Organizaciones no gubernamentales de Colombia pedirán a la OEA que evalúe su papel como acompañante de la desmovilización de los paramilitares de derecha, promovida por el gobierno de Alvaro Uribe.
Activistas y grupos de la sociedad civil están en consultas con gobiernos de la región para que propongan al Consejo Permanente de la OEA (Organización de Estados Americanos) una rendición de cuentas, dijo a IPS Jorge Rojas, director de la colombiana Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
A instancias de Washington y de Bogotá, la OEA, dirigida entonces por el colombiano César Gaviria, activó un año atrás la Misión para Apoyar el Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA), de carácter técnico, al mando del argentino Sergio Caramagna.
Caramagna había manejado la desmovilización de 22.000 contras nicaragüenses, los irregulares financiados por Estados Unidos en los años 80 para actuar contra el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
La tarea técnica de la MAPP-OEA es apoyar la desmovilización, verificar el cese del fuego, la entrega de armas y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre Bogotá y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para generar confianza y atraer respaldo internacional, tanto político como financiero.
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Pero hasta ahora, la OEA ha guardado silencio sobre el reporte de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que da cuenta de 1.899 desapariciones forzadas y asesinatos presuntamente cometidos por paramilitares en los 21 meses posteriores al cese de hostilidades decretado el 1 de diciembre de 2002.
Creemos que falta más energía, más claridad y más decisión política en la misión de la OEA, señaló Rojas.
Caramagna es una persona que juega un papel absolutamente insuficiente, a nuestro juicio. Más que un problema de recursos, también es un problema de decisiones políticas, opinó.
En 2004, sólo Estados Unidos y Suecia apoyaron el funcionamiento de la MAPP-OEA, pero los recursos resultaron insuficientes para cumplir la verificación, según Caramagna.
La OEA puede terminar avalando una operación de impunidad y de lavado de dólares, más que una operación de paz, advirtió Rojas, en referencia a que al menos ocho líderes paramilitares que negocian la desmovilización de sus ejércitos irregulares están pedidos en extradición por narcotráfico en Estados Unidos.
Washington aprobó este mes una ayuda de 3,5 millones de dólares al proceso de paz colombiano durante 2005, aunque el Departamento de Justicia aún debe decidir si las leyes nacionales permiten girar esos recursos, pues las AUC se encuentran entre los grupos considerados terroristas por el gobierno estadounidense.
En la reclamada rendición de cuentas, el Consejo Permanente de la OEA debe definir primero, cuáles son los estándares mínimos de derechos humanos, en el marco de los conceptos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente al proceso, explicó Rojas.
Segundo, cómo se interpreta la violación del cese de hostilidades y el papel que debe jugar la Misión en función de la protección de las víctimas en el marco de ese proceso, añadió.
Y tercero, hasta dónde se puede hablar de un proceso de paz, ya que los paramilitares no estarían enfrentados militarmente al gobierno de Uribe.
El cese de hostilidades fue la condición puesta por el gobierno para iniciar una negociación con esas fuerzas irregulares, que desde principios de los años 80 actúan en apoyo de las Fuerzas Armadas en la guerra contrainsurgente colombiana, que lleva más de cuatro décadas.
Para finales de este mes, el gobierno espera haber desmovilizado a 3.000 paramilitares y desmantelar todas sus estructuras (que se estima comprenden a unos 12.000 efectivos) en 2005.
Los rituales de entrega colectiva de armas parecen acelerarse al amparo de dos decretos que, combinados, garantizan la impunidad, según el director de la CCJ, Gustavo Gallón.
De acuerdo con esos decretos, los paramilitares que se entregan junto con sus armas deben efectuar una declaración simple de pertenencia a un ejército ilegal para quedar en libertad.
La fiscalía verifica los antecedentes judiciales de la persona en semanas subsiguientes, pero no hay garantías de que los culpables de crímenes de guerra sean encontrados nuevamente y detenidos por la justicia.
Los desmovilizados con procesos judiciales ya abiertos por crímenes de guerra o lesa humanidad se mantendrían concentrados en un territorio hasta que se apruebe una ley de verdad, justicia y reparación.
Un proyecto en ese sentido, que comenzará a debatirse en el parlamento en sesiones extraordinarias en febrero, sólo entraría en vigencia en septiembre, si su discusión no corre mayores tropiezos.
El proyecto prevé un tribunal especial e independiente que, mediante confesiones de los desmovilizados, recabaría el listado de todos los miembros del paramilitarismo, sus crímenes y áreas de acción.
Así, cada desmovilizado obtendría indulto sólo después del proceso correspondiente en ese tribunal ad hoc. Si en el procesamiento se comprobara falsedad en la confesión, el caso pasaría a la justicia ordinaria. Otra iniciativa parlamentaria a discutirse prevé la creación de una comisión de esclarecimiento histórico.
La justicia colombiana no sabe ni siquiera de qué delitos fueron responsables (los que se desmovilizan), ni sobre qué bienes tienen que responder, dijo la semana pasada en rueda de prensa Pedro Santana, director de la no gubernamental Viva la Ciudadanía, que promueve la aplicación y desarrollo de la Constitución de 1991.
El mecanismo de la desmovilización es absolutamente enrevesado y la inexistencia de un marco jurídico hace que el proceso tenga grandes riesgos de fracaso, advirtió Santana.
La discusión es si vamos a hacer un proceso que va a basarse en el perdón y olvido, o si vamos a basarnos en la verdad, justicia y reparación. Y en este momento hay dos posiciones claras sobre la mesa, resumió el historiador Daniel García-Peña, director del no gubernamental Planeta Paz.
Estados Unidos ha advertido que este proceso debe tener claridades sobre aspectos básicos como, por ejemplo, con quién se negocia, pues aún hoy no se conoce la identidad de todos los integrantes de la mesa de negociación paramilitar, recordó Rojas.
Entre tanto, el consejo de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) hizo saber que condiciona su respaldo al proceso alentado por Uribe a que éste se desenvuelva en un marco jurídico acorde con las normas internacionales y a que contenga una política integral de paz, que involucre a las fuerzas rebeldes.
Colombia debe cumplir las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos, una condición multilateral para ayudar financieramente a Uribe, subrayó la UE.
El representante Michael Frühling, de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo el domingo al semanario El Espectador que el marco legal que honre debidamente el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas involucra no sólo a los grupos ilegales, se aplica también a los agentes del Estado.
¿En qué se deberían invertirse los millones de dólares de Washington, en caso de que obtengan luz verde del Departamento de Justicia?, preguntó IPS.
En una comisión de esclarecimiento histórico. En una visibilización de las víctimas de esta guerra. En una comisión de la verdad, que permita saber quién financió, por qué financió, y cómo se desarrollaron las operaciones más críticas de la degradación del conflicto armado en Colombia, contestó Rojas.
