La propuesta eliminación en China del sistema de peticiones al gobierno central o ”shangfang”, un instrumento del régimen comunista que permite a los ciudadanos presentar quejas sobre autoridades locales, podría hacer que el descontento social se canalice por medios más peligrosos, teme Beijing.
Durante más de 50 años de gobierno comunista, el ”shangfang” ha ofrecido a quienes se sentían perjudicados por alguna acción u omisión de las autoridades locales un medio de reparación de las más altas esferas gubernamentales.
Los padres fundadores de la China comunista, desde el difunto presidente Mao Zedong hasta el líder Deng Xiaoping, usaron el sistema para presentar un rostro benevolente del régimen.
Ahora, en cambio, investigadores sociales y expertos legales arguyen que este modo algo imperial de impartir justicia contradice los esfuerzos de las autoridades por establecer una sociedad moderna basada en la ley.
Desilusionados con sus autoridades locales, los demandantes prefieren muchas veces pasar meses en las oficinas de petición de Beijing en lugar de esperar años por una decisión de los tribunales de justicia.
Sin embargo, el rápido aumento del número de reclamos ha vuelto al sistema totalmente ineficiente y esto ha provocado un profundo descontento.
El año pasado, la Oficina de Peticiones recibió más de 10 millones de reclamos, pero sólo resolvió dos de cada 1.000, según un estudio publicado en el Southern Weekend, de Guangzhou.
El problema es que los pobres pueden quedarse sin alternativas para reclamar contra la corrupción de funcionarios corruptos.
”Muchas personas rechazan nuestra propuesta de abolir el sistema”, dijo Yu Jianrong, investigador de asuntos rurales de la Academia China de Ciencias Sociales.
”De hecho, no proponemos eliminarlo por completo. La gente podría seguir usándolo para expresar opiniones, pero sugerimos al gobierno que separe el derecho de los ciudadanos a la asistencia social del antiguo sistema de petición a los altos líderes”, agregó.
”Si el sistema no se reforma, el resultado político para el gobierno podría ser desastroso”, advirtió Yu, director del equipo a cargo del estudio sobre el ”shangfang”, al Southern Weekend.
La propuesta fue presentada a las altas esferas de gobierno en un momento especial, tras una serie de violentos choques étnicos y disturbios que abrieron las compuertas de una furia social reprimida, en especial en zonas rurales.
Este mes, un simple accidente de tránsito desató cinco días de enfrentamientos entre musulmanes y chinos han en la central provincia de Henan. La agencia oficial de noticias Xinhua informó que hubo siete muertos y 42 lesionados, pero fuentes locales dijeron a la prensa que murieron hasta 148 personas, incluidos 18 agentes policiales.
Esta convulsión social es reflejo de la creciente brecha entre ricos y pobres, la corrupción generalizada y la indiferencia oficial hacia los problemas de la población.
Según estadísticas del Banco Mundial, la disparidad de ingresos en China es ahora mayor que en India, y se está acercando a los niveles de América Latina.
La mayor parte de las protestas rurales ocurren cuando los campesinos son engañados por funcionarios locales en su propia tierra, afirmó Li Ping, representante en Beijing del Instituto de Desarrollo Rural, una organización no gubernamental estadounidense.
”El problema de las confiscaciones ilegales de tierras está generalizado y puede provocar más protestas rurales en el futuro”, dijo Li en una entrevista.
En la carrera de China hacia la modernización, más de 40 millones de pequeños agricultores fueron desplazados, y el número aumenta en dos millones al año. Los campesinos sin tierra son ahora los más pobres del país, señaló Zhao Dianguo, funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Beijing teme que si se deroga el sistema de petición, el descontento social reprimido encuentre vías más peligrosas.
Sin embargo, el gobierno no tiene otra opción que reformar el obsoleto mecanismo del shangfang, opinó Yu Jianrong.
”Lo que queremos es el imperio de la ley, y no el culto a funcionarios honestos ni resoluciones garabateadas en nuestras peticiones”, concluyó.
* /Este despacho corrige el primer párrafo del transmitido a las 4:25 GMT/. (