Dos líderes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), provincia del norte de Argentina, fueron detenidos este jueves, acusados de participar en la resistencia a un desalojo violento intentado por grupos armados irregulares contra pobladores rurales.
En diálogo con IPS, el abogado del Mocase, Hernán Prego, confirmó que Angel Strapazzón, principal líder del movimiento, fue detenido junto a Gustavo Carrizo, cuando viajaban hacia la ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia homónima.
El martes, cuando los campesinos resistieron el desalojo, Strapazzón estaba en la provincia de Santa Fe, aseguró el letrado.
Según Prego, las autoridades libraron también orden de captura contra un tercer líder del movimiento, Fabián De Bueno, y efectuaron tres allanamientos infructuosos en busca de armas en la sede del Mocase y en la vivienda de Strapazzón, en la localidad de Quimilí, y en un predio en litigio.
El procedimiento fue iniciado por una denuncia de Jorge Orlando, quien dice ser titular de 1.262 hectáreas en el paraje santiagueño Pampa Pozo, departamento Ibarra, en las que habitan unas 15 familias campesinas desde hace 70 años. Sin embargo, Orlando nunca inició una acción civil para recuperar el predio, sostuvo el abogado.
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Los campesinos están asistidos en su derecho a permanecer en las tierras por la Ley de Prescripción Veinteañal sobre ocupantes tradicionales de terrenos. Pero para ampararse en la norma, se requieren mensuras costosas y complicados trámites judiciales, inaccesibles para la mayoría de estos habitantes rurales.
Según la ley, los ocupantes de predios pueden reclamar su propiedad cuando hayan ejercido una posesión pacífica y continua de los mismos por más de 20 años, y hayan efectuado ciertas mejoras.
Una fuente del Mocase que pidió reserva de su identidad dijo a IPS telefónicamente que desde el martes, unas 15 personas armadas, vestidas de civil están asentadas en los campos reclamados por Orlando.
Mataron a unos 30 animales y destruyeron herramientas de los campesinos, además de desalojar a una de las 15 familias que allí viven, dijo la fuente, cercana a la zona de Pampa Pozo y que mantiene contacto con los afectados.
Los agresores responden a Miguel Angel Zurita, prófugo de la justicia y acusado de atentar contra la vida de Strapazzón, dijo la fuente. Zurita efectuó el 17 de marzo ocho disparos contra el líder campesino en la puerta de su casa, tras lo cual se dio a la fuga. La policía no logra dar con él, a pesar de que continúa actuando públicamente.
Strapazzón, ileso de aquel ataque, fue detenido ahora por cargos de usurpación, daños, amenazas, robo y lesiones gravísimas, todos delitos falsos para el abogado Prego.
En cambio, Zurita sigue actuando en representación de terratenientes y hasta la policía le responde, dijo la fuente del Mocase. Aparece en los diarios locales y en la televisión, y la justicia no actúa, añadió.
El conflicto en Pampa Pozo reitera un incidente similar en Villa María, en el departamento de Quimilí.
A mediados de septiembre, un grupo de desconocidos incendió un campo de 6.000 hectáreas con vacas y cabras, y pocos días después, el juez de paz Julio Elías Saad se presentó en el lugar con agentes de policía y personas vestidas de civil y con el rostro cubierto, que se identificaron como representantes de la empresa Batzen.
La compañía había sido beneficiada por una medida judicial contraria a los derechos de posesión de los campesinos. La delegación estaba armada e intentó desalojar a los pobladores con amenazas y disparos intimidatorios, denunció entonces el Mocase ante la justicia.
Las amenazas se repitieron en los días siguientes. Los parapoliciales advirtieron a los campesinos que querían las cabezas de tres líderes del Mocase, incluyendo a De Bueno y Strapazzón. Estos hechos también fueron denunciados ante el juez.
De acuerdo con un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales, de unas 15.000 familias santiagueñas que viven de la pequeña producción agropecuaria, 10.000 se ven afectadas por la tenencia precaria de las tierras que ocupan y trabajan, algunas por generaciones, y no han podido acceder a los títulos de propiedad por no contar con los recursos suficientes para iniciar juicios de prescripción veinteañal.
El 73 por ciento de las familias campesinas de la provincia son poseedoras veinteañales de las tierras que habitan, añade el estudio.
Santiago del Estero, con 720.000 habitantes, fue intervenida por el gobierno nacional siete meses atrás, ante graves denuncias contra la gobernadora Nina Aragonés y su esposo, el ex gobernador Carlos Juárez, una pareja de dominaba la provincia desde hacía casi medio siglo.
El matrimonio Juárez, ahora bajo arresto y proceso, es sospechoso de haber participado en la muerte de dirigentes políticos y religiosos, y fue denunciado por graves violaciones a los derechos humanos, persecución política de opositores y fraude a la administración pública durante sus años al frente de una de las provincias más pobres de este país.
Una de las razones de más peso entre las esgrimidas por Buenos Aires para la intervención federal, fue un informe redactado por el secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde y por el entonces viceministro de Justicia Juan Pablo Lanusse, luego designado interventor provincial.
En ese informe, los funcionarios aseguraban que grupos armados actuaban en la provincia como las guardias blancas rusas tras la revolución bolchevique de 1917, amedrentando a los campesinos.
Muchos de los campesinos tenedores de derechos son injustamente desalojados de sus legítimas posesiones por supuestos dueños o compradores, decía entonces el informe, y denunciaba la existencia de paramilitares o bandas de peones armados, como fuerza de choque de empresarios o hacendados interesados en los desalojos.
En el mismo informe previo a la intervención, el Ministerio de Justicia mencionaba reuniones periódicas de empresarios (à) cuyo objetivo era la organización y el financiamiento de grupos armados para el desalojo extrajudicial de campesinos y el hostigamiento a la actividad del Mocase y otras organizaciones.
