El jefe del gobierno de la capital argentina, Aníbal Ibarra, reconoció este viernes ante la Legislatura comunal que el incendio que mató a 191 jóvenes en una discoteca hace un mes es atribuible a deficiencias estructurales del Estado y a normas de control absolutamente obsoletas.
En un acto precedido por una enorme expectativa y en un clima político enrarecido, Ibarra, que admitió estar atravesando el peor momento de su gobierno, se presentó a dar explicaciones ante los legisladores de Buenos Aires, según él mismo precisó.
Sé que la demanda es infinita y no tengo todas las respuestas ni todas las explicaciones, anticipó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al abrir su alocución.
Desde el palco, familiares de las víctimas, que portaban las fotos de sus deudos, seguían el discurso con atención, silencio y gran congoja. Antes habían dado el presente por los muertos en el momento más emotivo de la apertura de la sesión.
No eludo la responsabilidad que me corresponde, pero tampoco voy a asumir la que no me corresponde, advirtió Ibarra a poco de empezar a justificar las razones de la mayor catástrofe no natural de la historia argentina.
La tragedia se desató el 30 de diciembre de 2004, cuando comenzaba el recital del grupo de rock Callejeros en la discoteca República Cromagnon, ubicada en una zona céntrica de la ciudad. Una bengala detonó un incendio en el local, que tenía las puertas de emergencia clausuradas, provocando que la mayoría de las víctimas murieron por asfixia al no poder salir del recinto.
La investigación detectó que había materiales altamente inflamables en la discoteca, que se había permitido el ingreso de niños y menores de 18 años ûlegalmente prohibido— y que los dueños del lugar habían autorizado el ingreso de más de tres veces el cupo permitido de público. Además, el certificado de inspección de bomberos estaba vencido.
La justicia ordenó la detención de quien se suponía era dueño del local, Omar Chabán. Por el momento es el único detenido y aún no está bajo proceso. No obstante, la jueza María Angélica Crotto, ordenó inhibir bienes de Ibarra y de otros dos ex funcionarios ante eventuales demandas civiles de familiares.
Además de los muertos, hubo unas 700 personas heridas, 21 de las cuales aún permanecen hospitalizadas. El gobierno comunal se comprometió a indemnizar a los familiares de los fallecidos, y también a los sobrevivientes que sufrieron lesiones, pero algunos de ellos entrevistados por IPS creen que nadie puede pagar por lo que ocurrió.
¿Quién puede pagar por esto? Ellos ûlos dirigentes políticos- creen que todos son como ellos, y que entonces todo se arregla con dinero, manifestó a IPS José Iglesias, padre del joven Juan Iglesias, muerto en la discoteca.
Ibarra fue convocado por el parlamento de la ciudad para que diera explicaciones sobre la tragedia. Este viernes se concretó su comparecencia en un recinto rodeado por un operativo de más de 500 policías y en medio de manifestantes.
Algunos de los manifestantes eran familiares con las fotos de sus deudos, otros sobrevivientes de la tragedia, y también agrupaciones políticas de izquierda que reclamaron la renuncia de Ibarra.
El jefe de Gobierno, reelegido en 2003, explicó que asumió su cargo conociendo las graves deficiencias estructurales del Estado y su poder de policía. También señaló que llevó adelante la administración apelando a instrumentos normativos absolutamente obsoletos algunas de ellas imposibles de cumplir.
Remarcó que su administración debe controlar más de 268.000 locales, casi 79.000 de los cuales son críticos por su vulnerabilidad o nivel de riesgo. Entre ellos se encuentran gasolineras, supermercados, discotecas, cines y teatros. Si estoy aquí es porque creo que se puedo enfrentar ese desafío, aclaró.
La interpelación estuvo precedida de un clima de fuertes imputaciones contra Ibarra. Algunos familiares y organizaciones sociales y políticas reclamaron su renuncia e iniciaron ante la justicia el trámite de revocación de su mandato, teniendo en cuenta que la oposición logra mayoría en la Legislatura.
Fundaron su pedido en la gran cantidad de comercios que fueron clausurados durante este mes, como consecuencia de lo que ocurrió en República Cromagnon. Para los acusadores, los estrictos controles que se están realizando ahora y sus resultados son una prueba del delito que se perpetró antes.
Ante esta ofensiva, la presidenta de la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, leyó el jueves un documento suscrito por 170 grupos sociales y de derechos humanos en el que se denunció un intento de golpe institucional contra Ibarra, empujado por la oposición derechista.
La oposición, liderada por el ex rival de Ibarra en las últimas elecciones, el empresario Mauricio Macri, explicó que en ningún momento se pensó en un complot, sino en un reclamo de explicaciones por lo sucedido.
Según encuestas de opinión realizadas por la Universidad Abierta Iberoamericana apenas 5,9 por ciento de los consultados cree que el gobierno no tiene nada que ver en la tragedia. El resto le atribuye algún tipo de responsabilidad en la falta de control. No obstante, 61 por ciento de los encuestados no quiere que Ibarra renuncie.
Los consultados consideran que debe dar explicaciones y critican la falta de escrúpulos de la oposición, que intentó capitalizar el dolor de los familiares de las víctimas para avanzar contra el gobierno, que tiene una menguada representación política en la Legislatura. (
