Aunque la economía argentina está en franca recuperación del colapso de 2001, el gobierno de Néstor Kirchner logró que el Congreso le otorgue las facultades extraordinarias previstas para manejo del presupuesto en tiempos de emergencia, una aprobación criticada por la oposición y grupos sociales.
En las casi 370 páginas del proyecto de presupuesto nacional para 2005 que la Cámara de Diputados avaló por mayoría el jueves para que el Senado lo considere, y seguramente apruebe, a fines de este mes, hay apenas un artículo que suscitó una airada polémica y es el que otorga a la jefatura de Gabinete ministerial la potestad de utilizar partidas a libre criterio del gobierno.
Legisladores de oposición de izquierda, centro y de derecha, además de algunos del gobernante Partido Justicialista recordaron en su voto de rechazo que la ley fundamental otorga al parlamento la potestad de fijar el presupuesto que el gobierno administra, y por eso consideran una ficción el ejercicio de votar erogaciones que luego pueden ser orientadas a otros fines.
Los poderes extraordinarios fueron una atribución constitucional que usufructuó Kirchner desde su asunción en mayo de 2003 en función de la emergencia socioeconómica que afronta el país desde la debacle de fines de 2001, que se llevó en la correntada de revuelta social al gobierno de Fernando de la Rúa cuando sólo había transitado la mitad de su mandato de cuatro años.
Los críticos de darle otra vez hasta 2005 al gobierno poderes especiales previstos para épocas de crisis arguyen que la economía se recupera con fuerza desde 2002. En cambio, los defensores del gobierno señalan que, si bien el crecimiento ha sido constante, aún no se ha superado la grave crisis social, laboral y de ingresos.
Las facultades son necesarias porque aún no se superó la crisis, aseguró el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en Senado a mediados de octubre, cuando la oposición lo convocó para pedirle explicaciones por el pedido. Lo que reclamamos es que por favor nos den los instrumentos necesarios para administrar, imploró el funcionario.
En respuesta a ese pedido, la cámara baja aprobó por 147 votos a favor, 81 en contra y una abstención la asignación de gastos para 2005. En tanto que por la delegación de facultades se pronunciaron a favor 118 legisladores, 96 lo hicieron en contra y 11 se abstuvieron.
El diputado Claudio Lozano, un economista de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), declaró a IPS que el argumento oficial para exigir facultades especiales no tiene asidero. A su juicio, la emergencia social se podría atender mejorando la asignación de recursos para la población y eso no está contemplado en la nueva relación.
La señal que está enviando el Poder Ejecutivo al conjunto de sectores sociales que tienen reclamos para el gobierno es que tendrán que presionar en las calles para obtener los recursos que no pueden conseguirse por la vía institucional, advirtió el legislador e integrante de la CTA, una de las dos centrales sindicales argentinas.
Lozano sostuvo además que el traspaso de atribuciones de un poder del Estado al otro no fortalece sino que debilita al Poder Ejecutivo, en la medida en que hay una sola lapicera para firmar las decisiones y se eleva el grado de permeabilidad de la presidencia a las presiones de los factores de poder externos e internos.
Del mismo modo, hubo organizaciones de la sociedad civil que expresaron sus temores por la delegación de poderes, sobre todo porque estaría en línea con otros asuntos en los cuales el gobierno de Kirchner se mostró reacio o perezoso para adoptar medidas que garanticen una gestión más transparente.
Estamos preocupados por el papel cada vez más poderoso que juega en Argentina el jefe de Gabinete y por la poca capacidad técnica y de control que tiene el Congreso Nacional legislativo ante esa cesión de facultades, declaró a IPS Laura Alonso, coordinadora del Area de Acción con Políticos de la organización no gubernamental Poder Ciudadano.
La cesión de estas prerrogativas se suma a otro fenómeno que preocupa a las organizaciones de la sociedad civil y es el alto número de decretos de necesidad y urgencia que suscribe el mandatario. En lo que lleva de gobierno firmó 75 decretos, que se imponen con fuerza de ley sin pasar por el Congreso.
La Constitución contempla este tipo de decretos para cuando existan circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios de una ley. Pero también prevé que una comisión bicameral debe luego refrendarlos, pero ese requisito nunca se ha cumplido desde la sanción de la reforma de 1994 que incluyó esa prerrogativa presidencial.
Alonso admitió que en casi todos los sistemas presidencialistas ocurren delegaciones especiales del Poder Legislativo al Ejecutivo, pero sostuvo que en Argentina esta práctica se profundizó en los últimos 10 años y lo sigue haciendo aún en estos momentos en que las condiciones económicas no ameritan medidas de emergencia.
Desde 1997, el Congreso cedió poderes sucesivamente al Poder Ejecutivo, pero muchos de los legisladores que entonces votaron por esa delegación sostienen que ya no se justifica porque la economía recuperó el nivel de crecimiento y se está en vías de una renegociación de la deuda externa en cesación de pagos.
La cesión de poderes es grave, es una bandera blanca del Congreso para que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera, y eso va a ocurrir justo en 2005 cuando habrá elecciones (legislativas) y el gobierno aspira a contar con recursos para ampliar el número de diputados y senadores afines, remarcó la dirigente de Poder Ciudadano.
De esta manera, señaló, el parlamento está desdibujado. Debería controlar a la presidencia tal como prevé la Constitución y no lo hace.
Al contrario, advirtió que cuando el partido de gobierno tiene mayoría en las dos cámaras, como ocurre ahora, parecería que al Congreso no le importa controlar al presidente, apuntó.
Para Alonso, el problema es más grave aún si se considera que la banda oficialista tiene en carpeta un proyecto de ley de acceso a la información pública que está a punto de caducar por falta de tratamiento en el Senado. El justicialismo indicó que le hará reformas a la iniciativa, que deberá volver a los diputados.
En ausencia de esa norma, la jefatura de Gabinete ministerial aplaza desde hace un mes la entrega de información a Poder Ciudadano y otras organizaciones sobre el gasto en publicidad oficial y la distribución aparentemente arbitraria de esa pauta a los distintos medios, según denuncian editores, organizaciones sociales y periodistas.
Según un estudio encargado por Poder Ciudadano, en los primeros ocho meses del año el gobierno a través de partidas que maneja Fernández— incrementó en 37 por ciento la publicidad oficial respecto de igual periodo de 2003, aun cuando las autoridades aseguran que el gasto se mantuvo en iguales niveles.
El asunto de la publicidad oficial y la posibilidad de censura fue debatido por los diputados en el marco de la sanción de la ley de presupuesto. Algunos legisladores de la opositora Unión Cívica Radical señalaron el manejo discrecional de Fernández en la llamada pauta publicitaria para tener control sobre la agenda de medios periodísticos.
En las últimas semanas tuvo fuerte repercusión el caso del columnista económico Julio Nudler, quien denunció que la dirección del diario local Página 12, en el que trabaja, se negó a publicar un artículo suyo sobre casos de corrupción de anteriores gobiernos donde aparece involucrado Fernández. (
