En México, el delito de genocidio es imprescriptible sólo si se cometió después de 2002. Con esa sentencia, la Corte Suprema de Justicia libró de procesar a un ex presidente y golpeó los intentos por investigar, perseguir y castigar a los responsables de la llamada guerra sucia.
En un duro revés para la fiscalía creada por el gobierno de Vicente Fox para promover querellas por los delitos políticos cometidos en el pasado, los miembros del máximo tribunal dijeron el miércoles que no se puede encauzar al ex mandatario Luis Echeverría (1970-1976) por el asesinato, en junio de 1971, de 42 estudiantes opositores a manos de fuerzas policiales.
Se perdió una batalla, pero no la guerra, pues quedan todavía algunos instrumentos legales para castigar a los responsables, dijo a IPS Jesús Martín del Campo, un ex dirigente estudiantil de los años 60 y 70 cuyo hermano Edmundo fue uno de los muertos en esa masacre.
En esa fecha, cientos de estudiantes que realizaban en la capital mexicana una manifestación de protesta contra el gobierno fueron reprimidos y recibieron disparos de un grupo identificado como los halcones, que, aunque vestían de civil, eran parte de las fuerzas de seguridad del Estado. En el hecho murieron 42 jóvenes y más de 100 resultaron con heridas de armas de fuego.
Según diversos estudios, en la llamada guerra sucia, emprendida por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México de 1929 a 2000, se registraron 532 desapariciones forzadas de personas, que en la mayoría de los casos fueron asesinadas.
Además de que se registraron masacres como las cometidas por fuerzas policiales y del ejército en 1968, cuando cientos de estudiantes murieron en la plaza capitalina de Tlatelolco, y la de junio de 1971.
La represión era la otra cara de gobiernos que se reivindicaban como revolucionarios, apoyaban a Cuba socialista, abogaban por un nuevo orden económico internacional y acogían a miles de perseguidos por las dictaduras militares de América del Sur.
Según la Corte Suprema de Justicia de México, los probables delitos de genocidio, como los cometidos en 1971, deben ser considerados sin prescripción pero sólo a partir de junio 2002, cuando entró en vigor en el país el Convenio sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, ratificado en 2001.
Del Campo, cuyas acusaciones integran el expediente contra Echeverría y 10 de quienes fueron sus colaboradores en la policía de la época, opinó que la Corte actuó a contracorriente de la opinión internacional, que afirma que el genocidio no prescribe nunca.
El ex activista, hoy subtesorero de la alcaldía de la capital, indicó que, aunque la Corte rechazó el argumento del genocidio desde el punto de vista de los acuerdos internacionales, aún se puede pedir el procesamiento de Echeverría a través de argumentos basados en leyes mexicanas. De hecho, la fiscalía especial informó que así procederá.
Pero abogados consultados por IPS creen que difícilmente los jueces aceptarán procesar al ex presidente a la luz del derecho mexicano.
Lo veo muy difícil, pues en un juez menor ya rechazo los cargos contra Echeverría basándose precisamente en el derecho interno, indicó Carlos Mercado, un litigante penal en actividad.
La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre las acusaciones contra Echeverría, luego que la llamada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, pidió su intervención pues un juez menor se negó a procesar al ex presidente con el argumento de que los delitos que se le imputan prescribieron.
La ley mexicana indica que los delitos equiparables a genocidio prescriben en 30 años.
Lo que no prescribe, según una resolución de noviembre de 2003 de la Corte Suprema de Justicia, es el delito de secuestro y desaparición forzada de personas, que según su razonamiento se mantiene vigente mientras la víctima no aparezca.
Gracias a esa resolución, la fiscalía para delitos del pasado logró que en febrero de 2003 se detuviera a Miguel Nazar, quien fuera director de la extinta Dirección Federal de Seguridad en los años 70 a 80, acusado del secuestro de una persona en 1975, cuyo paradero aún se desconoce.
Las víctimas de la represión y sus familiares esperan que Echeverría pueda ser encauzado por asesinato, secuestro o desaparición forzada. Por los mismos cargos habían pugnado para llevar a proceso al también ex presidente José López Portillo (1976-1982), pero éste falleció en febrero del año pasado.
Antes de que Fox asumiera como el primer presidente ajeno al PRI a fines de 2000, prometió esclarecer lo ocurrido en la guerra sucia y buscar el castigo de sus culpables a través de una Comisión de la Verdad, integrada por representantes de la sociedad civil.
La idea que promovió Fox como candidato era que a México le urgía esclarecer el pasado sin dejar cabos sueltos, para así abrir una nueva etapa en la política.
Sin embargo, y luego de varias marchas y contra marchas, Fox decidió en noviembre de 2001 optar por una fiscalía que investigara y persiguiera a los presuntos responsables de esos crímenes.
Hasta la fecha, los logros de esa fiscalía han sido escasos, desempeño que su titular, Ignacio Carrillo, justifica señalando que toma mucho tiempo integrar expedientes y acusaciones contra ex funcionarios para ser presentados ante los jueces. (
