Un escalofriante informe sobre violaciones a los derechos humanos en prisiones y comisarías de la provincia argentina de Buenos Aires fue presentado este viernes por un organismo gubernamental creado un año atrás para combatir la tortura carcelaria.
El estudio El sistema de la crueldad. Corrupción y tortura en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires, fue elaborado por el gubernamental Comité contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria presidida por el fiscal bonaerense Hugo Cañón.
En la investigación se revelan casos como una golpiza feroz de un guardia-cárcel contra un recluso con VIH (virus de inmunodeficiencia humana), torturas con descarga eléctrica, duchas frías o asfixia por inmersión, salidas de los presos, forzadas por funcionarios penitenciarios, para cometer delitos, tráfico de drogas y psicofármacos, entre otros.
La cantidad de detenidos en el distrito bonaerense pasó de unos 15.000 a casi 25.000 en los últimos cuatro años, en coincidencia con la profundización de la crisis económica y su secuela de desempleo, pobreza y marginalidad. El total excede en mucho la capacidad de prisiones y cárceles. Además, hay 5.800 detenidos en comisarías.
El hacinamiento y las condiciones de la vida en reclusión son denigrantes. Cubículos sin luz ni ventilación. Escasas letrinas para decenas de usuarios. Falta de colchones. Duchas que solo brindan agua fría.. Salas de tortura. Ventanas sin vidrios. Sanitarios sin agua y teléfonos que no funcionan ni son reparados.
Un año atrás, un equipo de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dedicado a las detenciones arbitrarias visitó cárceles de la provincia de Buenos Aires, a las que comparó luego, en un informe, con las prisiones de países sin democracia, como el caso de Irán.
El sistema está colapsado, lo que genera condiciones de extrema crueldad e inhumanidad en la detención, alertaba entonces esa misión, y citaba el caso del calabozo de una estación de policía con espacio para cinco detenidos, pero ocupado por 30 que se turnaban para dormir y pisaban sus propios excrementos, pues no tenían acceso a un baño.
Tras la divulgación del informe, Cañón dijo a IPS que el Comité contra la Tortura fue creado en 2003 para indagar sobre esas violaciones a los derechos humanos en 32 cárceles y comisarías, en las que más de 90 por ciento de los detenidos esperan sentencia. Para ello se pidió a jueces y fiscales que informaran sobre las denuncias de malos tratos.
Pero como estos informes no eran obligatorios, no hubo resultados hasta que, en marzo, la Corte Suprema de Justicia provincial ordenó a los funcionarios que los llevaran a cabo.
Con todo, se mantiene un incumplimiento en los reportes superior a 70 por ciento, de modo que el documento resultante es apenas una muestra de la realidad, explicó Cañón.
Esa muestra da cuenta de 3.241 denuncias de apremios ilegales, torturas, abuso de armas y de autoridad, allanamientos ilegales, amenazas, homicidios, incumplimiento de deberes de funcionario y lesiones graves. En todos los casos los responsables pertenecen al servicio penitenciario, aseguró Cañón.
Del total de causas iniciadas desde 2000 con base en estas denuncias, 1.434 se archivaron, en 52 se dictó el sobreseimiento de los acusados y 1.751 están en trámite. Solo en cuatro casos hubo sentencia, remarcó Cañón, fiscal de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, al sur de la provincia homónima.
Entre los casos denunciados hubo 25 homicidios de reclusos. El número real es mucho mayor, lo que ocurre es que se registran como suicidios o como homicidios en riña entre reos, cuando en verdad se trata de homicidios, aseguró Cañón.
Desde ahora, el Comité contra la Tortura realizará un informe cada año para verificar la evolución de las denuncias y constituir un banco de datos que quedará bajo la supervisión de la Comisión por la Memoria, creada a instancias de organizaciones de derechos humanos.
Cañón relató un caso que lo impactó: un hombre fue atacado por la espalda por otro recluso colaborador, como se llama en la jerga carcelaria a quien tiene permiso para portar faca dentro del penal, otorgado por las autoridades.
El agredido intentó defenderse y en el forcejeo mató al atacante. No obstante, el caso fue considerado homicidio y no homicidio en legítima defensa.
Otro episodio relatado en el informe tiene como protagonista a una reclusa que fue obligada a desvestirse para una requisa. Cuando se negó a quitarse la ropa interior alegando que estaba menstruando, fue llevada a las duchas y, bajo el agua helada, sometida a una golpiza por cuatro guardias que casi la matan.
Respecto de los alimentos, Alejandro Mosquera, uno de los miembros del Comité que recopiló los datos, explicó a IPS dos tipos de irregularidades: directores de presidios que roban parte de la mercadería, y otros que emiten facturas por cantidades superiores a las adquiridas.
En cualquiera de los casos, estos actos de corrupción restringen la cantidad y calidad de la alimentación de los detenidos. Frecuentemente, las comidas se elaboran con carne no apta para consumo humano. Se roban todo, y lo que nos llega es incomible, denuncia un recluso en el documento.
La investigación señala que las cárceles son zonas de no derecho o depósitos de carne humana, sujetas a la arbitrariedad del personal encargado de administrarlas. Así, el Estado tolera una violencia sistemática contra los internos, privados de las garantías más elementales.
Tras recibir el informe, el gobernador de Buenos Aires Felipe Solá se comprometió a acelerar la construcción de nuevas cárceles, controlar estrechamente al personal penitenciario e iniciar investigaciones administrativas a aquellos denunciados, incluyendo algunos que resultaron sobreseídos por la justicia.
