La violencia desenfrenada en la región sudanesa de Darfur preocupa a observadores en Occidente, pese al acuerdo de paz alcanzado por el gobierno islámico y árabe en Jartum con los cristianos del sur, el otro conflicto en que estaba involucrado.
Tampoco confían en que el régimen del Frente Islámico Nacional y el Movimiento para la Liberación del Sur de Sudán cumplan plenamente el pacto alcanzado el domingo, bajo intensa presión internacional, a pesar de que el cese del fuego logrado en 2002 se ha cumplido tras 22 años de guerra.
Una de las grandes causas de los conflictos que sacudieron la vida de tantos sudaneses ha sido la injusticia y la marginación, dijo Kolawole Olaniyan, director del programa africano de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
A menos que se atiendan con seriedad las preocupaciones de derechos humanos, será difícil tener una paz duradera, agregó Olaniyan.
La firma del acuerdo de paz podría marcar un momento histórico para Sudán, al poner fin a décadas de violencia y de devastación en el país más extenso de Africa, consideró la organización Africa Action, con sede en Washington.
Pero este acuerdo no cubre el conflicto en curso en la región occidental de Darfur, donde el gobierno sudanés mantiene una campaña de genocidio contra civiles de tres grupos étnicos, advirtió Africa Action.
De hecho, la situación en Darfur se deterioraba mientras se firmaba en un recinto deportivo de Nairobi el convenio entre el gobierno islámico y el SPLA, en presencia de 15 jefes de Estado africanos, 20.000 sudaneses, el secretario de Estado (canciller) estadounidense Colin Powell y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan.
Este es un día promisorio para Sudán, pero sólo si se cumplen las promesas, alertó Powell en la ocasión.
Se estima que entre 70.000 y 300.000 musulmanes negros murieron en los últimos dos años a causa de la violencia, y que la situación empeora a pesar de la presencia de una fuerza de mantenimiento de la paz de la Unión Africana (UA) con una dotación de 1.000 soldados.
Las negociaciones para poner fin a la guerra civil en el sur se desarrollaron desde 2002 en Kenia, entre el régimen gobierno en Jartum y el SPLA. La guerra estalló cuando se estableció el régimen en 1983, pero los conflictos fueron persistentes desde la independencia respecto de Gran Bretaña, en 1956.
El gobierno sudanés es de corte islámico y está dominado por la mayoría árabe del norte del país. En el sur, en cambio, la mayoría de la población es negra y practica el cristianismo o religiones tradicionales africanas.
Ese conflicto, concentrado en áreas donde el régimen islámico había concedido a petroleras transnacionales la explotación del subsuelo, causó la muerte de más de dos millones de personas, el desplazamiento interno de otros cuatro millones y la huida a otros países de medio millón.
El diálogo comenzó a dar frutos en septiembre de 2002, cuando se acordó integrar a los combatientes de ambos bandos en un ejército nacional. El año pasado se alcanzó consenso para compartir la riqueza petrolera de Sudán y otras fuentes de ingresos gubernamentales.
En cuanto a la crisis en Darfur, unos 30.000 musulmanes negros fueron asesinados y más de dos millones debieron abandonar sus hogares por el asedio de las milicias árabes Janjaweed, que cuentan, según la mayoría de los observadores, con apoyo de Jartum.
La mayoría de los desplazados debieron ubicarse en la vecina Chad o en zonas inhóspitas en las que resulta muy dificultosa el acceso de las organizaciones de ayuda humanitaria.
No hay duda de que el gobierno islámico y árabe en Jartum patrocinó, armó o reclutó a las milicias, según la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Asma Jahangir.
Los Janjaweed —que, al igual que sus víctimas, son musulmanes— con frecuencia usan uniformes del ejército regular y vehículos oficiales, añadió.
El conflicto en Darfur, reino independiente anexado por Sudán en 1917, comenzó en los años 70 como una disputa étnica de baja intensidad entre nómades árabes y agricultores indígenas negros sobre las tierras de pastoreo en esta región proclive a las sequías.
Pero la tensión evolucionó hacia una guerra civil que estalló en febrero de 2003.
Entonces, dos organizaciones rebeldes, el Movimiento y Ejército para la Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia y Equidad, reaccionaron con violencia al continuo hostigamiento de las milicias progubernamentales y a la falta de inversiones en el desarrollo de la zona.
Ambos grupos lanzaron ataques, a veces conjuntos, contra instalaciones militares en rechazo de las redadas de Janjaweed contra sus comunidades y la postergación a la que las somete Jartum. Los rebeldes son apoyados por la población no árabe que constituye la mayoría de la región.
La respuesta del gobierno fue un aumento del apoyo a los 20.000 janjaweed —hombres a caballo, en árabe— y una escalada de las ofensivas contra la población civil.
Con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, la UA planificaba aumentar a 3.500 sus soldados de mantenimiento de la paz en Darfur. Pero la respuesta concreta en apoyo logístico y equipos por parte de la comunidad internacional ha sido pobre.
En julio, el Congreso legislativo estadounidense calificó la actitud del régimen sudanés de genocida, una caracterización que fue aprobada dos meses después por el gobierno de George W. Bush.
La próxima sesión que el Consejo de Seguridad de la ONU dedique al conflicto podría derivar en sanciones económicas contra Jartum. Annan informó el 7 de este mes que las fuerzas del régimen reanudaron en diciembre sus operaciones conjuntas con los janjaweed, detenidas a mediados de año.
Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega y los países vecinos de Sudán ejercieron intensa presión para que se alcanzara el acuerdo de paz en el sur de Sudán.
El régimen islámico, que ofreció refugio al líder islámico saudita Osama bin Laden a comienzos de los años 80, es considerado un potencial aliado de Washington en su guerra contra el terrorismo. De todos modos, el gobierno de Bush advirtió que no normalizará sus relaciones a menos que se detenga la violencia en Darfur.
El año pasado se alcanzó consenso para compartir en partes iguales la riqueza petrolera del sur de Sudán entre el régimen y las autoridades locales que se establecerán, así como otras fuentes de ingresos gubernamentales.
Según el acuerdo, las partes formarán un gobierno de unidad nacional por un periodo de seis años durante los cuales se fortalecerá el federalismo. El líder del SPLA, John Garang, será vicepresidente del gobierno central.
El sur de Sudán será autónomo durante ese periodo, bajo la presidencia del propio Garang, y no regirá allí la ley islámica. Al cabo de los seis años, se celebrará un referéndum sobre la eventual independencia de la región.
(*) Con aportes de Joyce Mulama, desde Nairobi
