A los 88 años, Susana Yofre no sale aún de su asombro. La justicia argentina acaba de confirmar su derecho a un importante resarcimiento económico por haber tenido que exiliarse junto a 26 familiares suyos hace casi 30, en plena dictadura militar que los perseguía.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia es un paso más en las reparaciones del Estado a las víctimas del régimen dictatorial que se extendió de 1976 a 1983.
Primero se sancionó la ley de indemnización a familiares de detenidos-desaparecidos, luego a los que fueron encarcelados por la dictadura y más tarde se otorgó un reconocimiento monetario particular para los hijos de los desaparecidos. Ahora comienza el camino en el mismo sentido para los exiliados.
Estoy impactada por la noticia y por la repercusión, dijo este viernes Yofre, al ser consultada por la radio Mitre, de Buenos Aires, sobre el dictamen judicial que en la víspera reconoció el derecho de ella y de su familia a recibir del Estado 74 pesos, que equivalen a unos 25 dólares, por cada día de los siete años de exilio en México.
De todos modos, los abogados aclararon que para reclamar este derecho se debe demostrar que los demandantes sufrieron tal persecución que se vieron forzados a abandonar el país para salvar su vida. La familia de Yofre recibió asilo político en México.
La decisión de la Corte generó reacciones diversas entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, entiende que el camino adoptado por la justicia forma parte de una política que busca reparar los daños perpetrados por el terrorismo de Estado.
La indemnización es una manera de reconocer que el Estado terrorista forzó a mucha gente a irse al exterior para salvar su vida y la de su familia, y por esa causa perdió sus bienes, su empleo y quedó al volver en una situación calamitosa, explicó Cortiñas a IPS.
En cambio, para la agrupación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el tema es más complejo.
Nenina Bouliet, de esa entidad, opinó que el fallo es correcto. Empero, advirtió que corre el riesgo de no ser justo si no alcanza a todos los casos, pues hubo mucha gente que se exilió dentro del país y también debería tener derecho a ese beneficio. Asimismo, apuntó que desde mediados de los años 80 Familiares reclama otras formas de resarcimiento que se ignoran.
Bouliet contó a IPS que en 1977 su marido fue secuestrado y aún está desaparecido. Dos años después, ella debió exiliarse con su hijo en España hasta octubre de 1984.
Una de esos reconocimientos reclamados es el de los aportes previsionales que no pudieron hacer los exiliados mientras estuvieron en esa condición, para así garantizar el acceso a la jubilación una vez retirados.
También piden, hasta ahora sin éxito, el reconocimiento de la nacionalidad argentina para niños y niñas que nacieron forzosamente en el extranjero durante el exilio de sus padres.
El dinero llega tarde para mí. Lo que yo más quisiera en verdad hoy es saber cómo mataron a mi marido y donde está su cuerpo, confesó Yofre, que en 1976 estaba casada con Miguel Vaca Narvaja, abogado de presos políticos en la central provincia de Córdoba.
Vaca Narvaja fue secuestrado de su casa, cuando tenía 60 años, ante la vista de su esposa y del menor de sus 12 hijos, que entonces tenía 16 años. Entraron 12 forajidos, robaron cosas, se llevaron a mi marido atado y en pijama y lo metieron dentro del baúl. Desde entonces nunca supe más nada de él, narró.
La anciana recuerda que su esposo estaba lleno de vida, era un hombre trabajador, con gran espíritu de lucha. Poco antes de su secuestro había caído uno de sus hijos, que se llamaba igual que él y también era abogado de presos políticos. Primero fue detenido y torturado, para luego ser asesinado por efectivos de seguridad.
Miguel Hugo, como llama Yofre a su hijo abogado para diferenciarlo de su marido, fue terriblemente torturado, y él mismo me dijo (cuando estaba cautivo): 'mamá, por favor, váyase del país y llévelos a todos porque si se quedan los van a matar'. El no pudo escapar y lo mataron.
Uno de los hijos de Yofre es Fernando Vaca Narvaja, quien entonces integraba la dirección de la organización guerrillera peronista Montoneros.
Nunca le hice un reproche a Fernando, él eligió ese camino y lo hizo con convicción, consideró la madre. Pero aclaró que ni su esposo ni su otro hijo pertenecieron nunca a ese grupo insurgente.
El líder guerrillero pudo salir del país y, una vez de regreso en el país tras la recuperación democrática, fue condenado a prisión en 1985 por los delitos pendientes de su actuación en Montoneros.
Fernando Vaca Narvaja fue posteriormente indultado en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem )1989-1999), junto a los también dirigentes montoneros Mario Firmenich y Roberto Perdía, y a los militares jefes de la dictadura encarcelados siete años antes, varios de ellos a prisión perpetua.
La persecución se desató por el apellido. Comenzaron a amenazar a toda la familia, era un asedio tremendo, recordó Yofre. Pero el empujón final lo dio el asesinato de la familia Pujadas, perpetrado también en Córdoba..
Por esos días, enviados del general Luciano Benjamín Menéndez, fueron a buscar a la familia de Mariano Pujadas, militante de Montoneros asesinado en 1972 en una base naval en Trelew, en al austral provincia de Chubut, junto a otros 15 dirigentes de distintas agrupaciones guerrilleras.
Los hombres de Menéndez fueron por sus padres y hermanos, que no tenían militancia partidaria. Los arrojaron a todos en un pozo junto a la empleada doméstica también y los quemaron vivos. Sabíamos bien que era lo que nos esperaba si nos quedábamos, contó Yofre.
La mujer se trasladó entonces al consulado mexicano en Buenos Aires con otros 26 familiares directos, hijos y nietos. Del total de la familia, 13 eran menores de 18 años. Había de 12, ocho, seis, cuatro años, y hasta de dos meses. Vivieron en esa sede diplomática casi tres meses hasta que consiguieron salir del país.
El dictador Jorge Rafael Videla frenaba el exilio de la familia y mandaba mensajeros de la cancillería al consulado para convencerlos de que se quedaran. Me mandaba a decir que le preocupaba la desaparición de mi marido, y que nos podíamos quedar que no había peligro, dice. Pero ella no le creyó.
La mujer reclamó un resarcimiento por el daño sufrido por todos. Por la salida obligada del país, el desarraigo, la pérdida de empleos, la supervivencia en hoteles, la crianza de nietos en el exterior, consideró justo que el Estado democrático, dispuesto a resarcir a las víctimas, reconociera su caso.
En las primeras instancias judiciales fracasó, pero insistió. En este fallo del jueves, el máximo tribunal admitió que la decisión de la mujer no fue voluntaria o libremente adoptada, sino la única y desesperada alternativa que tuvo para salvar su vida ante la amenaza del propio estado o de organizaciones paralelas.
La sentencia se basó en un dictamen previo de la Procuración coordinación fiscal- en el que se recordaba que a los detenidos durante la dictadura se les otorgó una indemnización por cada día de prisión ilegal y clandestina y también por cada día de exilio forzado posterior a la cárcel.
En los siete años de la última dictadura, además de que fueron desaparecidas unas 30.000 personas, se estima que entre 5.000 y 10.000 debieron exiliarse, pero no en todos los casos el traslado fue decidido en las circunstancias límites de Yofre.
Por eso sus abogados aclararon que si bien el fallo sienta un precedente, no cualquier exiliado podrá apelar a esta sentencia como antecedente. (
