La economía de Bolivia crecerá cuatro por ciento este año, y con ello se evitarán nuevos ajustes traumáticos, si se otorgan garantías a las inversiones para aumentar la exportación de hidrocarburos, pero su población deberá resignarse entonces a pagar más caro los combustibles, según expertos.
El salvavidas de este país andino tiene un alto costo político que el presidente Carlos Mesa comenzó a pagar esta semana, cuando seis capitales departamentales quedaron semiparalizadas por una huelga de 24 horas, protagonizada por transportistas urbanos en protesta por el aumento de precios de la gasolina de 42 a 46 centavos de dólar por litro, aplicado desde fin de año.
El ajuste se hizo efectivo la fecha en que finalizó el plazo de 100 días pactado entre transportistas y el gobierno para mantener congelado el precio de los carburantes y tras la decisión de levantar las subvenciones estatales al sector impuestas cinco años atrás.
Por el momento, sólo se subvencionará el comercio de gas licuado de petróleo para consumo doméstico, beneficio para la población que tendrá una carga anual para las arcas públicas de 23 millones de dólares.
Bolivia había adoptado en 1996 los precios internacionales para sus hidrocarburos destinados al mercado interno, como una política de estímulo y atracción de las inversiones extranjeras durante el proceso de privatización de la producción petrolera, también denominado capitalización, desarrollado en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).
Junto a la resistencia de los conductores de vehículos del servicio público, el líder de la unitaria Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, pidió la renuncia de Mesa tras acusarlo de continuar la política económica del anterior gobierno, también encabezado por Sánchez de Lozada y que sólo duró un año para ser derrocado por una revuelta popular en octubre de 2003.
El aumento de precios de 10 por ciento para las gasolinas y de 23 por ciento en el caso del combustible para motores diesel (gasóleo) empujó de inmediato al alza a los valores al consumo de los artículos de primera necesidad.
La reacción social no se hizo esperar, como la inédita acción registrada en la central ciudad de Santa Cruz de la Sierra el jueves, cuando trabajadores, organizaciones vecinales y empresarios unieron sus fuerzas en una marcha que derivó en un enfrentamiento con la policía y la rotura de los ventanales del edificio del gobierno departamental y de la sede de los transportistas.
El ministro de Gobierno (Interior), Saúl Lara, calificó a las demandas como una conspiración que se encarna en sectores políticos y responsabilizó de la campaña al ex partido gobernante, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y a grupos empresariales.
El llamado gasolinazo del nuevo año está orientado a disminuir el déficit fiscal que el año pasado cerró en 5,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y por una condición impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y fuentes financieras externas, sostuvo el analista económico Vincent Gómez-García.
La comunidad internacional se mostró tolerante con el déficit fiscal tras los conflictos de octubre de 2003, cuando una movilización popular determinó la renuncia de Sánchez de Lozada, dejando sin efecto la exportación programada de gas natural a Estados Unidos a través de puertos de Chile, explicó a IPS el especialista.
Gómez-García cree que las fuentes financieras multilaterales esperan que el gobierno promulgue la ley de hidrocarburos, cuyo proyecto está aún a estudio del parlamento, con garantías para las inversiones extranjeras, dejando de lado las posiciones que postulan la confiscación de los campos petroleros.
Sánchez de Lozada abandonó la presidencia y huyó del país tras la denominada guerra del gas protagonizada por obreros, campesinos y habitantes de la ciudad empobrecida de El Alto, vecina a La Paz, que dejó un saldo de 67 personas muertas por la represión gubernamental, según representantes de los familiares de las víctimas.
El Congreso legislativo eligió el 17 de octubre de 2003 como reemplazante constitucional en el mando de la nación a Mesa, hasta ese momento vicepresidente, quien tras asumir el gobierno prometió una consulta popular (referéndum vinculante) sobre el futuro de la producción de hidrocarburos y también convocar una asamblea constituyente para refundar la República.
El referéndum se concretó finalmente el 18 de julio de 2004 y arrojó que la mayoría de los bolivianos quieren recuperar los hidrocarburos para el Estado, aunque la implementación de ese mandato es interpretada de modo distinta por el gobierno de Mesa y por las fuerzas que no ocupan cargos administrativos.
El gobierno prefiere aplicar la recuperación poniendo en el primer plano para los futuros contratos de gestión y producción de los yacimientos de hidrocarburos a una fortalecida empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que luego de la privatización del sector en 1996 había desaparecido prácticamente.
En cambio, la bancada del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) y otros partidos con pequeña representación parlamentaria aprobaron, en una primera instancia, un proyecto de ley que dispone la restitución de los campos petroleros directamente al Estado.
También Mesa propone que sean respetados los contratos petroleros firmados con empresas brasileñas, estadounidenses, españolas, británicas y holandesas, y advirtió que una nacionalización directa de las concesiones obligaría al Estado boliviano a pagar compensaciones por 8.000 millones de dólares, un dinero que el Tesoro público no posee.
Las inversiones privadas ascienden a 3.500 millones de dólares y las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina generaron unos 600 millones de dólares durante la pasada gestión anual.
Bolivia es el segundo país con mayores reservas de gas natural de América del Sur, detrás de Venezuela, con un volumen estimado de su potencial gasífero en torno de los 53 trillones de pies cúbicos.
Las ventas de gas a los dos países vecinos representaron en 2004 el principal rubro de exportación, en un año en que las exportaciones de materias primas y manufacturadas alcanzaron el récord histórico del país de 2.000 millones de dólares y contribuyeron al crecimiento de la economía en 3,6 por ciento en el mismo lapso medido.
Pero los datos macroeconómicos no se tradujeron en satisfacción de las expectativas de los 9,2 millones de bolivianos, alrededor de 70 por ciento de los cuales viven en la pobreza, porcentaje que crece aún más en las zonas rurales.
Pero el debate en el Congreso sobre la nueva legislación de hidrocarburos paralizará la economía nacional, porque los dos proyectos de ley carecen de un nivel técnico aceptable, dijo a IPS el analista económico Rolando Morales.
La ausencia de la ley genera desincentivo a las inversiones en un país altamente dependiente de las exportaciones petroleras y gasíferas, afirmó.
Sin embargo, admitió que el sector petrolero no contribuye directamente en la generación de empleos y distribución de salarios, una razón suficiente para que la población no sienta como propio el impacto del crecimiento del producto.
Morales no respalda la aplicación de un alza en los precios de carburantes por su efecto recesivo, originado en el encarecimiento del transporte y de la actividad industrial.
Aunque la pasada gestión estuvo signada por conflictos sectoriales, los empresarios agro-industriales del departamento de Santa Cruz de la Sierra anunciaron satisfechos que sus ventas al exterior se aproximaron a los 600 millones de dólares, una cifra similar a la generada por la venta de gas natural.
La producción agropecuaria, en particular la soja, los aceites comestibles, muebles de madera, azúcar y ajonjolí son los principales componentes de las exportaciones del pasado 2004.
