Luego de atrapar a muy pocos terroristas y a miles de políticos opositores, periodistas, adolescentes y miembros de minorías, India revocó su abusiva e ineficaz ley patriota, aprobada tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos.
El gabinete del primer ministro Manmohan Singh decidió el viernes reemplazar la Ley de Prevención del Terrorismo (POTA, por sus siglas en inglés) por una nueva legislación.
Es importante destacar la intención del gobierno de proteger los derechos de las personas respecto del mal uso de la POTA, dijo un comunicado del gobierno.
La impopularidad de la ley contribuyó en mayo a la debacle electoral del gobierno de la derechista Alianza Nacional Democrática, conducida por el hinduista Partido Bharatiya Janata (PBJ), y al triunfo de la Alianza Progresista Unificada, encabezada por el Partido del Congreso y con respaldo de los comunistas.
De hecho, el Partido del Congreso y sus aliados hicieron de los abusos de la POTA uno de sus asuntos favoritos en la campaña electoral y prometieron derogarla tan pronto como fuera posible, ignorando advertencias del PBJ y de su ex primer ministro Atal Bihari Vajpayee, los cuales ven en la revocación una invitación a los ataques suicidas y las bombas.
La coalición que gobierna desde mayo se opuso a la ley en el Parlamento, alegando que sería utilizada por el gobierno hinduista para victimizar a los integrantes de la minoría musulmana. Pero en marzo de 2002, cuando el proyecto fue aprobado, el Partido del Congreso no tenía suficientes legisladores para impedirlo.
El ímpetu para imponer la ley creció cuando un escuadrón suicida atacó la sede del Parlamento en diciembre de 2001. El imponente edificio de piedra roja se salvó por una falla en el mecanismo explosivo que impidió la detonación de un coche bomba.
El gobierno de Vajpayee acusó entonces al vecino Pakistán del incidente e inició aparatosos preparativos para una confrontación armada con Islamabad.
La revocación del viernes, sujeta a una formal ratificación presidencial, se llevó a cabo mediante un decreto, pues el PBJ negó al gobierno la posibilidad de un tratamiento parlamentario del asunto, oponiendo maniobras obstructivas en las recién concluidas sesiones de aprobación del presupuesto.
Preocupa al gobierno la forma en que la POTA fue utilizada en los últimos dos años, dijo a la prensa el ministro del Interior, Shivraj Patil, luego de la divulgación del comunicado oficial.
Patil desestimó las advertencias opositoras acerca de que la revocación compromete el combate al terrorismo, asegurando que el gobierno profundizará en breve los alcances de la Ley de (Prevención) de Actividades Ilegales de 1967.
Según Patil, la reforma de esa legislación más vieja incluirá algunos de los mecanismos de la POTA, como la proscripción de organizaciones terroristas y de sus sistemas de apoyo, incluyendo medios de financiación.
De hecho, dijo el ministro, los 32 grupos ilegalizados por la POTA continuarán prohibidos.
Lo más importante del fin de la POTA es que restaura principios centrales del debido proceso. Por ejemplo, la responsabilidad de probar la acusación volverá a ser de los fiscales, y se eliminan las facultades policiales de arrestar, interrogar y mantener detenidos a sospechosos durante 30 días antes de llevarlos ante un juez.
Según la POTA, las confesiones efectuadas ante organismos de seguridad pueden ser usadas como evidencias en un juicio, así como la intercepción secreta de comunicaciones.
El pronóstico de que la POTA sería esgrimida por el gobierno del PBJ en contra de los musulmanes pareció cumplirse en el occidental estado de Gujarat, donde los 287 casos llevados a los tribunales luego de la matanza de musulmanes de 2002 fueron contra esa comunidad minoritaria.
Cincuenta y ocho personas murieron cuando un tren repleto de hindúes fue presuntamente incendiado por un grupo de islámicos cerca de la ciudad de Godhra, en Gujarat. En los disturbios de los días posteriores fueron asesinadas más de 1.000 personas, la mayoría musulmanas.
La grosera interpretación de la POTA en Gujarat fue criticada por la estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la organización internacional Amnistía Internacional, con sede en Londres.
En los últimos dos años, la POTA se esgrimió sobre todo contra los jóvenes y los viejos, los dalits (la casta más desposeída de la estructura hindú), los aborígenes, las mujeres, los opositores políticos y todos los que lucharan por sus derechos socio-económicos, dijo a IPS el abogado y activista Colin Gonsalves.
Gonsalves organizó audiencias de los Tribunales Populares en las que se escucharon los testimonios de víctimas de la POTA, que fueron muy difundidas y a la postre resultaron decisivas para la derogación de la ley.
Ram Jethmalani, quien era ministro federal de Asuntos Legales cuando se aprobó la POTA, se manifestó más tarde profundamente arrepentido. La respaldé solamente porque fue redactada en obediencia a resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, se justificó ante la prensa.
La ley también fue polémica por su uso o abuso, ejercido por varios gobiernos provinciales para actuar contra sus rivales políticos.
Una de esas controversias se desató cuando el líder regional Vaiko, del meridional estado de Tamil Nadu, fue arrestado por más de un año con base en la POTA, por su supuesto respaldo al grupo rebelde Tigres de Tamil, de Sri Lanka.
El partido de Vaiko, Dravida Munnetra Kazhagam, integraba la coalición gobernante y fue uno de los que prestaron sus votos para aprobar la POTA en el parlamento. Pero luego, Vaiko y sus aliados del sur se retiraron del gobierno.
Por ahora, activistas de derechos humanos se alegran de la derogación de la ley, pero mantienen la cautela.
Estamos felices por el fin de la POTA, dijo el director del Centro de Documentación sobre Derechos Humanos de Asia Meridional, Ravi Nair, miembro del organismo regional especializado Forum Asia, con sede en Bangkok.
Pero aún queremos ver lo que pretende el gobierno al reformar algunas de las leyes relativas al terrorismo, dijo Nair a IPS.
