se niega a declarar. Sus socios en el negocio están prófugos. También fueron detenidos empleados de seguridad del local y el representante de la banda que tocaba esa noche, que fue procesado y luego quedó en libertad.
Pero las responsabilidades no terminan allí. El jefe de Gobierno de la Ciudad, el centroizquierdista Aníbal Ibarra, debió enfrentar a fines de enero una larga interpelación en la legislatura de la capital donde se lo cuestionó por falta de control a los locales bailables y se lo acusó de encubrir una red de corrupción.
Las primeras acusaciones señalaban que sus funcionarios ignoraron las advertencias reiteradas de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que había alertado sobre el riesgo de centenares de jóvenes que acudían cada fin de semana a discotecas sin las más elementales medidas de prevención contra incendios.
Luego las sospechas se orientaron a la existencia de una red de corrupción. Acorralado por las acusaciones, Ibarra intentó convocar a un plebiscito para legitimar su gestión mediante el respaldo popular, pero la estrategia está languideciendo, pues no se consiguen las firmas requeridas para habilitar la consulta.
Apenas ocurrido el siniestro, Ibarra aceptó la renuncia de los funcionarios encargados de controlar el área, el secretario de Justicia y Seguridad Urbana Juan Carlos López y la subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, entre otros dimitentes.
Ahora la justicia quiere saber si en esas áreas de control se había gestado un foco de corrupción orientado a recaudar dinero para financiar actividad política. Para eso, el juez comenzó a tomar declaración a inspectores y funcionarios y se apresta a interrogar en abril a Fiszbin y a otros ex funcionarios.
José Iglesias es abogado y su hijo Pedro, de 19 años, murió en la discoteca. La pérdida le dejó una llaga fenomenal, pero sólo la llora por las noches, o los fines de semana, pues el resto del tiempo trabaja intensamente para que se haga justicia, dijo a IPS.
Iglesias es optimista porque la causa se orienta hacia los funcionarios, a su juicio depositarios de las mayores responsabilidades.
Como otros familiares, Iglesias considera que Ibarra y demás autoridades son responsables de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, asociación ilícita y abandono de persona. Una denuncia sobre tales cargos se presentó ante la justicia este miércoles por las fallas del gobierno en la atención de la emergencia una vez que se desató el incendio.
Queremos llegar a fondo, porque en el área de inspecciones se manejaba una caja política comandada por la hermana del jefe de gobierno, la senadora Vilma Ibarra, y así lo mencionan algunos testimonios acreditados en la pesquisa y también funcionarios que aún no declararon, anticipó el abogado.
Iglesias se refiere a los testimonios de agentes públicos, según los cuales Fiszbin y otras autoridades capitalinas resolvían a puertas cerradas qué locales se controlaban y cuáles no. Asimismo asegura que en el ambiente político se sostiene que en el área de Fiszbin se recaudaba dinero ilegal para financiar actividad política.
Los familiares consideran que esa conducta se encuadra en la figura de asociación ilícita, delito penado con prisión. Si la justicia lo comprobara, alcanzaría al mismísimo jefe del gobierno de Buenos Aires, aseguran los denunciantes. (
