Los países de América Latina y el Caribe deberán destinar casi 150.000 millones de dólares adicionales en los próximos 11 años si pretenden cumplir las metas del milenio en educación, según dos agencias de la ONU que proponen mejorar el uso de recursos y buscar nuevas fuentes de financiamiento.
Aunque los países más pobres de la región aumentaran progresivamente su gasto público en educación no alcanzarían a cumplir los objetivos establecidos en los acuerdos internacionales, dijo a IPS el experto regional de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Arturo León.
El estudio Invertir mejor para invertir más. Financiamiento y gestión de la educación en América Latina y el Caribe, que recomienda mayor eficiencia y otras vías en aportes para el área, fue elaborado por la Cepal y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Las cuatro metas contempladas en el informe de 100 páginas, difundido a comienzos de mes en Santiago, son lograr para 2015 la universalización de la educación preprimaria (entre los 3 y 5 años de edad), asegurar el ciclo primario para niñas y niños, elevar a 75 por ciento la cobertura neta de la educación secundaria y erradicar el analfabetismo adulto.
Estas premisas están contenidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados en septiembre de 2000 por la ONU (Organización de las Naciones Unidas), en los que también figuran y en el mismo plazo la reducción a la mitad del porcentaje existente en 1990 de pobres, hambrientos y de personas sin acceso a agua potable ni medios para costearla.
Otras metas comprometidas por los 189 países miembros de entonces del foro mundial corresponden a la promoción de la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, garantizar la sustentabilidad ambiental y luchar contra varias enfermedades de grave incidencia social.
El estudio de las dos agencias de la ONU estima que, para alcanzar los objetivos en educación a los que se comprometieron los países latinoamericanos en distintas instancias, como la de ONU y antes en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990 en Jomtiem, Tailandia), se deben invertir 13.560 millones de dólares más cada año hasta la fecha establecida como meta.
Esta cifra multiplicada por los 11 años que restan para completar el plazo previsto representa cerca de 7,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 2000 de los 22 países de la región que cuentan con estadísticas, que sirvieron de base para este estudio, y 20 por ciento de lo producido sólo por Brasil ese mismo año.
Tomando como referencia que el gasto público total en educación de la región en 2000 ascendió a 81.900 millones de dólares, quiere decir que el esfuerzo financiero adicional debe ser de 16,6 por ciento al año.
León señaló que los países que se encuentran en peor situación son los de América Central y el Caribe, especialmente Haití, Nicaragua, Honduras y Guatemala, mientras que Costa Rica y Cuba cuentan con indicadores muy favorables.
También afrontar graves problemas educativos las zonas rurales e indígenas de países andinos como Bolivia, Ecuador y Perú, el sur de México y el nordeste de Brasil.
En condiciones más favorables se encuentran países del Cono Sur de América como Argentina, Uruguay y Chile, los que, no obstante, mantienen pendientes mejoras en cuanto a calidad y equidad.
Así lo demuestran las distintas mediciones sobre la enseñanza de los niños y niñas de la región, como por ejemplo el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) de 2000, en los que participaron cinco naciones latinoamericanas, entre ellas Chile, ninguna de los cuales alcanzó una posición superior al lugar 33.
La investigación de Cepal y Unesco también abarcó a Colombia, El Salvador, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela.
La consultora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco, Ana María Corbalán, señaló a IPS que el estudio propone dos mecanismos para contrarrestar la apremiante situación en la que se encuentran los países de esta área de América.
Por un lado es necesario mejorar el uso de los recursos, ya que se han constatado notables ineficiencias en los sistemas educacionales de cada país y, por el otro, encontrar formas complementarias de financiamiento que permitan suplir el déficit, manifestó.
En la investigación se exploran distintas alternativas para ello, tales como aportes privados y de la sociedad civil, la cooperación internacional y el canje de servicio de deuda por inversiones en capital humano.
A pesar de que el informe reconoce los enormes esfuerzos financieros que se ha hecho en esta parte del mundo por mejorar la calidad de la enseñanza, también asegura que las reformas no han dado los frutos esperados.
Los distintos países han llevado a la práctica una fórmula errónea, ya que sus reformas las han hecho en dos etapas: primero preocupándose de la cobertura y dejando para después la calidad, explicó León.
Enfrentamos, por ende, un momento de inflexión decisiva en que se hace necesario evaluar el camino recorrido por las reformas, reconocer sus éxitos y fracasos, y desde allí rectificar los paradigmas para optimizar el impacto de los recursos adicionales en términos de logros, calidad, equidad y pertinencia, dice el estudio.
Según el investigador de Cepal, las cuatro metas fijadas son importantes y urgentes y deben ser enfrentadas de manera integrada por cada país. Sin embargo, considera que se debe poner especial atención en la educación preprimaria de buena calidad.
Coincidiendo con León, también Corbalán señaló que la cobertura universal de educación preprimaria, cuyo promedio regional se sitúa actualmente en torno a 50 por ciento de los niños en edad para ello, es el punto que demanda más inversión de parte de los gobiernos, pero es determinante para alcanzar efectos positivos a largo plazo.
El trabajo de las agencias de ONU estima que los recursos necesarios para alcanzar una cobertura universal en este nivel ascenderían a cerca de 64.600 millones de dólares, es decir, poco más de 42 por ciento del total que se requiere para lograr las cuatro metas contempladas.
Una educación preescolar de calidad reduce el número de años necesarios para completar la enseñanza básica y media, mejora la nutrición de los pequeños y posibilita el trabajo de la madre, con la consiguiente disminución de la pobreza, según se despende del documento.
En tanto, para asegurar el logro universal de la enseñanza primaria, cuyo promedio regional es hoy de 93 por ciento, se requieren alrededor de 21.500 millones de dólares, lo que representa un 14,4 por ciento del total de las cuatro metas.
Hacia 2000, la tasa neta de matrícula secundaria (población de 13 a 18 años) era de 62 por ciento como promedio en la región, por lo que ampliar la cobertura a 75 por ciento requiere de 59.300 millones de dólares de inversión, que equivale a 39,8 por ciento del monto general necesario para lograr los objetivos del milenio en la materia.
Tanto en Primaria como en Secundaria, los problemas más apremiantes son los altos niveles de repetición y la alta deserción escolar, lo que acarrea importantes pérdidas sociales y privadas.
En cuanto el último punto, los antecedentes indican que hay alrededor de 39 millones de analfabetos adultos en la región y la erradicación de este problema para 2015 demandaría un gasto de 6.900 millones de dólares.. En 10 de los 22 países estudiados la tasa de analfabetismo es igual o superior a 10 por ciento, y en cinco de ellos supera 20 por ciento.
El papel de los educadores en el proceso para alcanzar las metas señaladas también es ampliamente tratado en el estudio, y debe analizarse desde variadas perspectivas, explicó la consultora Corbalán.
La capacidad de los docentes de promover los cambios en las salas de clases tiene que ver con su formación, con la evaluación que se haga de su trabajo, con las remuneraciones que reciben, con las condiciones laborales en las que se desenvuelven y con las horas anuales que se derrochan por concepto de huelgas, sostuvo la experta.
El estudio postula en definitiva que todos los actores sociales tienen que apoyar el proceso educativo: el gobierno, las organizaciones de la sociedad, civil, los actores privados, las universidades, las escuelas, los maestros y profesores, las familias y hasta los niños, niñas y adolescentes.
Hasta ahora los países tienden a depositar toda la carga de la educación en el sector público, pero resulta ineludible cambiar esta mirada, incorporando activamente al sector privado en las reformas educativas e instaurar el concepto de 'responsabilidad social de la educación', argumentó Corbalán.
Por lo pronto, la Unesco está promoviendo un Foro Regional de Financiamiento de la Educación, a realizarse cada dos años, y donde esperan la participación de múltiples actores, especialmente aquellos que no han sido considerados tradicionalmente.
