La más antigua de las organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos advirtió que el gobierno sigue ocultando el resultado de las investigaciones sobre abuso de prisioneros en el centro de detención militar de Guantánamo, en Cuba.
Los documentos recibidos gracias a una orden judicial por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) dejan sin responder más preguntas de las que contestan, advirtió la organización.
Aun así, los papeles entregados a la ACLU narran lo que más de un observador ha denominado tratamiento no sólo agresivo, sino ofensivo, que incluye dejar prisioneros encadenados en posición fetal y cubiertos de orina y materias fecales.
Presionado por el Congreso legislativo, el Departamento (ministerio) de Defensa anunció la semana pasada que abriría su propia investigación sobre las últimas denuncias de violaciones de derechos humanos en la base que la Marina de guerra estadounidense ocupa en Guantánamo.
Los informes fueron difundidos por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal). La investigación del Pentágono será encabezada desde esta semana por el brigadier John T. Furlow.
El comandante general de Guantánamo, Jay Hood, dijo que se requería un equipo independiente de investigadores, ajeno a la base naval, para que entrevistara a funcionarios que dejaron sus puestos y que se encuentran ahora, por lo tanto, fuera de su control.
Mientras, ACLU advirtió que regresará a los tribunales para cuestionar los registros de las agencias gubernamentales a las que se requirió información y la redacción de algunos de los documentos.
¿Por qué el FBI estrechó su investigación? ¿El FBI realizó alguna entrevista de seguimiento? ¿Entregó el FBI un sumario formal de sus hallazgos al Departamento de Defensa? De ser así, ¿por qué el FBI no difundió una copia de ese informe?, se preguntó el abogado de ACLU Jameel Jaffer.
Los documentos fueron publicados luego de la emisión de una orden judicial al Departamento de Defensa y otras agencias del gobierno para que cumplan con una solicitud emitida hace un año, en el marco de la Ley de Libertad de Información, por ACLU, el Centro de Derechos Constitucionales, Médicos por los Derechos Humanos, Veteranos por el Sentido Común y Veteranos por la Paz.
Entre los documentos del FBI entregados a ACLU figura un mensaje por correo electrónico enviado el 9 de diciembre de 2002 referido al plan de entrevistas militares y que incluye el comentario: ¡No van a creer esto!.
Otros documentos obtenidos por la ACLU incluyen uno muy editado referido a una investigación denominada Corrupción en funcionario federal – Rama ejecutiva, y que parece referirse al FBI, debido a la mención de un conflicto de intereses.
Adjunto a este documento figura un sumario del FBI de estatutos criminales potencialmente relevantes rekatuvis a crímenes de guerra, tortura, abuso sexual agravado o de un menor de edad.
Los nuevos documentos dejan en evidencia que muchas de las descripciones de abusos elaboradas antes por el FBI fueron respuesta a una solicitud por correo electrónico del director de la Oficina de Inteligencia de la agencia, Steve McCraw, a más de 500 agentes que estuvieron apostados en Guantánamo.
McCraw les solicitó informes sobre tratos, interrogatorios o entrevistas agresivas que pudieran violar las normas del FBI.
Cuatrocientos setenta y ocho agentes respondieron, de los cuales 26 informaron sobre maltrato de detenidos a manos de funcionarios de otras agencias. Esos informes fueron analizados por la asesora general del FBI, Valerie Caproni, para quien 17 de esos casos de maltrato estaban enmarcados en técnicas aprobadas por el Departamento de Defensa.
Como consecuencia, observó Jaffer, esos 17 casos no fueron objeto de investigación. Por razones desconocidas, según ACLU, Caproni se rehusó a investigar esos abusos.
La funcionaria se concentró en esos abusos que no estaban aprobados aun por las permisivas normas del Pentágono. Por lo tanto sólo nueve incidentes fueron objeto de investigación posterior, agregó Jaffer.
El análisis realizado por la ACLU de los documentos que se le entregaron también demostró que algunos registros no fueron difundidos. El FBI, por ejemplo, retuvo la copia de una comunicación electrónica elevada al Pentágono el 30 de mayo de 2003, en que se quejó formalmente por el trato deparado a los prisioneros.
Los últimos documentos fueron entregados por el FBI en vísperas de las audiencias de confirmación en el Congreso del designado fiscal general Alberto Gonzales, considerado responsable de un memorándum al presidente George W. Bush que contenía justificaciones legales para el uso de la tortura en bases militares de Estados Unidos en el extranjero.
Miles de otros documentos del FBI fueron recibidos por la ACLU por una solicitud anterior. Además, un tribunal federal ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) entregar a la organización de derechos civiles los registros sobre sus investigaciones relacionadas con abuso de prisioneros.
Los nuevos documentos obtenidos por la ACLU indican que los abusos en Guantánamo van mucho más allá de lo admitido antes por el gobierno.
En un correo electrónico del 16 de julio de 2004, un agente del FBI, cuyo nombre está borrado, informó haber visto a un detenido en Guantánamo sentado en el suelo del recinto de interrogatorios, envuelto en una bandera israelí, con música estridente y una luz estroboscópica.
En otro, del 2 de agosto de 2004, otro agente del FBI informa que en un par de ocasiones ingresó en los recintos de interrogatorio de Guantánamo y encontró a detenidos encadenados de manos y pies, en posición fetal sobre el suelo, sin asiento, alimento o agua.
En una ocasión, el aire acondicionado había sido apagado y la temperatura era tan fría que el detenido, descalzo, temblaba, agregaba. Los policías militares me dijeron que los interrogadores del día anterior habían ordenado ese tratamiento. (
