Violaciones con animales, quemaduras con cigarrillos, sopletes o ácidos, extracción de uñas con alicates, inmersión en agua, aceite o petróleo, obligación de presenciar torturas a otros detenidos, a menudo familiares, golpizas y simulacros de fusilamiento.
Esta lista parcial de tormentos aplicados en Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) incluye detenciones prolongadas con la vista vendada o con capuchas, aplicaciones de corriente eléctrica en genitales y otras zonas sensibles y rompimiento de tímpanos mediante golpes en los oídos. Fueron torturas generalizadas tras el golpe militar.
Las descripciones están contenidas en el informe entregado este miércoles al presidente Ricardo Lagos por una comisión que recopiló durante un año los testimonios de 35.000 víctimas. Pero la sociedad chilena aún no puede leerlos.
Apenas Lagos recibió el reporte del grupo que presidió el obispo católico Sergio Valech, ex vicario de la Solidaridad, se abrió el debate acerca de si se deben difundir o no los nombres de los torturadores y si éstos deben ser llevados ante la justicia como forma integral de reparación para los torturados.
El informe se mantendrá en secreto hasta que el presidente decida, en un plazo prudente, acerca de su difusión parcial o total y se pronuncie sobre las propuestas de reparaciones a las víctimas, dijo el ministro de la Secretaría General de Gobierno y portavoz presidencial, Francisco Vidal.
No obstante, trascendió que el reporte de tres voluminosos tomos y ocho capítulos recoge en testimonios todo el horror de las prácticas con que los cuerpos de policía secreta y organismos militares y policiales maltrataron físicamente a los opositores a Pinochet y atentaron contra su dignidad moral y salud mental.
Luego del golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende, se instauró en Chile la tortura como una práctica sistemática de control político, con métodos que alcanzaron un alto grado de crueldad.
La comisión, que se creó el 11 de noviembre de 2003, recogió 35.000 testimonios en todo el país, a través de 42 gobernaciones provinciales y en 110 localidades, para establecer los diversos grados de participación en los tormentos de los cuerpos represivos secretos y de organismos militares y policiales.
El documento, pudo establecer IPS, advierte también las secuelas psicológicas y los daños morales y materiales que afectaron a los torturados, desde el punto de vista de su inserción social y laboral y de su permanencia en el país, ya que muchos optaron por salir al exilio al no soportar la permanencia en Chile bajo un temor constante.
La práctica de la tortura fue indiscriminada. Entre sus víctimas se contaron muchas personas no involucradas en actividades políticas, pero que fueron detenidas y maltratadas en el marco de una estrategia de amedrentamiento masivo bajo un régimen de terrorismo de Estado, según se desprende del informe.
La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el cuerpo de policía secreta que dependía directamente de Pinochet, y su sucesora desde 1978, la Central Nacional de Informaciones (CNI), fueron los organismos que más practicaron la tortura, además de los cuerpos de Inteligencia de las ramas castrenses.
El informe identifica además al menos 18 regimientos del ejército en que se maltrató sistemáticamente a prisioneros políticos, así como siete recintos de la armada, entre los cuales se incluye al buque-escuela Esmeralda.
El general Juan Emilio Cheyre, comandante del ejército, hizo la semana pasada un reconocimiento público de la responsabilidad institucional de su fuerza en las violaciones de derechos humanos de la dictadura, actitud que no imitada por otros mandos castrenses.
Este miércoles, el comandante de la armada, almirante Miguel Angel Vergara, afirmó pongo las manos al fuego por los 25.000 efectivos a su cargo y las anteriores generaciones de marinos, que nada tuvieron que ver con las violaciones de derechos humanos.
Añadió, sin embargo, que si el informe entregado este miércoles ratifica las denuncias de Amnistía Internacional y otros grupos humanitarios sobre torturas en el Esmeralda, hará un reconocimiento público al respecto y lo lamentará profundamente.
La Comisión Etica contra la Tortura señaló en un comunicado que en Chile operaron al menos 1.200 centros de tortura durante el régimen de Pinochet, y estimó que en conjunto contaron con unos 3.600 agentes, los cuales deben ser puestos a disposición de los tribunales de justicia.
Hugo Gutiérrez, abogado de derechos humanos, coincidió en que un sistema adecuado de reparación a las víctimas debe implicar que los casos de torturas sean llevados ante la justicia, acción al parecer no está prevista entre las fórmulas que Lagos anunciará a fines de este mes.
La también abogada de derechos humanos Pamela Pereira, dirigente del cogobernante Partido Socialista, expresó su desacuerdo por el carácter secreto que se ha dado al informe hasta que Lagos autorice su difusión.
Considero que desde el punto de vista de la metodología, es un error no haberlo entregado de inmediato al conocimiento de la opinión pública, porque yo creo que el país tiene la madurez suficiente para leer un informe de esta naturaleza junto con el presidente, señaló Pereira.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) lamentó públicamente no haber sido invitada por Lagos a la ceremonia de recepción del reporte de la comisión presidida por el obispo Valech y pidió una reparación integral para las víctimas de torturas.
Mireya García, vicepresidenta de la asociación, consideró un paso histórico la entrega de este informe, en el cual por primera vez se establece oficialmente que hubo prisioneros y detenidos políticos torturados en Chile bajo el régimen de Pinochet.
Nosotras esperamos que se adopten todas las medidas que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la reparación simbólica, jurídica y material, y que principalmente este informe sea parte integrante de la formación de las nuevas generaciones para que nunca más ocurra esto en Chile, dijo García.
En las cercanías de Pinochet, el general retirado Guillermo Garín, ex vicecomandante del ejército, señaló que una visión bastante negativa del informe. Se está escarbando en antiguas heridas que debieran dejarse cicatrizar, expresó.
En la DINA no hubo ninguna política de tortura, sostuvo el general retirado Manuel Contreras, jefe de ese cuerpo represivo, que tenía como único superior jerárquico a Pinochet.
El brigadier retirado Miguel Krassnoff, identificado por organizaciones humanitarias como uno de los mayores torturadores de la DINA, aseveró ante la prensa que yo jamás recibí una orden de torturar.
Tanto Contreras como Krassnoff, junto a otros dos ex jefes de la DINA, fueron notificados este miércoles por el juez Alejandro Solís de condenas de presidio en primera instancia por el secuestro en diciembre de 1974 del joven Luis San Martín, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, quien sigue desaparecido.
Solís solicitó 15 años de reclusión para Contreras y 10 años para el brigadier retirado Raúl Iturriaga, así como tres años para Krassnoff y el también brigadier Gerardo Urrich.
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