Aumenta en Nigeria la controversia por la aprobación en el Senado de un proyecto de ley de regulación de los sindicatos que, según sus líderes, limitaría el derecho de huelga y conspiraría contra la unidad de la central nacional de trabajadores.
El Senado nigeriano aprobó el 9 de este mes la reforma a la ley sindical vigente propuesta por el gobierno de Olusegun Obasanjo. La iniciativa aún debe ser debatida en la Cámara de Representantes.
La Confederación Internacional de Sindicatos Libres (ICFTU), que representa a 233 organizaciones de 152 países, condenó la enmienda y acusó al gobierno de querer acabar con el influyente Congreso Nigeriano del Trabajo (NLC), el mayor sindicato de este país, el más populoso de Africa.
El sindicato es, en cierta medida, la principal fuerza de oposición al gobierno desde la restauración democrática de Nigeria, en 1999.
Meses atrás organizó una serie de protestas en todo el país contra el aumento del precio de los combustibles, que obligaron al Ejecutivo a dar marcha atrás en sus políticas energéticas.
El ministro de Empleo, Trabajo y Producción, Hassan Muhammed Lawal, presentó la semana pasada al Senado un documento en el que explica su posición sobre la reforma y señaló que ésta tiene el objetivo de promover la democratización del trabajo y su fortalecimiento.
El NLC se aventuró a ingresar a la arena política y se convirtió así en un partido político no oficial de oposición en el proceso democrático. Nunca reconoce nada bueno en las decisiones bien intencionadas del gobierno, dijo Lawal.
Las principales preocupaciones del NLC son que la nueva ley impone obstáculos para la creación de una central única de sindicatos y limita el derecho a la huelga.
Ismail Bello, dirigente del NLC, dijo a IPS que la nueva ley también incluye algunas disposiciones que dificultan la recaudación de fondos por parte de los sindicatos.
Cuando tienes tus propios recursos puedes lograr tu independencia como organización. El gobierno quiere debilitar los sindicatos para que no movilicen al pueblo, señaló.
El proyecto inicial del gobierno prohibía las huelgas, pero el Senado limitó este impedimento a los empleados en servicios esenciales.
La ICFTU envió una carta al presidente Obasanjo instándolo a respetar los derechos de los trabajadores y a hacer que la legislación laboral nigeriana esté en línea con los criterios internacionales.
El NLC considera que la reforma es en realidad una estrategia para silenciar a los sindicatos, que obligaron al gobierno a reducir los precios de los combustibles.
Si no fuera por el NLC, le aseguro que los precios estarían muy por encima de lo que están ahora, dijo a IPS el presidente de la oficina en Lagos del sindicato, Micheal Olukoya.
Si los diputados refrendan la reforma, el gobierno podrá aprobar todas las leyes que quiera porque ya no habrá más temor a una oposición. Nos convertiremos en un pueblo conquistado en nuestro propio país. Eso significará que los que murieron por la democracia lo hicieron en vano, sostuvo.
Por su parte, el especialista en trabajo Bunmi Malomo dijo a IPS que la prohibición de los piquetes incluida en la ley es también algo muy negativo para los trabajadores.
Según la reforma, la organización de piquetes, el principal instrumento de los sindicalistas para protestar contra las empresas que apelan a la contratación temporal, podría ser castigada con hasta seis meses de prisión.
La consecuencia de prohibir a los trabajadores que hagan piquetes es que estos perderán sus derechos en manos de los empleadores, que los explotarán, alertó Malomo.
De hecho, parece que sólo los empresarios están a gusto con al enmienda propuesta por el gobierno.
Hasta ahora los sindicatos han afrontado muchos obstáculos para cumplir su anhelo de conformar una federación única de trabajadores.
Eso afecta nuestros derechos. Creemos que se nos debe dar la libertad de asociarnos bajo un único sindicato, dijo a IPS Lumuba Okugbawa, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Petróleo.
El proyecto de ley prospera en la Cámara de Representantes y es muy posible que sea aprobado en los próximos días. Luego debe ser promulgado por el jefe de Estado.
Pero algunos dudan de que el borrador final, con modificaciones de senadores y diputados, satisfaga al gobierno, que había presentado una versión mucho más radical.
Ismail sostiene que si el gobierno en verdad tuviera el deseo de ayudar a los trabajadores estaría dispuesto a revisar otros aspectos de las leyes laborales que tendrían un efecto más inmediato en los empleados.
¿Por qué el gobierno no está interesado en los derechos y en la seguridad de los trabajadores? ¿Por qué no está interesado en la Ley de Fábricas? ¿Por qué no está interesado en la Ley de Empleos?, preguntó.
