Sectores sociales contrarios al Tratado de Libre Comercio de América Central (TLC o Cafta, por sus siglas en inglés) admiten que este año perdieron el primer asalto, pero aseguran que el combate apenas comienza.
El Salvador fue el primero en procesar, el 17 de este mes, la ratificación parlamentaria imprescindible para que el T entre en vigor. Pero sindicalistas y analistas consultados por IPS aseguran que el escenario salvadoreño difiere mucho del resto de la región.
El acuerdo fue firmado a fines de 2003 e inicios de este año por Estados Unidos y cinco de los siete países del istmo (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). Más tarde se sumó República Dominicana.
Estados Unidos siempre ha utilizado a El Salvador como punta de lanza para sus intereses, pero nosotros estamos dispuestos a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias, porque el tratado solo favorecerá a las clases poderosas, dijo a IPS Israel Salinas, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Honduras.
El gobierno de Honduras ejerce enorme presión sobre el Congreso legislativo para que apruebe el tratado en los últimos días de 2004, aprovechando la natural dispersión social de las fiestas de fin de año.
La Confederación se mantiene en estado de alerta por el peligro de que los legisladores aprueben el tratado en las sombras, como se hacen muchas cosas en este país, agregó Salinas.
Sindicatos, productores y activistas contrarios al acuerdo afirman que los agricultores serán los primeros afectados, pues no están protegidos por subsidios de ningún tipo, así como la pequeña y mediana empresa.
También están amenazados los derechos laborales, porque la búsqueda de competitividad favorecerá la explotación de mano de obra barata, aseguran.
Más de la mitad de la población de América Central de 37 millones de habitantes es pobre, y la desigualdad de ingresos se ampliará si el Cafta entra en vigor, arguyen los críticos.
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Costa Rica (ANEP) sostuvo que cada vez hay más organizaciones contra el acuerdo, una resistencia que promete ser dura en ese país.
Las autoridades de Guatemala también anuncian que enviarán el acuerdo al parlamento en enero.
En cambio, el Cafta aún no tiene fecha de ingreso al Congreso estadounidense, donde deberá sortear varias resistencias.
A mediados de 2003, Washington inició por medio de su representante de Comercio Robert Zoellick las negociaciones con los países centroamericanos. A fines de 2003, sólo Costa Rica mantenía diferencias con Estados Unidos respecto de la propiedad estatal del sistema de seguridad social y las telecomunicaciones.
Sin embargo, el 26 de enero, San José también firmó el acuerdo.
Sin el tratado, la pequeña empresa hondureña ya está desapareciendo, por lo que si el acuerdo entra en vigencia será el acabóse para este sector. Los trabajadores y las organizaciones sociales lo vemos como un látigo más contra nuestras esperanzas, dijo Salinas.
Los presidentes de los cinco países centroamericanos, reunidos en Honduras el 15 de este mes, instaron a una rápida aprobación parlamentaria de un instrumento que, consideran, dinamizará la economía regional.
El presidente de Honduras, Ricardo Maduro, dijo que si el tratado no se ratificara su país perdería 140.000 empleos en las maquilas, industrias de ensamblaje destinadas a la exportación e instaladas en zonas francas.
Eso solo son argucias para ganar simpatías entre la gente, pero la realidad no es como la plantea el presidente, aseguró Salinas.
En Costa Rica, los escándalos de corrupción por los que están detenidos los ex presidentes Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) y Rafael Ángel Calderón (1990-1994), restan credibilidad a la elite que impulsa el acuerdo, la misma cuestionada por venalidad, dijo Vargas a IPS.
Los sobornos pagados por la compañía francesa de telecomunicaciones Alcatel a Rodríguez y los incentivos entregados a Calderón por una empresa farmacéutica nacional sacudieron a Costa Rica entre septiembre y octubre de este año.
Vargas estima que el modelo de empresa estatal costarricense será defendido mediante una batalla campal, porque los ciudadanos no están dispuestos a perderlo.
En América Central ya no hay defensa de las telecomunicaciones como en nuestro país, por lo que sin descartar que la lucha será fuerte en la región, aquí será mucho mayor, insistió el secretario de la ANEP.
Será en las calles y en el Congreso donde daremos la gran batalla, añadió.
En Guatemala todavía se carece de mucha información entre los congresistas y el público de lo que representa el tratado. Sin embargo, aquí no se aprobará en 10 días como sucedió en El Salvador, dijo a IPS el analista político Marco Barahona, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
Los pequeños y medianos agricultores de granos temen que el mentado libre comercio acabe por sacarlos del mercado, pues los grandes productores estadounidenses cuentan con importantes subvenciones estatales.
La situación social de Guatemala, con un analfabetismo que ronda 25 por ciento, la inseguridad jurídica y las debilidades estructurales de la economía son factores que impedirán que un tratado como el Cafta genere beneficios, consideró Barahona.
Del otro lado de la mesa, los defensores del Cafta muestran un entusiasmo que se revela en declaraciones como las de la ministra de Economía de El Salvador, Yolanda Mayora.
El tratado significará más empleos, mayor acceso de la población a la seguridad social, mayor consumo y demanda, fortalecimiento del mercado local y de los ingresos fiscales, sostuvo.
El TLC (tratado de libre comercio) abre una enorme puerta de oportunidades para los distintos sectores de la sociedad salvadoreña, abundó.
De acuerdo con la ministra, su país ha dado el primer paso en su integración temprana a una ola inevitable de cambios globales.
Pero la ola global despierta resistencias en el opositor Partido Demócrata de Estados Unidos, sensible a los reclamos de la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Sindicales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), principal central sindical radicalmente opuesta al tratado.
Sindicatos estadounidenses se preocupan por una posible fuga de empleos hacia el istmo, donde los salarios son más bajos y los derechos laborales más restringidos.
Los críticos estadounidenses del Cafta, entre los que se cuentan activistas sociales y ecologistas, creen además que es un acuerdo defectuoso pues carece de cláusulas de protección ambiental, laboral y de salud pública. (
