Casi seis meses después de la intervención federal en la norteña provincia argentina de Santiago del Estero para detener el grave deterioro institucional del distrito, habitantes de un municipio amenazan con un levantamiento popular para terminar con resabios del antiguo régimen.
La intervención despertó al pueblo, dijo a IPS la monja católica Adriana Gómez, de la Comunidad Religiosa Hijas de María Auxiliadora del municipio de Atamisqui, a 130 kilómetros de la capital provincial.
Sabemos de más de 10 municipios (de un total de 27 en esta provincia de 720.000 habitantes) que quieren levantarse, aseguró Gómez.
La sede de la alcaldía de Atamisqui se mantiene ocupada por los vecinos desde hace 24 días, en una resistencia pacífica a la reasunción del alcalde Roberto Brandán, procesado por numerosos delitos, pero sobreseído por tribunales que adolecen (según el Ministerio de Justicia de la Nación) de una ausencia completa de independencia.
Brandán acumuló más de 200 denuncias en su contra. Entro otros delitos, se lo acusó de defraudación agravada, secuestro de una menor, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En 2003, los habitantes de Atamisqui, con apoyo del defensor del Pueblo, lograron que la justicia lo procesara.
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Pero luego de ocho meses de investigación, Brandán fue liberado por falta de mérito. Cuando intentó regresar a su cargo a inicios de este mes, fue impedido por vecinos movilizados que ocuparon la sede comunal.
La población (3.000 en la ciudad de Atamisqui y 10.000 en todo el departamento del mismo nombre) tampoco confía en el legislativo local, el Concejo Deliberante, controlado por seguidores del alcalde, y reclaman la intervención de autoridades federales.
Brandán (del gobernante Partido Justicialista y seguidor del hombre fuerte de Santiago, Carlos Juárez), ejerce un gran control en la comunidad, pues maneja la cooperativa municipal de agua potable, un servicio que se da y se quita arbitrariamente, según los vecinos.
Ante la falta de agua, muchos comenzaron a extraerla de pozos, y en las últimas semanas apareció un brote de hepatitis, relató Gómez.
Para sostener la ocupación, los vecinos organizan turnos día y noche. Mientras Brandan goza de una licencia de 60 días otorgada por el Concejo Deliberante, un alcalde interino nombrado por ese cuerpo no pudo asumir sus funciones. Es una situación insólita, pues éste gobierna desde su casa con un teléfono celular, dijo la religiosa.
Los habitantes de Atamisqui reclaman que la intervención federal dispuesta para el gobierno provincial se extienda al municipio. Pero los interventores prefieren evitar de momento ese paso.
El subsecretario de Gobierno provincial Lorenzino Mata nos reconoció que está todo tan viciado y tan pervertido que si hubiese sido por el gobierno nacional hubieran intervenido todos los municipios en abril, apenas comenzó la gestión de los interventores, dijo Gómez.
Fuentes del ministerio de Gobierno dijeron a IPS que la intervención del municipio está en etapa de análisis. Las autoridades reconocen que la población tiene una preocupación valedera, pero estamos dialogando con todas las partes, no queremos tomar una medida incorrecta, afirmó.
La continuidad de los gobiernos locales no es por miedo sino por tratar de buscar consensos, visto que los municipios son la única instancia de autoridad que quedó sin intervenir, agregó la fuente.
La crisis santiagueña se hizo insoportable el año pasado, cuando dos mujeres fueron asesinadas y las principales sospechas recayeron en allegados a la entonces gobernadora Nina Aragonés, esposa del caudillo Juárez, de 88 años, quien ha controlado la provincia con mano dura por más de 50 años.
Un informe elevado al gobierno nacional por una misión del Ministerio de Justicia constató que en Santiago no existía la división de poderes, que el Poder Legislativo provincial y la justicia estaban subordinados al Poder Ejecutivo y que había una ausencia completa de independencia e imparcialidad judicial.
En su visita a Santiago, los funcionarios nacionales reunieron graves denuncias de torturas, desapariciones y asesinatos, corrupción y censura. Así, a inicios de abril el Congreso legislativo nacional aceptó la propuesta del presidente Néstor Kirchner y ordenó la intervención federal por 180 días prorrogables mediante decreto.
El interventor designado fue el entonces viceministro de Justicia Pablo Lanusse. Casi simultáneamente, Juárez y Aragonés fueron arrestados. Aunque enfrentan diversos procesos judiciales, lograron excarcelación en varias causas y persiste el clima de incertidumbre por el control que el matrimonio ejerció durante décadas en la designación de jueces.
La semana pasada, Juárez fue excarcelado en un proceso por desapariciones de personas en los años 70, cuando era gobernador. Pero el miércoles, el matrimonio quedó nuevamente detenido en el marco de otro proceso por privación ilegítima de libertad.
En los meses que dura la intervención, Lanusse y sus ministros revelaron graves irregularidades en todos los ámbitos de gobierno. Se supo, por ejemplo, que una alta proporción de niños no estaban vacunados contra la poliomielitis por negligencia de las autoridades.
El ministro interventor de Salud debió prohibir expresamente prácticas habituales en los hospitales públicos, como colocar a dos recién nacidos en una incubadora o a dos parturientas en una misma cama. Desde ahora, si no hay camas disponibles, los pacientes deben ser derivados a clínicas privadas bajo responsabilidad del Estado.
Esta semana, la gestión interventora sufrió un importante revés, cuando la Corte Suprema de Justicia suspendió la convocatoria a elecciones para convencionales constituyentes, dispuesta por Lanusse para reformar una Constitución provincial amañada.
Esa carta magna permite, por ejemplo, que un partido con 38 por ciento de los sufragios obtenga 70 por ciento de las bancas del Congreso.
El máximo tribunal del país hizo lugar a una medida cautelar, mientras resuelve si el interventor tiene facultades para impulsar una reforma constitucional. Las elecciones para elegir nuevo gobernador serán en marzo de 2005.
Para entonces, la intervención, prorrogada por otros seis meses, deberá haber restaurado la vigencia de las instituciones.
Pese al fallo desfavorable, una manifestación de apoyo a Lanusse reunió el miércoles a unas 15.000 personas, según cálculos conservadores del diario santiagueño El Liberal.
Campesinos beneficiados por la suspensión de la tala de bosques dispuesta por Lanusse, organizaciones de derechos humanos, líderes de la Iglesia Católica, productores rurales y maestros salieron a la calle para reclamar elecciones y reforma constitucional.
Queremos la reforma porque queremos un Santiago limpio, no queremos más ser manejados por políticos, dijo el líder campesino Rubén Sosa. Los dirigentes cuerdos van a tener que escuchar a la gente, dijo en el acto el obispo de Santiago, Juan Carlos Maccarone.
La Iglesia Católica santiagueña tiene un importante compromiso con causas sociales. En 1998, el antecesor de Maccarone, Gerardo Sueldo, murió en un accidente automovilístico que para sus deudos fue provocado por sicarios de Juárez.
Santiago del Estero ya había sido intervenido en 1993, luego de que miles de personas saquearon y quemaron la sede del gobierno y algunas propiedades del matrimonio Juárez-Aragonés. Pero dos años después, el caudillo volvió a imponerse en elecciones dudosas.
Gómez explicó que la población fue históricamente manipulada a través de dádivas como bolsas de alimentos, planes sociales o de vivienda. La misma política seguían los alcaldes juaristas como el de Atamisqui.
Desde que llegó la intervención, la gente en Santiago perdió el miedo. Todavía hay temores de participar, pero el obispo Maccarone, en la misma línea del obispo Sueldo, nos anima a los religiosos a apoyar estas asambleas de vecinos para ayudar a crear conciencia de participación ciudadana, dijo Gómez.
