La capacidad de las futuras autoridades de Somalia para abordar las violaciones de derechos humanos que asolaron este país desde 1991, cuando se quedó sin gobierno central y a merced de los señores de la guerra, es una incógnita.
Se prevé que el gobierno, encabezado por el presidente Abdullahi Yusuf Ahmed y el primer ministro Alí Mohammed Ghedi, se forme en la vecina Kenia este mes y se traslade a la capital somalí, Mogadiscio, a fines de año. Un acuerdo de paz se firmó en Nairobi el mes pasado.
El Grupo de los 10 (G10), red de organizaciones humanitarias locales, advirtió que los señores de la guerra que aún luchan por el poder no cuentan con personal adecuado para restaurar los derechos humanos en este país del Cuerno de Africa.
Líderes y comandantes de las facciones armadas que podrían ser acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad han negociado un acuerdo de paz cuyo punto principal es compartir el gobierno en la Somalia de posguerra, indicó el G10.
Que el proceso de paz esté dominado por señores de la guerra deja un problema: cómo establecer un marco que atienda las graves violaciones de derechos humanos del pasado, incluidos casos documentados de asesinato político, masacres, violaciones masivas, muerte indiscriminada de civiles desarmados, ocupaciones forzadas y desplazamientos, indicó la red.
Las conversaciones de paz sobre Somalia se celebran en Kenia desde 2002. Estas negociaciones culminaron con la elección de un parlamento de 275 miembros el 22 de agosto. Algunos de ellos son señores de la guerra que controlan poderosas facciones y que están involucrados en combates.
Con la mediación de la Autoridad Intergubernamental sobre Desarrollo (IGAD), un organismo regional en que participan Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán y Uganda, el proceso tiene la finalidad de poner fin a más de una década de conflicto.
El 15 de septiembre, el parlamento eligió su presidente, el 10 de octubre, a Ahmed como presidente y el 3 de este mes, a Ghedi como primer ministro.
Se prevé que Ghedi designe a su gabinete en los próximos 30 días. Somalia ha carecido de gobierno central desde 1991.
Somalia, antigua colonia italiana, está en guerra civil desde 1991, cuando distintas facciones derrocaron al dictador Mohammed Siad Barre para luego enfrascarse en luchas intestinas.
Desde entonces, el país ha estado en poder de señores de la guerra, que combaten por el control de vastos territorios.
La provincia noroccidental de Puntland, declaró su autonomía en 1998, y la septentrional Somalilandia, ex colonia británica anexada por Mogadiscio en 1960, declaró su independencia en 1991, aunque no fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los clanes Hawiye, Digle-Mirifle, Dir y Darod luchan entre sí, y hay un quinto clan formado por 14 grupos minoritarios.
La guerra civil dejó más de 300.000 muertos, según agencias humanitarias. La intervención de la ONU se produjo entre 1992 y 1995.
Ahora, organizaciones de derechos humanos y mujeres parlamentarias reclaman a la comunidad internacional ayuda para que el futuro gobierno atienda las heridas causadas por las violaciones de derechos humanos, en particular las violaciones.
En ese sentido, pidieron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la designación de un Relator Especial sobre violencia contra las mujeres en Somalia, a cargo de establecer la magnitud del problema.
Las parlamentarias somalíes también pidieron la constitución de una comisión internacional que analice los abusos de derechos humanos y el uso de la violación como arma de guerra.
Estamos pidiendo a la comunidad internacional que nos ayude porque es difícil confiar en los señores de la guerra para que tomen medidas en cuestiones como crímenes contra la humanidad, entre ellos la violación, dijo a IPS la legisladora y activista Asha Abdalla.
En los primeros tiempos del conflicto, cada hora había una violación, agregó Abdalla.
El informe Situación de los Derechos Humanos elaborado por el G10 y publicado por la organización holandesa NOVIB indica que la violación era una práctica generalizada, y que se la utilizó para castigar e intimidar a las comunidades étnicas rivales de los perpetradores.
Miles de niñas y mujeres fueron violadas entre 1991 y 1994. Los crímenes de guerra contra la población femenina se han cometido a niveles sin precedentes y con impunidad, indica el estudio.
La instalación de campamentos de violación, a donde iban a parar mujeres secuestradas por las milicias, fue una de las peores atrocidades cometidas contra las somalíes, particularmente en Mogadiscio, la capital.
Todas las mujeres y niñas eran vulnerables a tales abusos, pero los combatientes secuestraban, por lo general, a las pertenecientes a facciones rivales o a las que tenían un débil vínculo con los clanes establecidos, indica el informe.
Para muchos activistas, como Abdalla, esos crímenes no deben quedar sin castigo. Como parlamentarias, esperamos que se tomen acciones contra los violadores una vez que sean hallados culpables por una comisión de la verdad, dijo.
Las matanzas fueron generalizadas dada la gran cantidad de armas existente en el país como consecuencia de 13 años de anomia. Los 1,3 millones de habitantes de Mogadiscio tenían en 1999 más de un millón de armas, según la Cruz Roja.
La constante circulación de armas ha convertido al país africano en una de las principales causas de la inestabilidad regional, como reconoció el ex canciller somalí Kalonzo Musyoka a comienzos de este año.
El estado de caos también permite el movimiento de organizaciones terroristas internacionales y la planificación de atentados como los perpetrados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, en 1998, y contra un hotel israelí en la costera localidad keniata de Mombasa, en 2002. (
