El fracaso del presidente George W. Bush en lograr que la ley de reforma del sistema nacional de inteligencia de Estados Unidos no fuera tan amplia como pretendía afecta su credibilidad política.
Bush se vio obligado enfrentarse con miembros de su propio partido, el Republicano, así como con altos funcionarios del Departamento (ministerio) de Defensa opuestos a la reorganización de la denominada comunidad de inteligencia.
El Pentágono temía que la reforma lo obligara a renunciar a su control sobre el aparato.
Pero, con la finalidad de obtener apoyo para su iniciativa, Bush debilitó algunas de las innovaciones más importantes del texto original, en particular la autoridad del Director de Inteligencia Nacional —un cargo que crea la norma— de controlar un presupuesto estimado en 40.000 millones de dólares para sus 16 agencias.
"La importancia de la ley es que sirve para denotar que el gobierno hizo algo en respuesta al informe de la Comisión 9/11" a cargo de investigar por qué no se logró prevenir los atentados que el 11 de septiembre de 2001 dejaron 3.000 muertos en Nueva York y en Washington, dijo el experto independiente en seguridad nacional John Prados.
"La idea de la Comisión sobre el Director Nacional de Inteligencia quedó considerablemente aguada, y, en la versión final, la autoridad del cargo está mucho más indefinida", sostuvo Prados.
La aprobación de la ley pone fin, por ahora, a los desafíos más fuertes de lo esperado contra Bush dentro de su propio partido.
El hecho de que un tercio de los republicanos en la Cámara de Representantes la haya votado en contra a pesar de las exhortaciones de Bush y del vicepresidente Dick Cheney sugiere que el presidente podría tener en su segundo periodo más problemas para disciplinar a su partido que en el primero.
En la campaña presidencial concluida en los comicios del 2 de noviembre, Bush insistió en que apoyaba una reorganización de la inteligencia nacional de acuerdo con las conclusiones presentadas en agosto por la Comisión 9/11.
Pero luego de las elecciones, permitió que el secretario (ministro) de Defensa, Donald Rumsfeld, y otros altos funcionarios del Pentágono cuestionaran el proyecto.
De hecho, fueron las críticas del Pentágono lo que detonó la disidencia republicana.
La falta de disciplina del Pentágono y de los legisladores que votaron contra la ley causa un gran daño en la credibilidad de Bush, en particular de su respaldo a las conclusiones de la Comisión 9/11.
También deja dudas sobre la capacidad del presidente de lograr el concurso de toda la bancada oficialista en sus iniciativas. Ésta contaba con el firme apoyo del opositor Partido Demócrata y del ala centrista republicana.
"Bush, tras su impresionante victoria electoral, declaró que había logrado un gran capital político y que planeaba usarlo", escribió la semana pasada el analista Norman Ornstein, del conservador American Enterprise Institute.
"Pero, al parecer, no pudo prever que iniciaría su segundo periodo con un embarazoso retroceso dentro de su propio partido, con la activa participación de miembros de su propio gobierno", anotó Ornstein.
El proyecto inicial incluía la creación del cargo de Director Nacional de Inteligencia de rango ministerial, con autoridad presupuestaria plena sobre todas las agencias del ramo, así como la creación de un Centro Nacional de Antiterrorismo, adjunto al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Este nuevo organismo combinaría la recolección, análisis y funciones operativas de diversas agencias e informaría al Director Nacional de Inteligencia, quien también contaría con la facultad de contratar y despedir a los jefes de esas oficinas.
La Comisión también propuso que los principales rubros del presupuesto de inteligencia, hoy reservados, se hicieran públicos y figuraran en una sola ley. Hoy, 80 por ciento del presupuesto de inteligencia está oculto entre los gastos del Pentágono, y el resto está diseminado entre otras muchas carteras como las secretarías de Estado (cancillería), Energía y Seguridad Interior.
Bush creó por decreto lo que ha considerado el equivalente del Centro Nacional de Antiterrorismo. Por otra parte, la mayoría del Senado y de la Cámara de Representantes respaldaron las principales recomendaciones de la Comisión 9/11.
Pero dirigentes derechistas del Partido Republicano objetaron varias de las propuestas. Algunos, por ejemplo, reclamaban la inclusión de restricciones a las migraciones y las visas, una iniciativa de la Comisión 9/11 que no figuró en el proyecto presentado al Congreso.
Una facción del Partido Republicano, con el apoyo extraoficial del Pentágono, pretendía salvaguardar el control de esa cartera sobre las agencias de inteligencia que se hallan bajo su égida.
La legislación de 1947 que creó la comunidad de inteligencia tal como existe hoy determina que el jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) es, también, el Director de Inteligencia Central.
Pero el Pentágono mantiene control sobre las agencias de inteligencia militar, especializadas en recolección de datos por satélite e intercepción de telecomunicaciones, en el entendido de que resultan útiles para los comandantes que dirigen las batallas.
La legislación aprobada "no tiene nada que ver con los problemas", dijo uno de los integrantes de la Comisión 9/11, John Lehman. "Esto se trata del control del dinero, y el dinero, en la Cámara de Representantes, se traduce en poder."
De hecho, la versión final de la ley libra al Pentágono del grueso de las reformas. La norma explicita que el Director Nacional de Inteligencia no estará en la cadena de comando entre las agencias del Departamento de Defensa y las tropas en el terreno.
Lo que es más importante, el Director no podrá cambiar la asignación de más de cinco por ciento de los fondos, ni el destino de más de 100 funcionarios de una agencia a otra.
Además, sus facultades de contratación y despido prácticamente desaparecieron. De acuerdo con la ley, el Director Nacional de Inteligencia tiene "el derecho de influir en las designaciones".
De todos modos, algunos profesionales de inteligencia consideran que la ley marca una mejora respecto de la situación actual, en particular al elevar el nivel de la cooperación entre agencias. (FIN/IPS/traen-mj/jl/ip sp/04)
