Suicidios y enfermedades terminales salpican el camino de miles de depositantes en Argentina, Uruguay y Paraguay para recuperar migajas de sus ahorros perdidos dos años atrás, en el torbellino de estafas empresariales, corridas bancarias y colapso financiero.
Como señaló a IPS una de las afectadas en Uruguay, a la angustia de perder todo se suma la exasperante lentitud de la justicia, que con escasos recursos debe desentrañar una compleja trama financiera preparada pacientemente por años para encubrir maniobras fraudulentas en el Mercosur, el Caribe y Estados Unidos.
José Rohm, propietario junto con su hermano Carlos y tres bancos transnacionales de entidades financieras hoy en liquidación en Argentina y Uruguay, aguarda en Miami sin demasiado estrés como lo demostraron publicaciones argentinas— que la justicia estadounidense resuelva sobre el pedido de extradición tramitado por el juez uruguayo José Balcaldi.
Otro que se mueve con igual tranquilidad en Estados Unidos es Juan Peirano Basso, ”cerebro” del también quebrado Grupo Velox y con pedido de captura internacional por tribunales de Uruguay y Paraguay.
Sus hermanos José, Jorge y Dante están procesados con prisión en Montevideo, al igual que lo estuvo el padre de los cuatro, Jorge Peirano Facio, hasta su fallecimiento en 2003.
Liquidadores del Trade & Commerce Bank (TCB) de Islas Caimán, una de las cabezas del puente financiero del clan Peirano, admitieron ante azorados ahorristas en Montevideo, haberse reunido con Juan Peirano en Nueva York en busca de información destinada a facilitar la recuperación de activos para devolver a los depositantes estafados.
Los bancos del Grupo Velox en la región alentaban a sus depositantes a colocar dinero en condiciones más convenientes en el TCB. Luego, los banqueros o empleados de su confianza retiraban del TCB enormes sumas de dinero por concepto de préstamos sin garantías a empresas que ellos mismos controlaban.
Los liquidadores dijeron que la familia Peirano se apropió así de unos 800 millones de dólares, de los cuales habían podido rescatar apenas tres millones, pero descontando sus gastos y honorarios sólo quedaban 170.000 dólares para repartir.
La justicia paraguaya aparece como la más dinámica. Un juicio oral y público se iniciará el 27 de este mes contra tres directivos del Grupo Velox, aunque los tribunales paraguayos deberán esperar por José y Juan Peirano, a quienes se declaró en rebeldía tras procesarlos, hasta que diluciden su situación judicial en Uruguay.
En Paraguay se había iniciado el derrumbe del Velox para extenderse a los bancos uruguayos Montevideo y Caja Obrera, el argentino Banco Velox, el TCB y otras casas financieras, supermercados y empresas variadas en los tres países, además de Chile, Perú y el sur de Brasil.
Igual destino tuvo el grupo financiero de los hermanos Rohm, asociado del JP Morgan, el Dresdner Bank y el Crédit Suisse en el Banco Comercial y en la Compañía General de Negocios, de Uruguay, y en el Banco General de Negocios y otras entidades radicadas en Buenos Aires.
El ciclón que arrasó con los mayores consorcios privados de los sistemas financieros de Uruguay y Paraguay, y ayudó a dejar a ambos países al borde del abismo, se alimentó, como explicó a IPS el economista Luis Porto, del colapso argentino de fines de 2001 y la simultánea fuga de capitales.
A su paso dejó al descubierto una cadena de estafas, desvíos de fondos y otras maniobras ilegales con dineros de ahorristas, algunas cometidas para cubrir efectos de la crisis y otras de más larga data.
La caída en 2002 del Banco Alemán, el segundo más confiable de Paraguay, provocó una corrida bancaria que se llevó 400 millones de dólares y depreció la moneda local en 30 por ciento, precisó a IPS el consultor empresarial paraguayo Sergio Britos.
Fue cuando el Citibank de Nueva York debió salir en auxilio de su filial paraguaya, con 180 millones de dólares, para hacer frente a la corrida y evitar la temida intervención del Banco Central.
En tanto, el costo de la tormenta Rohm-Peirano para Uruguay ”no se sabrá nunca con exactitud”, según el economista Juan José Clavería. Pero, para tener una dimensión aproximada, basta decir que la deuda pública creció en menos de un año de 9.000 millones de dólares a 12.000 millones, más de 100 por ciento del producto interno bruto de 2003, detalló a IPS.
Clavería, asesor del sindicato de empleados bancarios, añadió que en esa cuenta incluye los 1.500 millones de dólares otorgados a Uruguay directamente por Estados Unidos, a cuenta de un crédito posterior del Fondo Monetario Internacional, que permitió al gobierno de Jorge Batlle eludir el cese de pagos (default), mácula que aún carga Argentina.
Empero, el daño financiero no se detiene. A los perjuicios del corte de la cadena de pagos que arrasó con muchas empresas y economías domésticas, la liquidación de bancos suma efectos continuados, como los que se sintieron hasta fines de los años 90 por la quiebra en 1971 del Banco Mercantil, también propiedad de la familia Peirano.
Además, la crisis de 2002 dejó en harapos al estatal Banco Hipotecario del Uruguay y obligó al también estatal Banco de la República, el principal del país, a reprogramar los depósitos en algunos casos por varios años..
No debería descartarse un fallo contra el Estado uruguayo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si prospera la demanda por violación del derecho de propiedad presentada en 2003, y ampliada en agosto, por la escribana Alicia Barbani y la contadora María del Huerto Breccia a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Barbani, una de miles de damnificados convertida en portavoz de muchos de ellos, dijo a IPS que la pérdida de todos los ahorros llevó a enfermar gravemente a muchas personas y al suicidio al menos a seis. ”No todos son poseedores de mucho dinero”, como se dice, aclaró.
Mientras los afectados penan por resarcirse al menos parcialmente y la justicia transita cansinamente sus vericuetos legales, tampoco aparecen responsables desde el poder político, pese a las severas fallas de los organismos de contralor.
Expertos consultados por IPS coinciden en que los controles oficiales no reaccionaron a tiempo o fueron cómplices en los tres países. Se recuerdan las fluidas relaciones de los Rohm con los gobiernos de Argentina y de Uruguay en los años 90, así como la añeja connivencia del clan Peirano con el poder político tradicional de este país.
Por eso creen los damnificados consultados por IPS que las sospechas de permisividad oficial o dolo, que las investigaciones judiciales en curso en los tres países tratan de determinar, pueden llegar a confirmarse al cabo de los respectivos juicios.
Pero la lentitud de esos procesos ya determinó que la jueza argentina María Servini de Cubría se viera obligada a otorgar la libertad, con una fianza de 1,7 millones de dólares, a Carlos Rohm, detenido con un pie en el avión en 2002, como organizador de una asociación ilícita, pero aún no condenado.
Debido al proceso que se le sigue a Rohm en Argentina, el juez uruguayo Balcaldi no podrá echarle mano, como pretende, hasta que quede libre de culpa y cargo o cumpla la posible sentencia.
Balcaldi, que ya procesó a siete personas en la causa por el vaciamiento del Banco Comercial, dijo a IPS que al menos hasta fin de año no habrá novedades en el juicio, tras considerar ”normal” la demora de la justicia estadounidense en tramitar su pedido de extradición de José Rohm, pues ”allá van a la sustancia de la causa para finalmente responder”.
Hasta ahora, los tribunales estadounidenses sólo rechazaron alguna documentación por razones formales, relacionada con trámites consulares, justificó Balcaldi.
El juez está convencido de que Estados Unidos no trabará la extradición de José Rohm, sobre quien, aclaró, ya no pesa un pedido similar que había tramitado Argentina.
En cambio, su colega Pablo Eguren está más lejos de llegar a puerto en el caso Peirano, ya que ni siquiera se ha designado la imprescindible pericia contable, de muy alto costo para el menguado presupuesto de la justicia uruguaya.
Tampoco la Policía Internacional ha ubicado al prófugo Juan Peirano, aunque mantuvo una reunión de carácter confidencial en Nueva York con los liquidadores de Islas Caimán y denuncias publicadas en la prensa uruguaya, sin poder confirmarse, aseguran que ha ingresado al país en varias ocasiones.
La causa, iniciada en noviembre de 2002, se encuentra apenas en la fase de presentación de pruebas, informó a IPS el abogado Amadeo Ottati, defensor de los hermanos Jorge, José y Dante Peirano. También s encuentran procesados con prisión en este caso otros ex directivos del grupo, entre ellos tres altos ejecutivos..
De este modo se abre para la defensa una oportunidad para pedir la libertad anticipada de los tres, por la relación del tiempo transcurrido tras las rejas y las penas contempladas en los delitos que se les imputan, distintos tipos de fraudes, que van de dos a ocho años de cárcel.
Por eso, el tiempo corre a favor de los acusados, y no de las decenas de miles de estafados, en especial aquellos que han quedado con las alforjas vacías.
* Con aporte de Alejandro Siscioli (Paraguay)
