El cigarrillo mata a 14.000 personas al año en Chile, que ostenta uno de los mayores porcentajes de fumadores de América Latina, pese a lo cual la legislación antitabaco es débil y las presiones empresariales retrasan su mejora, advirtieron diputados y activistas de organizaciones de consumidores.
El gobierno de Ricardo Lagos demoró más de un año en enviar al parlamento la propuesta de ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que finalmente lo hizo el 15 de este mes y luego de que un grupo de diputados amenazara con acusar constitucionalmente al ministro de Salud, Pedro García.
La oficina para América Latina de Consumers International (CI), con sede en Santiago, realiza ahora una campaña de recolección de firmas para pedir a Lagos que dé rapidez al trámite legislativo de este convenio de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que lo calificó sólo de simple urgencia, lo cual puede demorar indefinidamente su aprobación.
A su vez, Chiletabacos, la filial de la firma transnacional British American Tobacco que controla 98 por ciento de la venta de cigarrillos en Chile, lleva adelante campañas de imagen auspiciando actividades culturales y educacionales, al tiempo que busca crear en el ideario colectivo la idea de que prohibir el consumo del tabaco en lugares públicos es sinónimo de intolerancia.
La palabra 'derechos' sólo aparece en el idioma de Chiletabacos en referencia a los cuatro millones de fumadores en el país. Nunca reconoce el 'derecho' del no fumador a ser protegido en su salud, señaló en un análisis la no gubernamental Corporación de Investigación y Promoción de la Salud y Sexualidad (Cipress).
Existe una estrategia global de la industria del cigarrillo, concentrada en ganar en el Sur los mercados que pierden en los países industrializados del Norte por el endurecimiento allí de la legislación antitabaco, según CI.
El plan (de las transnacionales tabacaleras) para conquistar el mercado latinoamericano ha sido un éxito comercial: consiguieron aumentar en 68 por ciento los fumadores en la región, mientras en Estados Unidos y Europa un 10 por ciento de los fumadores ha dejado el cigarro, añade el informe de este grupo no gubernamental.
La Oficina Panamericana de la Salud (OPS), advirtió en mayo que en Chile y Argentina fuman tabaco 45 por ciento de los hombres y 35 por ciento de las mujeres mayores de 12 años.
Casi 70 por ciento de los niños y adolescentes en estos países respira habitualmente el humo del cigarrillo de los demás en su propio hogar, indicó la OPS a modo de complemento de los resultados sobre los llamados fumadores pasivos.
Para CI y la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), esto constituye una transgresión de la norma constitucional que consagra el derecho de los chilenos a vivir en un ambiente libre de contaminación.
Chile firmó en septiembre de 2003 el CMCT, que hasta la fecha ha sido corroborado por 37 países, con lo cual faltan sólo tres confirmaciones para convertirlo en norma internacional con jurisdicción para todos los estados firmantes —más allá de que lo hayan ratificado o no— y hacer así que entre en vigencia 90 días después.
Todos los países de América Latina, con excepción de Colombia y República Dominicana, suscribieron el convenio, pero sólo cuatro lo han ratificado y ellos son México, Panamá, Perú y Uruguay.
Una vez ratificado el CMCT, el gobierno chileno deberá, como mandata el convenio, reforzar las normas aprobadas en 1995 sobre espacios libres de humo, regular la publicidad y la venta de cigarros a menores de 18 años, subir impuestos, controlar el contrabando y mejorar respecto de los efectos nocivos del tabaco, lo que incluye las advertencias impresas en las cajetillas.
El convenio incidirá en la forma en la que la industria tabacalera opera globalmente, con prohibiciones a la publicidad del tabaco, y a la intromisión de ésta en las políticas de salud pública en nivel nacional e internacional.
Un adolescente que se inicia como fumador se convierte en consumidor por 30 años y más y esta franja etaria de Chile es la que más fuma en comparación a sus iguales de América Latina, con tasas de 34 por ciento en los hombres y 43 por ciento en las mujeres, según datos del Ministerio de Salud.
British American Tobacco ocupa el segundo lugar en el mercado tabacalero mundial, con una participación de 15 por ciento en 180 países.. Su sitio en Internet indica que América Latina y el Caribe es la región que aportó 18,9 por ciento de sus ventas mundiales en 2003.
Chiletabacos contribuyó con alrededor de 22 millones de dólares a las ganancias totales de esa firma británica de 1.420 millones de dólares, también en 2003. Esta filial tabacalera chilena es también la empresa privada que más aporta al Estado por conceptos de impuestos, con cinco por ciento de toda la recaudación fiscal.
Los gravámenes que paga el tabaco en Chile suman 60,4 por ciento del precio de venta.
En agosto de 1990, el gobierno impulsó un proyecto de ley para prohibir el auspicio o patrocinio de la industria tabacalera a acciones culturales, sociales o deportivas, prohibir la venta de tabaco a menores de 18 años, la comercialización de cigarrillos sueltos e imponer que las advertencias en el envoltorio cubrieran por lo menos 20 por ciento de la superficie.
Pero ninguna de estas iniciativas prosperó y la llamada Ley de Tabaco, promulgada en septiembre de 1995, se limitó a encargar al Ministerio de Salud la tarea de establecer una clara y precisa advertencia acerca de los riesgos específicos que, para la salud, implica el consumo de tabaco.
En 1997 se dispuso que el Ministerio de Educación incorporara en sus planes de estudio contenidos destinados a promover los beneficios de no fumar y los daños que produce este hábito, enfatizando la prevención y rehabilitación.
Sin embargo, para el diputado Fulvio Rossi, del cogobernante Partido Socialista, en la práctica hay una nula legislación para controlar el hábito tabáquico, lo que se demuestra en el crecimiento exponencial del tabaquismo en los escolares y las mujeres.
La legislación no limita la publicidad, no fortalece la penalización del contrabando, no exige una importante advertencia sobre el daño a la salud por el consumo de tabaco en las cajetillas, y el valor de éstas es muy accesible, dijo Rossi a IPS.
Tampoco se cumple con la separación de ambientes entre fumadores y no fumadores en los distintos establecimientos, aunque, en la práctica, se ha demostrado que en ambientes de los no fumadores hay tantos agentes cancerígenos como en el de los fumadores, agregó el parlamentario, uno de los que amenazó con la acusación constitucional al ministro García.
En su defensa, Chiletabacos alude a la importante carga impositiva que afectan a sus productos y que se traduce en grandes aportes de dinero al Fisco. Reclama sus derechos constitucionales de gozar de igualdad ante de la ley, a la propiedad intelectual y comercial de sus patentes y marcas y a la libre comunicación con sus clientes a través de la publicidad.
La empresa reivindica además su derecho a operar legalmente en la producción y comercialización de un producto lícito, destaca también su papel como fuente de trabajo directo para unos 700 empleados, además de los miles de puestos laborales que existen en la cadena productiva de esta industria, y resalta sus obras filantrópicas, educacionales y culturales.
Los directores y ejecutivos de Chiletabacos forman parte de la más alta capa de la elite industrial y financiera del país.
Empero, según el informe de Cipress, sus metas centrales son evitar aumentos de impuestos, proteger sus opciones en el ámbito publicitario y frenar intentos de regular o legislar para eliminar el humo secundario en espacios cerrados.
El apoyo a actividades culturales, deportivas y filantrópicas, así como los impuestos que paga Chiletabacos implican una gran presión a los gobiernos para que se demore la ratificación (del CMCT), como se ha demostrado hasta la fecha, dijo a IPS Yul Francisco Dorado, uno de los encargados de la campaña de ratificación del convenio de CI.
El activista recordó que un estudio que la OPS encargó a las facultades de Medicina y Economía de la Universidad de Chile estableció que el Estado gasta el año 1.140 millones de dólares en el tratamiento de enfermedades asociadas al tabaquismo, como el cáncer de pulmonar, el infarto al miocardio y la afección respiratoria obstructiva crónica.
El gasto en tratamientos de enfermedades vinculadas al consumo del tabaco es superior a esos ingresos tributarios (que aporta Chiletabacos), agregó.
La ratificación del CMCT significa mejor calidad de vida, bienestar y salud, ganar una política coherente respecto del tabaquismo como una epidemia que mata a mucha gente en Chile y el mundo, y, al reconocerlo como enfermedad, asumirlo como tal por el conjunto de la sociedad e implementar un ambiente mucho más sano para todos, dijo a IPS el coordinador de Odecu, Omar Pérez Santiago.
