Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, los aeropuertos de todo el mundo elevaron sus medidas de seguridad hasta el delirio. En Argentina, escenario de dos brutales atentados explosivos en los años 90, los controles parecen solo simulados.
En septiembre del año pasado, cuatro valijas con 60 kilogramos de cocaína quedaron dando vueltas en la cinta de equipajes de la terminal aérea de Barajas, en Madrid, sin que nadie las reclamara. Llegaban de Argentina, donde habían sorteado la vigilancia de la Fuerza Aérea, la Policía Aeronáutica y la empresa de seguridad de la aerolínea Southern Winds.
El hecho, sin embargo, fue divulgado apenas el domingo por el periódico argentino La Nación. Las maletas tenían una etiqueta de la embajada argentina en España, pero la representación diplomática negó que se tratara de una identificación utilizada por el correo diplomático, que reclama un trámite mucho más estricto para sus traslados.
Lo curioso es que fueron borrados los vídeos que permitirían identificar a quienes llevaron las maletas al aeropuerto y revisar si éstas pasaron los dos controles electrónicos obligatorios, de la Policía Aeronáutica y de una empresa de seguridad, antes de ingresar al avión.
El aeropuerto de Ezeiza tiene 190 cámaras que registran minuciosamente las instalaciones, parte de uno de los dispositivos de seguridad más modernos de América Latina, según expertos. Sin embargo, las imágenes del 16 de septiembre de 2004 y de unos pocos días antes y unos pocos después, desaparecieron.
El ministro de Defensa, José Pampuro, respaldó este martes a la Fuerza Aérea ante el escándalo que involucra a personal militar, a la compañía aérea, a la embajada y a la empresa administradora de los aeropuertos.
En rueda de prensa, el ministro expresó su respaldo total a los jefes de la Fuerza Aérea y de la Policía Aeronáutica que estaban junto a él, pero admitió que pudo haber habido una responsabilidad individual de alguno de sus integrantes.
El jefe de la Fuerza Aérea, Carlos Rohde, confirmó que apenas el viernes fue separado de su cargo el comodoro Alberto Beltrame, jefe del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y padre de uno de los prófugos en el escándalo, Walter Beltrame.
Southern Winds tiene desde 2003 un acuerdo de cooperación con la estatal Líneas Aéreas Federales, mediante el cual el gobierno de Néstor Kirchner le provee un subsidio mensual por emplear a trabajadores despedidos de otras aerolíneas.
Entre los socios de Southern Winds se cuenta Eduardo Eurnekián, dueño de Aeropuertos Argentina 2000, que administra y opera 32 aeropuertos en todo el país.
El juez Carlos Liporace explicó que en las valijas se encontraron cuatro cajas con 15 kilogramos de cocaína cada una, equivalentes a 300.000 dosis individuales, con un precio en el mercado europeo de unos tres millones de dólares.
Liporace comenzó a actuar en octubre cuando Christian Maggio, gerente de Southern Winds y hermano del dueño Juan Maggio, se presentó ante la fiscalía y declaró que las maletas fueron enviadas a Madrid por pedido de Walter Beltrame, hijo del comodoro jefe del aeropuerto y, a la sazón, empleado de la compañía aérea.
Aparentemente, Beltrame hijo había viajado a Madrid dos días antes del arribo de las maletas por orden de su jefe, el gerente de ventas de la aerolínea, Fernando Arriete, ahora procesado y detenido.
También está bajo arresto un supervisor de tráfico que recibió la orden de autorizar el despacho de las valijas que viajaban sin pasajero, práctica habitualmente seguida por Southern Winds, pese a estar históricamente vedada por razones de seguridad.
Desde Madrid, Beltrame había asegurado que las valijas eran reclamadas por los españoles Elena Toimil Batán y Ramón González Villar, pasajeros frecuentes de la compañía.
La pareja viajó a Argentina tres meses después de este incidente, en diciembre. Días más tarde, Toimil y González Villar se trasladaron a la ciudad española de Cádiz, donde fueron atrapados con 16 kilogramos de cocaína.
En una causa paralela, se investiga desde mediados de 2004 a una azafata de Southern Winds, Florencia Pulgarelle, detenida en Ezeiza cuando se aprestaba a viajar a Roma con un boleto de cortesía de la empresa y con 700 gramos de cocaína.
Pulgarelle estaba vinculada a Arriete, lo cual podría ligar los dos casos en una sola causa penal, admitió el juez Liporace.
Edgardo Llano, secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico, el sindicato de los trabajadores de tierra de las aerolíneas, dijo a IPS que el tráfico aéreo de drogas es habitual.
Pero sorprende la aparente complicidad de personal de la empresa. En el aeropuerto de Ezeiza se decomisan periódicamente paquetes de cocaína que intentan ser trasladados, por ejemplo, por pasajeros mayores de edad, que pueden luego quedar bajo arresto domiciliario y no en prisión, dijo.
Pero nunca está involucrado personal de una empresa, agregó. Sólo un empleado de Southern Winds, liberado por el juez por falta de mérito, está afiliado al sindicato.
El escándalo parece no haber llegado a su techo. El juez Liporace aseguró este martes que está investigando más responsabilidades. Está toda la empresa bajo sospecha, afirmó, y lo mismo ocurre con la compañía de seguridad TAS, contratada por Southern Winds para la vigilancia del equipaje.
El magistrado consideró muy preocupante el embarque de valijas sin pasajeros en un vuelo internacional, en particular en un país que fue blanco de dos atentados terroristas con explosivos, uno en 1992 contra la embajada de Israel, con una treintena de muertos, y otro en 1994, contra una institución judía, con 87 muertos.
Liporace sostuvo que el cargamento detectado en septiembre no parece el primero, sino parte de un circuito muy aceitado hasta que se produjo la falla que lo dejó al desnudo.
El magistrado también investiga la responsabilidad del dueño de la empresa, Juan Maggio, y de su vicepresidente, Enrique Montero, quien viajó a España en el mismo vuelo que las maletas y omitió revelar el dato cuando declaró ante el magistrado en su primera convocatoria. (
