Un juez de Canadá afronta el desafío de arrojar luz sobre la terrible experiencia del sirio-canadiense Maher Arar en una cárcel de Siria y el sistema secreto de interrogación y tortura, inspirado por Estados Unidos, que lo llevó allí, además de superar obstáculos interpuestos por Ottawa en nombre de la seguridad nacional.
Las circunstancias que rodearon el caso de Arar, quien nunca fue acusado de ningún delito, son investigadas por una comisión federal que realiza audiencias a puertas cerradas desde el verano (boreal) para interrogar a funcionarios de seguridad e inteligencia.
Se espera que el juez Dennis O'Connor dictamine a comienzos del año próximo qué detalles de la evidencia presentada por la Real Policía Montada y el Servicio de Inteligencia de Seguridad pueden hacerse públicos.
Tenemos mucha confianza en que estamos llegando al fondo de esta historia y el público sabrá qué le pasó a Arar, afirmó la semana pasada Paul Cavalluzzo, abogado de la comisión.
Pero observadores piensan que el gobierno canadiense, que aceptó a disgusto y bajo presión del público crear la comisión, apelará la decisión de O'Connor ante la Corte Federal, con la intención de mantener oculta gran parte de la información sobre la investigación del sirio canadiense.
En julio, el diario Globe and Mail informó que O'Connor había expresado preocupación por lo que consideraba un excesivo margen de acción para apelar que el gobierno se concedió a sí mismo, mediante una reforma de la Ley de Evidencia que aún puede ser impugnada por inconstitucional.
Realmente, esas disposiciones no parecen adecuarse a la idea de una investigación pública, sostuvo según ese periódico.
Nadie se beneficiará si la investigación sobre el caso de Arar queda empantanada, alegó Wesley Wark, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Toronto y experto en seguridad e inteligencia.
Tanto el gobierno estadounidense como el sirio se han negado a apoyar la investigación, que sólo podrá mostrar una limitada instantánea del involucramiento canadiense en el caso, apuntó.
Arar, residente en Ottawa y asesor sobre computación, volvía a su casa en septiembre de 2000, tras unas vacaciones pasadas en familia, cuando fue detenido en un aeropuerto de Nueva York por autoridades estadounidenses, que lo deportaron a Siria, el país del que había escapado muchos años antes para no cumplir el servicio militar.
Comunicaciones del gobierno canadiense a Siria determinaron que Arar fuera liberado 12 meses después. Al regresar a Canadá, afirmó que había sido golpeado y torturado cuando estaba preso, y obligado a firmar una falsa confesión de que estaba vinculado con terroristas islámicos.
Documentos que O'Connor dio a conocer en versiones muy censuradas sugieren que la Policía Montada consideraba a Arar una figura periférica en sus investigaciones sobre terrorismo, pese a que desaconsejó expresamente al gobierno atender la presión pública por su liberación.
También permiten suponer que la idea de que Arar era parte de la red Al Qaeda, a la que el gobierno estadounidense considera responsable de los atentados de septiembre en 2001 en Nueva York y Washington, provino de autoridades de Estados Unidos y determinó que fuera entregado a Siria y no a Canadá, pese a que había negado con vehemencia esa acusación.
Ese aparente intento de minimizar el papel desempeñado en el caso por los servicios canadienses de seguridad e inteligencia fue recibido con escepticismo por organizaciones no gubernamentales humanitarias que habían presionado a Ottawa para que lanzara la investigación.
El documento divulgado parece ser un intento estratégico de culpar a Estados Unidos por parte de la Policía Montada. También parece ser un intento de distraer a la comisión de lo que esperamos que esté haciendo: investigar si esa institución tiene una estrategia sistemática de colaborar con el envío de personas a la tortura, comentó una fuente de la comisión, en condiciones de anonimato.
Wark tiene estrechos vínculos con funcionarios de seguridad e inteligencia, y duda de que la Policía Montada o el Servicio de Inteligencia de Seguridad desempeñen algún papel en la política estadounidense de enviar a musulmanes a países como Egipto, Jordania y Siria donde son víctimas de un tipo de interrogatorio abusivo que sería ilegal en Canadá.
Lo que bien puede haber pasado es que la embajada canadiense en Damasco haya recibido información del gobierno sirio sobre los resultados de lo que éste llamó 'interrogatorio' de Arar, comentó.
El mandato de la comisión investigadora es centrarse en lo que ocurrió con Arar, y es improbable que las experiencias similares de otros tres sirio-canadienses se ventilen mucho, sostuvo el secretario general de la filial canadiense de Amnistía Internacional, Alex Neve.
Esa organización no gubernamental humanitaria ha realizado un cercano seguimiento del caso desde que Arar fue deportado a Siria, y no piensa que el caso se deba a la mala suerte de un individuo.
En uno de los tres otros casos de sirio-canadienses que afirman haber sido torturados en Siria, parece que el Servicio de Inteligencia de Seguridad por lo menos, y quizás junto con otros servicios de seguridad canadienses, estuvo involucrado y participó en idas y venidas con funcionarios sirios, destacó Neve.
A comienzos de este año, Amnistía Internacional pidió sin éxito a O'Connor que expandiera su investigación para abarcar un segundo caso. La negativa implicó que los otros tres sirio-canadienses sólo puedan comparecer como testigos, si su testimonio parece relevante para el mandato de la investigación, que es averiguar lo que ocurrió a Maher Arar, añadió.
Arar, su abogado y las organizaciones no gubernamentales autorizadas a intervenir en la investigación no han podido participar en los interrogatorios reservados de agentes de la Policía Montada y el Servicio de Inteligencia de Seguridad.
O'Connor puede consultar a Arar y esas organizaciones sobre la orientación general de esos interrogatorios, pero no revelar los nombres de los agentes que comparecen ni los asuntos discutidos con ellos.
Según Stephen Staples, director del proyecto sobre seguridad corporativa del Instituto Polaris, con sede en Ottawa, la integración de información de seguridad e inteligencia canadiense y estadounidense después de los atentados de septiembre de 2001 determinó que una situación como la de Maher Arar fuera a ocurrir más temprano que tarde.
