De la tragedia a veces nace la esperanza. Las decisiones adoptadas por el gobierno de Brasil, en reacción al asesinato de la monja Dorothy Stang y de tres campesinos en los últimos siete días en el estado de Pará, pueden reducir la deforestación y la violencia en la Amazonia.
Así evalúan ambientalistas como Paulo Moutinho, uno de los coordinadores del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM), el anuncio en la noche del jueves de medidas que protegen un total de 13,4 millones de hectáreas de bosques, equivalentes a 4,5 veces el territorio de Bélgica, e intensifican la actuación del gobierno en el septentrional estado de Pará.
Los decretos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva crearon cinco áreas de conservación, que suman 5,2 millones de hectáreas, dos de las cuales y con una extensión de 3,8 millones de hectáreas están en jurisdicción de Pará, donde los conflictos por la tenencia de tierras provocaron las cuatro muertes.
Otra medida incluida en esos decretos prohíbe por los próximos seis meses las actividades dañosas al ambiente, como la extracción de madera, en 8,2 millones de hectáreas ubicadas del lado occidental de la carretera BR-163, que cruza el oeste de Pará y cuya anunciada pavimentación agravó la ocupación ilegal de tierras y la tensión local.
El gobierno decidió también apurar el envío al Congreso legislativo del proyecto sobre Gestión de Bosques Públicos, que reglamenta el uso sustentable de recursos forestales en tierras del Estado, a través de concesiones a empresas o comunidades locales.
Es una idea largamente discutida con la sociedad y sectores productivos, como una alternativa a la ocupación ilegal y deforestación de la Amazonia, donde se estima que tres cuartos de las áreas boscosas son públicas.
Esas medidas, más la decisión de instalar en Pará el llamado Gabinete de Gestión Integrada del gobierno nacional y el desplazamiento hacia esa zona de 2.000 soldados del Ejército iniciado el martes, componen una respuesta de impacto a la crisis desatada por el asesinato de Stang, una misionera católica de 74 años, de origen estadounidense y naturalizada brasileña.
Las iniciativas ambientales, que también combaten los problemas de tierras, raíz de la violencia en Pará, ya estaban en preparación hace tiempo y se precipitaron por el agravamiento de los conflictos, los cuatro asesinatos y las personas amenazadas de muerte, sostuvo Moutinho.
La fuerte reacción del gobierno, demostrando una decisión de defender las parcelas públicas y ordenar la situación territorial local, tranquiliza a la población y puede revertir el proceso de invasiones de las tierras estatales, origen de gran parte de los conflictos, apuntó.
La presencia del Ejército es importante para realzar esa voluntad y asegurar condiciones para que las autoridades ambientales, territoriales, judiciales, económicas y sociales puedan ejercer su función, acotó.
La historia amazónica demuestra que las áreas de conservación, principalmente las reservas indígenas, frenan la deforestación, aun sin un efectivo control por parte de las autoridades gubernamentales, argumentó.
Pero la acción más contundente, la interdicción de los 8,2 millones de hectáreas a lo largo de la carretera BR-163, no fue publicada este viernes, manifestó preocupado Roberto Smeraldi, coordinador de Amigos de la Tierra/Amazonia Brasileña.
La carretera une Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso, mayor productor nacional de soja, a Santarém, un puerto fluvial amazónico.
Su pavimentación favorecerá las exportaciones de soja, principal producto en las ventas externas brasileñas.
La experiencia indica que las carreteras son el principal vector de deforestación y conflictos territoriales en la Amazonia brasileña. Grandes proyectos, como centrales hidroeléctricas, la minería de hierro y bauxita, y el garimpo (minería informal) de oro también atrajeron numerosos inmigrantes a Pará, contribuyendo a la criminalidad.
Las acciones adoptadas son positivas, reconoció Smeraldi, lamentando que fuese necesaria una tragedia para que el gobierno haga efectivo medidas aprobadas hace varios años, en algunos casos.
Además falta poner en marcha un programa fundamental, que es la formalización legal de las tierras públicas, por parte del gobierno central y los estaduales, para efectivamente poner fin a los conflictos por la tenencia de la tierra, observó el activista.
Sin eso, los grileiros, hacendados, madereros o simples especuladores, logran adueñarse de las tierras con títulos precarios o fraudulentos de posesión, alimentando los problemas ambientales y sociales, explicó.
La ley de concesiones forestales, que estaba lista hace mas de un año en manos del gobierno, tras largos debates con la sociedad, puede promover un cambio importante en el combate a la extracción maderera ilegal, pero aún depende de aprobación parlamentaria y de una correcta implementación para que tenga efecto, recordó.
Más optimista, Moutinho espera cambios en el proceso vivido en Pará, actualmente uno de los estados donde la deforestación crece más y el de mayor violencia rural.
Es necesario que el gobierno de Lula y la sociedad sepan distinguir la deforestación dañina, ilegal, que destruye biodiversidad y los beneficios ambientales de los bosques, de las actividades que representan desarrollo, benefician la población local de forma sustentable, explicó.
No se puede generalizar, incluso la extracción de madera y la siembra de soja pueden ser sustentables, si cumplen el código forestal, manteniendo áreas boscosas, sostuvo. Hay hacendados con esa intención, que buscan el reconocimiento del mercado que exige criterios ambientales, concluyó.
