La radio y la televisión de Venezuela quedaron desde este miércoles bajo una ley que regula sus contenidos, entrega a productores independientes una parte de la programación de las emisoras y propone la organización de los consumidores de esos servicios en asociaciones de usuarios.
Pero la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión fue aprobada sin consenso político entre seguidores y adversarios del presidente Hugo Chávez, y con la franca oposición del sector privado, asociaciones sindicales y organizaciones no gubernamentales de comunicación social y derechos humanos.
Desde 1936, a poco de llegar la radiofonía a Venezuela, se dictaron numerosas leyes, reglamentos y otras normas sobre el espectro radioeléctrico —siempre de propiedad del Estado, que entrega concesiones a operadores— y sobre su empleo, y el nuevo texto consolida muchas de esas prescripciones y agrega otras nuevas.
En primer lugar, la ley identifica elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, y los clasifica en grupos, para a continuación prohibir o permitir la difusión de varias categorías de mensajes que contengan esos elementos en tres tipos de horarios.
Las mayores restricciones son para el horario "todo público", de siete de la mañana a siete de la noche (las 19 horas) y en el que se supone que los menores de edad están expuestos a la radio y TV sin supervisión de sus padres. Un horario "supervisado" admite otros mensajes entre cinco y siete de la mañana, y siete y once de la noche (entre las 19 y las 23 horas).
La amplitud para difundir imágenes y sonidos destinados al público adulto cubre seis horas (entre las once de la noche o 23 y las cinco de la mañana), pero aun así se prohíbe por ejemplo emitir escenas reales de relajaciones sexuales o desnudos que no sean parte de programas educativos o de salud.
El presidente Chávez, quien demoró su viaje a la cumbre sudamericana de Cuzco (Perú) para promulgar la nueva ley apenas el parlamento la sancionó la noche del martes, dijo que con el nuevo texto "ha comenzado la liberación del yugo mediático de los más débiles, que son los niños, niñas y adolescentes".
En la acera de enfrente, el empresario de televisión Alberto Ravell dijo que con la nueva ley "el control (remoto) ya no estará en manos del televidente, sino del gobierno, que nos dirá lo que debemos ver y oír, y lo que no".
El texto fue aprobado con los votos de los 87 diputados oficialistas en la Asamblea Nacional, que tiene 165 escaños.
Se opusieron a su formulación los gremios empresariales de radio y TV (mayoritariamente alineados con la oposición), el Sindicato de Trabajadores de la Prensa y entidades internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación Interamericana de Radiodifusión y la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
La ley recoge una prohibición de hace 20 años para transmitir publicidad de licores o cigarrillos, agrega la de juegos de apuestas y azar, y ordena difundir con frecuencia el himno nacional y acompañar, en la TV, el lenguaje de señas a los mensajes de voz.
El manejo de las normas estará en manos de la gubernamental Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de un Directorio de Responsabilidad Social y de un organismo asesor, Consejo de Responsabilidad Social.
Las normas técnicas y la aplicación de sanciones corresponden al Directorio, presidido por el jefe de la Comisión —funcionario del Ministerio de Infraestructura— y tendrá otros diez miembros, de los cuales seis serán de organismos del gobierno o del Estado, dos representantes de los usuarios, uno de las iglesias y otro de las universidades.
Las sanciones consisten en una escala que comienza con cesión de espacios para mensajes educativos del Estado o instituciones independientes, multas de hasta dos por ciento de los ingresos anuales brutos de la empresa, cierre temporal y revocatoria de la concesión.
Se consideran infracciones tanto transmitir mensajes prohibidos como omitir los que son ordenados, así como no cumplir con normas sobre incorporación de segmentos de producción nacional independiente o transmitir menos publicidad de factura nacional que la indicada.
Quedan prohibidos mensajes cuyo efecto sea "promover, hacer apología o incitar a la guerra, al delito o a la alteración del orden público, sean discriminatorios o promuevan la intolerancia religiosa, sean contrarios a la seguridad de la nación, o sean anónimos".
"Cualquier cosa puede ser acusada de atentar contra la seguridad de la nación", advirtió Teodoro Petkoff, director del diario opositor Tal Cual. "Todo depende de los criterios subjetivos, políticamente motivados, de los funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, agregó.
El reglamento de la ley, agregó Petkoff, "debería especificar claramente qué debe entenderse por incitación, apología de la guerra o del delito y el alcance de ese concepto todoterreno que habla de mensajes contrarios a la seguridad, cuya vaguedad extrema engloba cualquier cosa".
Antonio Pasquali, de la organización no gubernamental Comité por una Radio y Televisión de Servicio Público, dijo a IPS que "se trata de disposiciones de carácter totalitario, que promueven la censura y la autocensura y llevarán a que el régimen establezca lo que se puede transmitir y lo que no".
En cambio la periodista y diputada oficialista Desirée Santos sostuvo que "de ninguna manera se establece censura previa. Sólo se trata de que los medios, aunque puedan informar en vivo cuanto deseen, no incurran en uso amarillista de imágenes y sonidos para explotar el morbo en horarios destinados a la formación de niños y adolescentes".
El ministro de Información, Andrés Izarra, dijo que "la ley no pretende abarcar todo y mediante sentencias judiciales de interpretación podrá ajustarse el instrumento".
Periodistas que conducen espacios de opinión en radio y TV han expresado aprensión porque deban limitar el uso de los micrófonos en vivo por parte del público.
Sencillamente habrá autocensura porque la gente no podrá expresar libremente su opinión sino que los programas se grabarán, un grupo de edición decidirá lo que puede ir al aire, para no arriesgar a que la emisora sufra una multa millonaria o el cierre por un mensaje indebido", comentó a IPS Eduardo Orozco, ex presidente del Colegio de Periodistas y director de la ONG Expresión Libre.
Al promulgar la ley, Chávez anunció que "seremos inflexibles" en su aplicación.
La Comisión de Telecomunicaciones también tendrá a su cargo incentivar la organización de las asociaciones de usuarios y las empresas y cooperativas de producción independiente, para lo que dispondrá de un fondo que se nutrirá de porcentajes de los ingresos por publicidad en radios y televisoras.
"Necesitamos desarrollar una industria audiovisual nacional", subrayó Izarra.
El objeto de la ley, según el primero de sus 35 artículos, es fomentar el equilibrio democrático entre deberes, derechos e intereses de los prestadores de servicios de radio y TV, los productores nacionales independientes y las usuarias y usuarios.
Varios de los artículos son de vigencia inmediata, en tanto para instrumentar otros hay plazos que van desde unos pocos meses hasta tres años.
