El secuestro de 33 toneladas de madera de árboles protegidos, importada ilegalmente, y la detención de seis implicados en la maniobra provocó este miércoles en España una gran satisfacción entre las organizaciones ambientalistas.
Los ecologistas llevamos años luchando por esto, soñando que de una vez por todas los países del Norte combatan la importación de maderas de especies en peligro de extinción y de zonas protegidas, por eso nos alegra la buena noticia, dijo a IPS Miguel Angel Soto, responsable forestal de la organización no gubernamental Greenpeace.
La Guardia Civil, un cuerpo de policía militarizado, informó del operativo desarrollado por su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), tras una investigación iniciada a fines de 2002, denominada Operación Palo.
La madera secuestrada había sido extraída de árboles de la especie conocida como palo santo de río, cuyo nombre científico es Dalbergia nigra e identificada también como pitomba, caviuna o jacarandá en la zona en la que confluyen las fronteras de Argentina Brasil y Paraguay.
Su calificación como especie protegida fue dispuesta en 1992, aunque ya en 1920 se comenzó a advertir que estaba amenazada de extinción, precisó Soto.
Precisamente, del territorio brasileño llegó la madera ahora incautada, aunque esa medida no fue realizada en ningún puerto español sino ya en empresas dedicadas a su procesamiento, en especial para la fabricación de guitarras, violines y otros instrumentos musicales.
El operativo está a cargo de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y se sigue desarrollado en esta misma provincia y en las de Cuenca, Granada y Valencia, donde ya se realizaron inspecciones en 21 firmas y establecimientos de elaboración y venta de instrumentos musicales.
La madera sin procesar incautada fue valorada por ese cuerpo policial en un valor en euros equivalentes en más de tres millones de dólares.
Fuentes de la Guardia Civil señalaron a IPS que la detención de seis personas y las investigaciones realizadas han permitido desarticular a la que consideran una de las mayores redes de importación, elaboración y distribución de madera cuya utilización es ilegal.
Los investigados tenían como principal herramienta la falsificación de los documentos de importación, en los que constaba el nombre de otras maderas no sujetas a restricciones, cuando en realidad importaban palo santo de río.
Las fuentes de la Guardia Civil informaron a IPS de que los documentos incautados fueron expedidos por una empresa brasileña, cuyo nombre se reservaron. Entre lo incautado se encuentran documentos que podrían llevar a nuevos secuestros y detenciones, añadieron.
Como la madera estaba almacenada mezclada con otras especies, los investigadores debieron recurrir al Laboratorio de Tecnología de la Madera de la Universidad Politécnica de Madrid y al laboratorio de la colección de tejidos y ADN del Museo Nacional de Ciencias Naturales, también de esta capital.
Sobre este tema, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sostiene que las actividades ilegales van más allá de una simple explotación forestal de especies protegidas, pues se debe incluir en las mismas toda la cadena de producción, incluyendo la cosecha, el transporte, la industrialización y la comercialización.
Por otro lado, el Consejo de la Organización Internacional de Madera Tropical (ITTO, por su denominación en inglés, Internacional Tropical Timber Agreement), adoptó en 1991 la decisión de poner fin a la tala y comercio de madera ilegal. El objetivo fijado en esa oportunidad fue que para 2000 toda la madera tropical que se comercializara proviniera de fuentes sostenibles.
Soto, además de expresar su alegría por la Operación Palo, señaló que todavía falta mucho por hacer. En 2002 pudimos demostrar que se realizaba el contrabando de caoba en España y hasta la fecha hemos denunciado sin éxito la falta de controles.
Destacó que España importó en 2001 más de 860.000 metros cúbicos de madera en rollo, procedente de talas ilegales, equivalentes a 10 por ciento del total de las importaciones de madera, por un valor de 263 millones de euros (324 millones de dólares), cantidad que debe considerarse robada a las arcas de los países productores.
Investigaciones de Greenpeace llevaron a calcular que la importación de madera ilegal procede de por lo menos 20 países, la mayor parte tropicales y entre ellos Brasil, Camerún y Gabón, pero también de naciones exportadoras que la compran de manera ilegal en regiones vecinas, como lo hacen Suecia, China y Finlandia.
Para esta agrupación no gubernamental, la principal preocupación son las importaciones de madera procedente de países envueltos en conflictos regionales, como Liberia, República Democrática del Congo y Birmania, lo que hace que 0,9 por ciento de la madera ilegal sea madera de la guerra, acotó Soto.
Ante la decisión adoptada por la Unión Europea (UE) el 20 de julio, cuando anunció un paquete de medidas para combatir el comercio ilegal de productos forestales (FLEGT, Aplicación de las leyes forestales, gobernanza y comercio), el dirigente ecologista también tiene reclamos.
La Comisión Europea (el órgano ejecutivo del bloque) debe presentar una legislación que convierta en ilegal las importaciones o venta de madera o productos derivados obtenidos de fuentes ilegales, con acuerdos bilaterales con los países productores y que tome la iniciativa de parar la tala ilegal en los países candidatos a entrar en la Unión Europea.
Porque, concluyó Soto, ante el problema de la tala y comercio de madera ilegal no se puede mirar hacia otro lado.
