Argentina y Chile ya dieron pasos trascendentes. Ahora llegó el turno de Uruguay para desempolvar el pasado y avanzar en las investigaciones sobre el destino de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985).
Así lo afirman, esperanzados, los familiares de las víctimas. Tienen la convicción de que el próximo gobierno, presidido por el izquierdista Tabaré Vázquez, cumplirá con su promesa de poner este tema en el tapete.
Uruguay cumplirá el 1 de marzo 20 años de vida democrática desde el fin de la dictadura, pero ningún militar ha sido juzgado por torturas y asesinatos contra opositores, ya que la transición de este país de 3,3 millones de habitantes fue diferente a las de sus vecinos del Cono Sur de América en el que funcionó el Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras en los años 70 y 80.
En Argentina se procesó a varios militares y en Chile se procura enjuiciar al ex dictador Augusto Pinochet, pero en Uruguay todas las acciones se paralizaron desde 1986, cuando se aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que muchos de sus críticos llaman "ley de impunidad".
Esa norma, aprobada bajo presión militar según varios de sus impulsores, pero ratificada en un referendo en abril de 1989, clausuró todos los procesos penales contra militares y policías por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Sólo quedó como esperanza para los familiares de las víctimas el artículo cuarto de dicha ley, que encomendó al Poder Ejecutivo investigar el destino de los desaparecidos, pero nunca se cumplió cabalmente, ya que tras breves trámites se alegó que no había sido posible averiguar nada.
Los presidentes Julio Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Luis Lacalle (1990-1995) nunca avanzaron ni dejaron avanzar para conocer la suerte de unas 160 personas, la mayoría de ellas desaparecidas en Argentina.
El cambio lo introdujo el actual presidente Jorge Batlle, quien a inicios de su gestión, en 2000, creó la Comisión para la Paz, integrada por representantes de diversos sectores, con la que se propuso cumplir el artículo cuarto de la Ley de Caducidad.
Esa comisión concluyó que 26 uruguayos murieron por torturas en el país durante la dictadura, y que había recibido informes de que fueron sepultados o incinerados y arrojados al mar, aunque no aseguró que esas versiones fueran veraces. Otros 128 desaparecidos fueron detenidos en Argentina, siete en Chile, dos en Paraguay y uno en Bolivia, en el marco del Plan Cóndor.
Tal informe no satisfizo a los familiares de las víctimas, que piden ir más a fondo en las investigaciones.
Con el triunfo del izquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría en las elecciones de octubre hay nuevas esperanzas.
"Creemos que éste es el momento de Uruguay. Tenemos muchas expectativas con el nuevo gobierno", dijo a IPS Fernando Miranda, de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos.
"En su discurso de festejo del triunfo electoral, Tabaré Vázquez dijo que el tema de los derechos humanos sería primordial. Estamos seguros que va a cumplir con la ley", agregó Miranda, hijo de un desaparecido.
"Uruguay, debido a la Ley de Caducidad, se quedó muy atrás con respecto a sus vecinos en lo que tiene que ver con la dilucidación de estos temas. El nuevo gobierno lo ha fijado como una prioridad, y por eso creemos que éste es el momento", indicó.
En los últimos años, los países del Cono Sur de América, a excepción de Brasil y Uruguay, dieron pasos trascendentes para sanar las heridas del pasado.
El primer impulso lo dio el presidente argentino Néstor Kirchner, quien en su segundo día de gobierno, el 26 de mayo de 2003, impuso el retiro de los altos mandos militares que habían tenido actuación en la dictadura de 1976-1983, o sea de 27 generales del ejército, 13 almirantes de la marina de guerra y 12 brigadieres de la aviación, en una renovación de la cúpula castrense sin precedentes por su magnitud.
Kirchner también pidió perdón en nombre del Estado por el silencio oficial ante las atrocidades cometidas durante la dictadura.
El presidente argentino, en un acto histórico, ordenó retirar los retratos de los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar, y entregó a organizaciones humanitarias las 17 hectáreas del más emblemático centro de detención, tortura y asesinato del régimen, la Escuela de Mecánica de la Armada.
En agosto, el Congreso argentino anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que habían amparado en los años 80 a miles de uniformados para que no fueran procesados por violaciones de los derechos humanos, luego de que los ex comandantes golpistas de las Fuerzas Armadas fueron condenados en un histórico juicio.
Esas controvertidas leyes habían sido aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989).
Como consecuencia de la anulación, la justicia reabrió las principales causas por violación de derechos humanos, y en ese marco un juez federal declaró que consideraba inconstitucionales los indultos otorgados por el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) a quienes habían sido condenados por su responsabilidad en el terrorismo de Estado.
Por su parte, el presidente chileno Ricardo Lagos decidió en noviembre difundir un informe sobre torturas cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) e indemnizar a las víctimas.
El informe, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, incluye testimonios de 28.000 personas detenidas durante el régimen que aseguraron haber sido torturadas.
Estas personas serán favorecidas por una indemnización vitalicia mensual de unos 180 dólares, junto a otras reparaciones en materia de salud, vivienda y educación.
En Paraguay, a pesar de la falta de voluntad política para investigar a fondo los crímenes cometidos por el régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989), hasta ahora siete represores fueron condenados por la justicia.
Sobre el propio Stroessner, exiliado en Brasil, pesa un pedido de captura internacional.
En Uruguay, aunque Vázquez decida investigar, no podrá llevar a los represores a la justicia debido a la Ley de Caducidad. Y buscar una estrategia para revisar esa norma o declararla inconstitucional no está dentro de los planes del gobierno electo.
Por ahora, el camino de la izquierda es profundizar las indagaciones y depurar las Fuerzas Armadas.
"El futuro gobierno tiene la voluntad férrea de avanzar en el tema de derechos humanos, pero en el marco de la Ley de Caducidad", dijo a IPS el senador Rafael Michelini, de la coalición izquierdista, aunque no quiso dar más detalles.
El legislador es hijo del también senador Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires en 1976 en el marco del Plan Cóndor.
En Uruguay, muchos oficiales implicados en las violaciones de los derechos humanos se reúnen en fechas patrias o para recordar a los caídos en lo que llaman "guerra contra la sedición".
Militares uruguayos se esfuerzan por subrayar que cualquier abuso se produjo en el marco de una "guerra" urbana contra el Movimiento de Liberación Nacional (MLN)-Tupamaros, aunque la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos fueron cometidas luego de la derrota militar de ese grupo en 1972.
Varios ex guerrilleros del MLN, tras muchos años de prisión, ahora son destacados líderes políticos de la izquierda que se dispone a gobernar a partir del 1 de marzo.
Las Fuerzas Armadas uruguayas, a diferencia de otras de la región, jamás reconocieron sus delitos, y se limitaron a opinar que "perdieron puntos de referencia". Uruguay debe seguir el impulso regional en el tema de los derechos humanos, pero resolver el asunto a su propia manera, sostuvo el secretario general de la Conferencia Episcopal uruguaya y obispo de la sureña ciudad de San José, Pablo Galimberti.
"Estoy seguro de que se va a cumplir el artículo cuarto. Pero es un terreno muy difícil. No hay que ir en forma apresurada. Es importante mantener un diálogo con los militares y actuar con suma cautela para evitar que haya revanchas y se produzcan actos de violencia", dijo a IPS el religioso.
Miranda no quiso comparar la estrategia que puede adoptar Uruguay con lo realizado, por ejemplo, en Chile.
"Para nosotros las indemnizaciones son algo secundario. Lo principal es saber la verdad y que se afiance el respeto a los derechos humanos", afirmó.
