La conmemoración del 31 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile tiene un ingrediente previo y significativo: el ex dictador Augusto Pinochet será interrogado este jueves por la justicia, en un proceso por crímenes del Plan Cóndor.
El magistrado Juan Guzmán emitió este martes la orden judicial para el interrogatorio del general retirado de 88 años, sujeto simultáneamente a otra investigación, a cargo del juez Sergio Muñoz, para establecer el origen de entre cuatro y ocho millones de dólares que mantuvo en cuentas secretas en el estadounidense Banco Riggs.
Guzmán tenía previsto interrogar el lunes al ex dictador (1973-1990), pero la defensa postergó la diligencia intentando recusar al juez por supuesta predisposición contraria a su cliente, para lo cual presentó un recurso, rechazado el mismo día por la Corte Suprema de Justicia.
Con la orden de interrogatorio se pone fin a varios días de incertidumbre en que la maniobra dilatoria intentada por la defensa de Pinochet ha fracasado estrepitosamente, dijo el abogado Eduardo Contreras, uno de los acusadores del ex dictador que comandó el Ejército entre 1973 y 1998.
Guzmán deberá realizar el interrogatorio en algún recinto militar que designe el Ejército o en la residencia de Pinochet, una lujosa mansión en La Dehesa, barrio exclusivo en el sector oriental de Santiago.
El magistrado desechó el pedido de la defensa de exámenes médicos previos para establecer si el acusado padece de demencia senil, y anunció que ordenará esos peritajes con posterioridad a expertos universitarios y no a los médicos del estatal Servicio Médico Legal.
Un controvertido diagnóstico de demencia senil hizo que el 1 de julio de 2002 la Corte Suprema ordenara el cierre sin sentencia del proceso que el propio Guzmán llevaba contra Pinochet por 57 homicidios y 18 secuestros contra opositores, cometidos en octubre de 1973 en una misión militar conocida como la caravana de la muerte.
El abogado Hugo Gutiérrez, otro de los representantes de familiares de víctimas del Plan Cóndor, dijo que el orden de actuaciones de Guzmán es el camino adecuado y correcto, y opinó que existe una desconfianza justificada en la competencia de los expertos del Servicio Médico Legal para intervenir en este caso.
El Plan Cóndor fue el operativo combinado que al menos desde 1975 y hasta avanzada la década de los 80 montaron los aparatos represivos del Cono Sur para perseguir, secuestrar, asesinar y hacer desaparecer a opositores de las dictaduras en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Diversos antecedentes históricos atribuyen el origen del Plan Cóndor a una reunión reservada de jefes de aparatos represivos convocada en 1975 en Santiago por el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, el entonces coronel Manuel Contreras, quien tenía como único superior a Pinochet.
Las primeras acusaciones a Pinochet por su responsabilidad en el Plan Cóndor se presentaron en los años 90 en España y permitieron que el juez de ese país Baltasar Garzón lograra el 16 de octubre de 1998 la detención en Londres del militar, quien permaneció bajo arresto en Gran Bretaña hasta que en marzo de 2000 fue liberado por razones humanitarias.
Baltasar Garzón acogió el lunes una demanda por lavado de dinero contra el abogado chileno Oscar Aitken (albacea de Pinochet), quien en una entrevista publicada el domingo en el diario El Mercurio de Santiago reconoció haber constituido en 1999 una sociedad en las Islas Vírgenes para burlar el embargo sobre los bienes de Pinochet que el juez español había dispuesto el 19 de octubre de 1998.
Aitken, a quien Pinochet nombró en 2002 su ejecutor testamentario, sostuvo en la entrevista que el ex dictador gestó su fortuna en inversiones bursátiles que hizo en su nombre desde 1990 el Banco Riggs.
El 21 de septiembre de 1973, 10 días después de derrocar violentamente al presidente constitucional Salvador Allende, Pinochet sostuvo en una declaración jurada que tenía un patrimonio de casi 118.000 dólares. El 17 de octubre de 1989, también en una declaración jurada, fijó sus bienes en 458.000 dólares.
Las operaciones que por cuenta de Pinochet hizo Joseph Albritton, dueño del Banco Riggs, llevaron en unos 10 años ese patrimonio a unos cuatro u ocho millones de dólares, según Aitken, para quien el militar podría justificar incluso una fortuna de 15 millones de dólares.
El albacea del ex dictador fue más lejos. Sin merecer un juicio de reproche, Pinochet podría haber tomado para sí el uno por ciento de los gastos reservados de que dispuso en sus casi 17 años de gobierno, estimado en total en 500 millones de dólares.
Las declaraciones de Aitken despertaron indignación y comentarios irónicos. El diario derechista La Segunda escribió en un artículo editorial que la alusión a los gastos reservados es la peor excusa, en tanto el diputado socialista Camilo Escalona sostuvo que debía darse a Pinochet el premio Nobel de Economía por su capacidad para hacer crecer su dinero.
El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, advirtió que no existen los promedios de rentabilidad anual de 30 por ciento que justificarían la multiplicación de la fortuna de Pinochet de 500.000 a ocho millones de dólares.
Si alguien le ofrece esa rentabilidad, denúncielo, porque es un estafador, señaló.
El diario La Tercera reveló este martes que el ex dictador abrió semanas atrás una cuenta en el Banco de Chile, una de las principales casas privadas de este país, para trasladar depósitos en Estados Unidos por unos seis millones de dólares.
Según el diario, el juez Muñoz tomó el control de esa cuenta a instancias de la defensa del ex dictador, que entregó también un escrito al magistrado sobre el origen del dinero a partir de inversiones y donaciones de sus seguidores mientras estuvo bajo arresto en Londres, desde octubre de 1998 a marzo de 2000.
Las declaraciones de Aitken respecto de que Pinochet dictó su testamento en 2002, dieron de paso nuevos argumentos a los acusadores en el proceso por el Plan Cóndor, para desmontar la tesis de la demencia senil con que la defensa del ex dictador intenta sustraerlo nuevamente de la acción de la justicia.
El abogado Contreras recordó que la ley exige que una persona esté en su pleno juicio para testar y pidió a Guzmán que interrogue al notario que recibió el testamento, así como la instrucción en la que Pinochet nombró a Aitken ejecutor del mismo. (
