El alcalde de la capital de México, Andrés López Obrador, echa mano de dinero público y llama a la movilización y resistencia civil con el fin de saltar hacia una posible candidatura presidencial en 2006, para la cual de momento lleva las de ganar.
En la ofensiva contra un proceso judicial que podría inhabilitarlo como candidato, el alcalde del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) se dedica desde este mes a encabezar reuniones con simpatizantes y funcionarios de su administración y a organizar movilizaciones.
Por primera vez desde que asumió su cargo en 2001, López Obrador se reunió este miércoles con la prensa extranjera por casi dos horas, para alegar su inocencia y comentar sus estrategias políticas.
López Obrador consideró evidente que sus adversarios quieran desplazarlo de la carrera presidencial, pues ahora hay más posibilidades que nunca de que la izquierda gane la presidencia.
Todas las encuestas indican que si las elecciones presidenciales fueran ahora, el alcalde capitalino obtendría cerca de 35 por ciento de los votos, nueve o 10 puntos más que su posible inmediato competidor, el actual secretario (ministro) de Gobernación, Santiago Creel, del gobernante Partido Acción Nacional (PAN).
Pero ante la pregunta sobre el partido político que votarían para la presidencia, con independencia del candidato, el PAN lleva la delantera con 30 por ciento de las preferencias, seguido por el ex gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 23, y por el PRD, con 19 por ciento.
No hay dudas para los observadores de que López Obrador encabezará a su partido en los comicios de 2006, cuando concluya el período del presidente Vicente Fox.
Este mes, el parlamento podría votar sobre el levantamiento de la inmunidad del alcalde para permitir que un tribunal lo juzgue por desacato a una orden judicial.
El dictamen había ordenado a la alcaldía suspender obras de ingeniería pública en terrenos de un particular.
Según la ley, está inhabilitado como candidato (y para ejercer un cargo como el de alcalde) quien tenga en marcha un proceso judicial en su contra.
Pero las leyes no pueden estar sobre la voluntad del pueblo, dijo López Obrador.
Soy inocente y tengo la razón repitió ante los corresponsales de la prensa extranjera. Lo que se quiere es dar un golpe a la democracia, sostuvo.
López Obrador afirma que el juicio político que se le sigue en el parlamento es parte de la campaña para marginarlo políticamente, y coloca entre los responsables a la derecha, al gobierno de Fox y a los partidos adversarios, el PAN y el PRI.
El alcalde, de 52 años y 30 en la política, reconoció que está usando dineros públicos para movilizar a la sociedad y a los funcionarios de su administración contra el desafuero judicial.
El gasto está justificado, pues hay un ataque político contra un gobernante legalmente elegido, afirmó.
A fines de los años 80, López Obrador abandonó su militancia en el PRI, el partido que había gobernado por 70 años sin interrupciones, para sumarse a un movimiento nacional que se transformaría luego en el PRD.
Ahora, el alcalde convoca a sus seguidores a realizar una concentración en una plaza de la ciudad y a colocar carteles en sus casas y automóviles cuando el Poder Legislativo trate su desafuero.
Habrá una resistencia civil pero pacífica contra el desafuero, prometió.
Licenciado en ciencias políticas, López Obrador tiene experiencia en movilizaciones.
En los años 90, cuando fue dos veces candidato del PRD a la gobernación de su natal estado Tabasco, en el Golfo de México, organizó acciones de resistencia contra lo que consideró fueron sendos fraudes electorales que dieron la victoria al PRI.
Las denuncias de fraude eran habituales durante la presencia hegemónica del PRI en el poder.
Algunas de las protestas organizadas por López Obrador fueron dos marchas desde Tabasco hasta la capital y el bloqueó temporal de pozos petroleros.
Desde la semana pasada, se pueden ver carteles e imágenes a favor del alcalde en varios lugares de la capital, y en las prendas de vestir de funcionarios de la alcaldía, de sus colaboradores y de su guardia policial.
El PRD carece de votos para evitar un pronunciamiento contrario al alcalde en el parlamento.
Para varios analistas, López Obrador es un populista. El funcionario se proclama izquierdista, critica a los señorones (ricos), señala que las leyes son para el pueblo y lleva adelante planes de asistencia a los más pobres de la ciudad, mediante subsidios y endeudamiento.
Con esto del populismo hay que tener cuidado, pues todo lo que suponen (sus críticos) que se sale de las recetas de la ortodoxia económica es tachado de inmediato de populista, dijo el alcalde. Se trata de un truco bien ensayado.
Desde el año pasado, López Obrador recorre el país durante los fines de semana para presentar su libro Un proyecto alternativo de nación, de 162 páginas, donde recoge sus ideas sobre economía y política.
En libro se abre con una dedicatoria a todos los que han perdido la esperanza, y afirma que en el futuro su contenido dejará de ser una propuesta y se convertirá en un programa para la transformación y el engrandecimiento de México.
Parte de su contenido es repetido casi de memoria cuando los periodistas lo interrogan. El texto contiene capítulos dedicados a proyecto económico, el rescate del campo, pueblos indígenas, educación, cultura, democracia, política exterior y relaciones con Estados Unidos.
Se trata de un recetario de buenas intenciones, pero que no indican cómo concretarlas, opinó Soledad Loaeza, investigadora del Colegio de México.
Nadie podría estar en contra de lo que postula López Obrador cuando habla de que lo principal es luchar contra la pobreza, señaló la politóloga.
El problema es que en materias como política internacional y economía sugiere regresar a recetas del pasado, que ya no funcionan, sostuvo.
Según López Obrador, México no debería asumir ninguna clase de protagonismo internacional ni aspirar a cargos de liderazgo. Trabajar en el ámbito multilateral con moderación es la clave de una buena política externa, indica en su libro.
En materia de economía, el alcalde afirma que su apuesta es por la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, pero con una importante intervención del Estado para generar bienestar social.